El procés pone al descubierto injerencias del Gobierno en las decisiones de los tribunales
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, pronostica en un programa de televisión que los dirigentes independentistas investigados por su papel en la proclamación de la República serán inhabilitados mucho antes de que exista una condena en el Supremo.
Varios miembros del Gobierno, empezando por el propio presidente, Mariano Rajoy telefonearon, según publicó El País, a jueces del Tribunal Constitucional justo antes de su deliberación sobre el recurso que el Gobierno había presentado -obviando el dictamen contrario del Consejo de Estado- para advertirles de la grave situación en que quedaría el Estado si la Cámara catalana acaba invistiendo a Carles Puigdemont.
Toda una vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, atribuye a su partido en un mitin político el descabezamiento de Esquerra Republicana de Catalunya y el PDeCAT, cuyos líderes o están encarcelados, como Oriol Junqueras, o huidos de la Justicia, caso de Carles Puigdemont en Bruselas.
El ruido del procés, las graves consecuencias que ha tenido para Catalunya, con la destitución de su Gobierno, la repetición electoral y sus principales dirigentes en prisión o exiliados en Bélgica, y la convulsa situación política en España, han normalizado algunas graves injerencias del Gobierno sobre el estamento Judicial que han puesto en entredicho la misma separación de poderes.
Esos tres graves episodios se han sucedido en solo unas semanas sin que hayan desencadenado ninguna tormenta política, más allá de las quejas de los partidos independentistas y de críticas aisladas de diputados de distintos formaciones. La crisis catalana ha sumido la política española en un contexto de excepcionalidad que parece justificarlo todo, incluso las llamadas de miembros de un Gobierno para interesarse por su recurso a jueces del Tribunal Constitucional.
La información de El País del pasado sábado, citaba a “fuentes del Ejecutivo” que confirmaban esos contactos con miembros del Constitucional: “No hubo presiones porque ningún miembro del Tribunal Constitucional lo permitiría, pero sí trasladaron el dramático cuadro en el que quedarían enmarcadas las instituciones democráticas con Puigdemont investido y obligadas a actuar después [...] Se apeló a razones de Estado”.
Un par de días después de que Moncloa intentase desmentir esa información que El País no ha rectificado sobre los contactos con el Tribunal Constitucional, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, acudió a Espejo Público, el magazine de Susana Grisso en Antena 3 para adelantar los siguientes pasos que dará el Tribunal Supremo en relación con los dirigentes independentistas imputados por rebelión. Según el pronóstico de Catalá, los políticos que apoyaron el proceso secesionista y están siendo investigados por el Supremo, podrán ser inhabilitados en primavera, mucho antes de que se dicte sentencia, que también según sus cálculos, llegará en otoño o a final de año.
La frase completa de Catalá sonaba así:“Hay una interpretación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que dice que cuando hay un procesamiento por un serie de delitos graves o de personas rebeldes, antes de esperar a la sentencia hay una inhabilitación. Por lo tanto, más allá de lo que dicte la sentencia final, puede haber una inhabilitación desde muy pronto”.
Esta vez las palabras de Catalá pusieron de acuerdo en sus críticas a Ciudadanos y al PDeCAT, que salieron a pedir prudencia al ministro de Justicia.
“Esas decisiones corresponden exclusivamente a los tribunales y no es bueno que los representantes políticos debatan sobre decisiones futuras que sólo corresponden a los jueces”, respondió el portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Justicia del Congreso, Nacho Prendes. La portavoz del PDeCAT en la misma comisión, Lourdes Ciuró, acusó al ministro de erigirse en juez y parte dentro del mismo procedimiento.
Los conflictos sobre la colisión de poderes no son nuevos. Han acompañado al procés desde que este entró en su recta final hace unos meses. El anterior fiscal general del Estado, el fallecido José Manuel Maza, se dedicó durante varias semanas a adelantar los delitos que el Ministerio Público pretendía imputar a los líderes independentistas antes incluso de que se celebrase el referéndum del 1 de octubre, suspendido por el Tribunal Constitucional. Sus presagios sobre las acusaciones de sedición y rebelión acabaron cumpliéndose. Tampoco aquello levantó gran polvareda política en un país conmocionado por el procés.
Mientras tanto, el malestar crece entre algunos jueces del Constitucional, que han visto cómo el Tribunal estuvo a punto de partirse por la mitad después de que se pusiese en sus manos la resolución de un problema político y ahora ven cómo miembros del Gobierno se felicitan por haber impedido la designación de Puigdemont como presidente de Catalunya en el exilio.
