El Canal de Isabel II pide 11 años de cárcel para su expresidente Ignacio González por quedarse una mordida de 1,8 millones

La empresa pública de aguas madrileña Canal de Isabel II y su filial Extensia, que ejercen la acusación particular en el caso Lezo, reclaman hasta 11 años de cárcel para cinco de sus exdirectivos –entre ellos, el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González– por delitos de fraude a la administración pública y malversación de caudales públicos agravado en relación a la compra presuntamente fraudulenta de la sociedad brasileña Emissao, según el escrito de acusación al que ha tenido acceso eldiario.es. Los investigadores calculan que esta operación, que tuvo lugar en noviembre de 2013, generó un perjuicio de entre 6,4 y 9,6 millones de euros para las arcas públicas.

El instructor de la causa, Manuel García Castellón, concluye que la compra de Emissao se hizo a un “sobreprecio indebido” para que los investigados pudieran repartirse comisiones ilegales. La empresa pública de aguas pagó por el 75% de la mercantil brasileña 31 millones de dólares, cuando costaba entre 17,9 y 22,2 millones de dólares, según ha revelado la investigación. Esa cantidad incluiría los 5,4 millones de dólares que se iban a repartir en “ilícitas comisiones” parte de los investigados. García Castellón procesó en noviembre a siete acusados en esa causa.

Entre ellos, Ignacio González, al que el Canal otorga un papel “permanente” de “supervisión y vigilancia” de todo el proceso de compra y que se habría llevado 1,8 millones de dólares. La acusación particular solicita 11 años de cárcel y treinta de inhabilitación a González por los delitos de fraude a la administración pública y malversación de caudales públicos agravado. El número dos de Esperanza Aguirre fue presidente del Canal de Isabel II entre 2003 y 2012, cuando se ideó la operación. Ese último año se convirtió en presidente de la Comunidad de Madrid, cargo que ejerció hasta 2015.

Además del expresidente, en la causa están implicados otros tres ex altos cargos del Canal para los que la acusación reclama 11 años de prisión y treinta de inhabilitación por los mismos delitos: Edmundo Rodríguez Sobrino, expresidente de la filial colombiana Inassa y considerado el hombre fuerte de González en América Latina; Diego Fernando García Arias, ex director gerente del área de negocias de Inassa; y Ramón Navarro Pereira, exgerente de la filial Triple A. Cada uno de ellos habría cobrado una mordida de 900.000 euros. Según el juez, González fijaba supuestamente las cuantías de las comisiones siendo la suya el doble que la de los demás.

Pagos a cuentas de Brasil y Suiza

La quinta ex alto cargo es María Fernanda Richmond, directora financiera del Canal en el momento de los hechos. No participó en el reparto de comisiones pero sí facilitó la “tramitación y culminación” de la operación pese a conocer su “sobreprecio injustificado”, según el juez. Para ella, la acusación solicita ocho años de cárcel y 22 de inhabilitación por delitos de fraude a la administración pública y malversación de caudales públicos agravado.

En la operación también están implicados Luis Vicente Moro, exdelegado del Gobierno en Ceuta y vinculado al grupo empresarial Essentium. Moro habría propuesto a González que el Canal comprara Emissao “pagando por ella un sobreprecio indebido con cargo al cual pudieran repartirse comisiones ilegales”. El último procesado es Sebastião Cristovam, propietario de la empresa brasileña, y quien, según la ;investigación “se avino a incrementar el precio de la venta con el solo fin de facilitar el reparto de los fondos públicos”. Para ellos, la representación del Canal también pide 11 años de cárcel.

Según la acusación, la proposición de Moro fue aceptada por González, quien encomendó la gestión a su “amigo” Rodríguez Sobrino. Eso sí, con el encargo de que garantizara el cobro de comisiones para los tres, así como para las personas que necesitaran incluir en el plan para poder consumarlo. Estas personas habrían sido los citados ex altos cargos de filiales de la empresa pública García Arias y Navarro Pereira. Para llevar a cabo la venta utilizaron una empresa interpuesta de Uruguay –Soluciones Andinas del Agua, SA– y los pagos se giraron a cuentas radicadas en Brasil y Suiza.