Los arcángeles de la Abogacía del Estado, ahora convertidos en demonios por la derecha

Las constantes referencias del PP y Ciudadanos al golpe de Estado en Catalunya demuestran que ambos partidos no han asimilado aún la sentencia del Tribunal Supremo que condenó por sedición, y no por rebelión, a los responsables políticos del procés. Algunos ni la habrán leído. Lo mismo se puede decir de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que afecta a los derechos de Oriol Junqueras como europarlamentario electo.

A diferencia de Vox, cuyo mensaje antieuropeo recuerda a la reacción de la España franquista contra las protestas de gobiernos europeos por los fusilamientos de 1975, el PP y Cs no han ido tan lejos, pero sí han dado a entender que el destino de esa sentencia es la papelera: ya hay sentencia firme (del Tribunal Supremo español) y se acabó la historia, “lo diga el Tribunal de Luxemburgo o no”, como dijo el editorial de ABC del lunes. En unas horas, se comprobó lo equivocado que estaba.

En los días anteriores, la derecha había denunciado las “intolerables presiones” del Gobierno a la Abogacía del Estado a la que presentaba como un organismo totalmente independiente del Gobierno, contra lo que dice la ley. Todas esas declaraciones hicieron que la Asociación de Abogados del Estado difundiera un comunicado “ante las recientes informaciones publicadas” que “rechaza cualquier intento de injerencia o presión y especialmente de amenaza”. ABC lo llamó “insólito comunicado”. No tanto, teniendo en cuenta que todo el mundo tenía algo que opinar al respecto antes de leer lo que la Abogacía iba a decir.

Todos daban por hecho que ese informe era clave en las negociaciones entre el PSOE y ERC para la investidura de Pedro Sánchez. A efectos de jerarquía, no hay que olvidar que quien tomará la decisión sobre Junqueras será el Tribunal Supremo.

El informe que todos esperaban

Al final, el lunes se conoció el informe no vinculante de la Abogacía del Estado enviado al Supremo, un análisis jurídico sobre un asunto complejo que da pistas a los magistrados sobre lo que pueden y lo que no pueden hacer en función de la sentencia que vino de Luxemburgo. Y lo primero, lo que debería ser menos sorprendente, es que la sentencia del TJUE debe cumplirse: “Ante tal eventualidad (en caso de conflicto con las leyes o normas españolas), debemos recordar el principio de primacía del derecho europeo, en orden a la aplicación de la sentencia del TJUE y de los pronunciamientos de derecho europeo que en ella se contienen”.

[Flashback: en 2013 otro tribunal europeo, no de la UE, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, dictaminó en Estrasburgo el fin de la llamada doctrina Parot, utilizada en España para aumentar de forma retroactiva la estancia en prisión de presos etarras. El Gobierno de Rajoy y los tribunales españoles aplicaron de inmediato la sentencia.]

El informe de Abogacía de Estado emplea argumentos jurídicos para dejar tranquilo a todo el mundo hasta cierto punto. La sentencia del Tribunal Supremo conocida en octubre es impecable y no se toca, contra lo que pide ERC. Junqueras debe poder tomar posesión de su escaño en Bruselas y ejercer como parlamentario –contra lo que pide la Fiscalía– bajo ciertas condiciones de vigilancia que dicte el Supremo. Es decir, no es obligado dejarlo en libertad, como pide ERC. Además, el Supremo deberá pedir cuanto antes al Parlamento Europeo que levante la inmunidad de Junqueras –algo que no quiere ERC por razones obvias– para que deje de ser parlamentario por tener que cumplir su pena de prisión en España.

Una de las razones por las que todo esto es posible, como recuerda el informe, es porque la Sala de lo Penal del Supremo dejó en suspenso la ejecución de la pena de inhabilitación hasta la resolución del recurso de súplica presentado por la defensa.

El informe reconoce los derechos de Junqueras como europarlamentario, ya que lo impone el TJUE, pero no le concede un triunfo total. Esa es la parte de la realidad que no le interesa a Pablo Casado, así que prefirió obviarla. “Hay que investigar y conocer toda la verdad sobre por qué la Abogacía del Estado ha resuelto a favor de las tesis de ERC”, dijo el líder del PP el lunes.

Hubo reacciones en el PP incluso más desconectadas de la realidad jurídica del caso. “La Abogacía del Estado acaba de abrir la trampilla trasera para indultar a los condenados del procés por debajo de la mesa”, escribió el eurodiputado Esteban González Pons. “Los abogados del Estado contra el Estado”, dijo también. Al menos, no pidió que los condenen por rebelión.

Ni en la sentencia del TJUE ni en el informe de Abogacía se habla de indultos.

El partido de Casado no da crédito al hecho de que ese organismo del Estado que ha sido una auténtica cantera de altos cargos en los gobiernos del PP y de las grandes corporaciones privadas no haya dictado un informe que le sirva para sus intereses políticos. Antes se había escandalizado por el hecho de que la Abogacía del Estado pidiera pena de sedición, no de rebelión, para los acusados del procés tras la llegada de Sánchez a Moncloa. La sentencia del Tribunal Supremo coincidió con la Abogacía en ese punto, pero nadie escuchó a un dirigente del PP o Cs reconociéndolo.

Los medios de la derecha exigen que la Abogacía del Estado sea independiente cuando gobierna el PSOE. Cuando gobierna el PP, siempre se les olvida comentarlo.

La Abogacía del Estado forma parte del Ministerio de Justicia y su jefe –ahora jefa– es nombrado por el Consejo de Ministros. Defiende los intereses del Estado, y ya sabemos que en España el poder ejecutivo tiene mucho más poder que el legislativo o el judicial para definir qué es lo que el Estado debe hacer.

Los gobiernos no deben usarlos como abogados personales de sus intereses, pero sí pueden asignarles funciones y criterios de actuación. En el blog Hay Derecho, explicaron esa delimitación de funciones refiriéndose al juicio del procés:

“Pero, claro está, alguien tiene que decidir cuales son los intereses de la Administración General del Estado y cómo se defienden mejor en un procedimiento determinado, y en principio ese papel le corresponde al Gobierno, que es el encargado de dirigir la Administración General del Estado (...). Y, por tanto, está dentro de lo perfectamente razonable que un cambio de Gobierno suponga un cambio de estrategia procesal, nos guste o no. El Abogado del Estado puede y debe asesorar en Derecho a su cliente con total neutralidad y profesionalidad, y así lo hace, pero no le corresponde la valoración de lo que podemos denominar criterios de oportunidad (política o de otro tipo) ni es el dueño de la acción procesal”.

Cuando el PP estaba en el poder, todo esto se asumía con naturalidad, sobre todo si era una abogada del Estado como Soraya Sáenz de Santamaría la que movía los hilos. Pero si son los otros los que gobiernan, esos arcángeles del Derecho se convierten en demonios satánicos o en princesas secuestradas por los malvados izquierdistas. Enemigos del Estado, como decía González Pons. Ya se sabe que el Estado pertenece a quien pertenece.