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Preguntas, comparecencias y comisiones de investigación: los vetos de PSOE, PP y Ciudadanos al control de la monarquía

La presidenta del Congreso, Ana Pastor, en una sesión extraordinaria del Congreso en junio de 2017

Aitor Riveiro

“La Corona no se toca”. La frase pronunciada en sede parlamentaria por la diputada del PP Beatriz Escudero el pasado mes de septiembre es una realidad que ha tenido este martes su, por ahora, último episodio. La Mesa del Congreso ha vetado la admisión a trámite de una petición de comisión de investigación sobre las finanzas del ciudadano Juan Carlos de Borbón. Los diputados no podrán siquiera discutir si deben o no fiscalizar al exrey desde que abandonara la Jefatura del Estado.

El propio PP, el PSOE y Ciudadanos han vuelto a frustrar este martes el cuarto intento de Unidos Podemos-En Comú-En Marea en dos años de llevar a Pleno la creación de una comisión de investigación sobre las posibles irregularidades en las que habría participado Juan Carlos de Borbón.

La Mesa del Congreso ha insistido en el que se ha convertido ya en el mantra de lo que desde Podemos califican de “bloque monárquico”. Sin entrar a valorar el fondo de las iniciativas que plantea Unidos Podemos, PSOE, PP y Ciudadanos no se mueven de una idea: “La Corona está protegida constitucionalmente”.

En este último caso, el grupo confederal había acotado al mínimo sus pretensiones indagatorias y habían limitado el ámbito de la posible indagación parlamentaria a los negocios del exrey tras su abdicación. La intención era esquivar la “inviolabilidad” que reconoce la Constitución Española al jefe del Estado. Tras renunciar al trono, Juan Carlos de Borbón está aforado al Tribunal Supremo, pero supuestamente ya no goza de la inmunidad constitucional previa.

La Mesa del Congreso, con la oposición de Unidos Podemos, ha entendido no obstante que la inviolabilidad real aplica incluso aunque Juan Carlos de Borbón ya no sea rey.

Con la de este martes, son cuatro las veces que el máximo órgano de Gobierno de la Cámara Baja impide una investigación parlamentaria sobre la Monarquía en esta legislatura.

“Si el anterior jefe del Estado ha cometido delitos graves, ¿cuál es el problema de que el Parlamento investigue?”, se ha preguntado el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, antes del inicio del Pleno del Congreso. “No entendemos la posición del PSOE. Que el PP y Ciudadanos defiendan la corrupción es lo habitual”, ha zanjado.

Decenas de preguntas vetadas o sin contestar

La de este martes es la enésima iniciativa sobre la Monarquía que la Mesa veta al grupo confederal. Desde que en enero de 2017 el diputado de IU Ricardo Sixto preguntara por el posible uso de “fondos reservados para comprar el silencio y la discreción de una conocida actriz que mantenía una relación con el rey don Juan Carlos”, el bloqueo ha sido la norma.

Así, los Gobiernos de Mariano Rajoy, primero, y de Pedro Sánchez, después, han evitado responder “cómo se administran y reparten los recursos que el Estado pone a disposición de la Casa del Rey”, cuál es la opinión del Ejecutivo sobre que la institución que dirige Felipe VI no esté fiscalizada por el Tribunal de Cuentas o si hay intención de “exigir a la Corona que detallara el patrimonio y las rentas de sus integrantes”.

También han sido vetadas cuestiones referidas a informaciones periodísticas que apuntaban a la existencia de cuentas secretas del exrey en Suiza.

En total, según los datos del propio grupo confederal, la Mesa ha vetado la tramitación de más de 20 preguntas parlamentarias sobre la Monarquía. Otras, que sí pasaron el corte, todavía no han sido contestadas. Por ejemplo, los motivos que explican que el CIS dejara en 2015 de realizar encuestas sobre la Monarquía o si el Ejecutivo se plantea convocar un referéndum para que la ciudadanía pueda pronunciarse sobre qué modelo de Jefatura de Estado prefiere.

Comparecencias imposibles (o secretas)

Unidos Podemos también lo ha intentado por otras vías. Con el mismo éxito. Este mes de septiembre, eldiario.es publicaba en exclusiva que el embajador español en Arabia Saudí en 2007 acompañó a la empresaria alemana Corinna zu Sayn-Wittgenstein a una reunión en la que la examante de Juan Carlos de Borbón se presentó ante el príncipe y multimillonario Al-Waleed bin Talal como “representante” del entonces jefe del Estado.

El grupo confederal pidió la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, para que explicara la presencia oficial del embajador español en la reunión. La Mesa bloqueó la iniciativa.

La comparecencia que sí se produjo fue la del director del Centro Nacional de Inteligencia. El coronel Félix Sanz Roldán asistió a la Comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados, la antigua comisión de secretos oficiales. 

Las deliberaciones de dicha comisión son secretas y los portavoces parlamentarios que las escuchan cometen un delito si las revelan, por lo que las posibles explicaciones de Sanz Roldán al respecto de las revelaciones de Corinna que afectaban al CNI no las conocen los ciudadanos.

El oscurantismo sobre la Casa Real no es nuevo. Tal y como publicaba este mismo mes de septiembre eldiario.es, en la última década se han vetado un centenar de preguntas al Ejecutivo.

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