Quitemos los móviles a los enfermos para que un día despierten en el Xanadú de las pandemias

“Una sanidad pública realmente orientada al paciente solo es posible cuando éste tiene la libertad de elegir el centro sanitario y el profesional por el que quiere ser atendido”, dice un argumentario del PP de Madrid que aparece en su página web. Dejando a un lado el hecho de que la aplicación de ese modelo ha beneficiado a la sanidad privada en detrimento de la pública, la pandemia ha permitido descubrir que ese derecho vendido como irrenunciable no lo es tanto si la prioridad es salvar al hospital Isabel Zendal, ese centro sanitario de Madrid perfectamente idóneo para accidentes de aviones, como explicó Isabel Díaz Ayuso. Parafraseando lo que el androide Ash comunicó a la tripulación de la nave 'Nostromo', todas las demás consideraciones son secundarias y los enfermos, prescindibles.

Así al menos lo entendió la gerente del hospital de Alcalá de Henares, Dolores Rubio, indignada porque muchos pacientes no querían ser trasladados al Zendal. El hospital ha salido muy caro y hay que rellenarlo como sea. Son las instrucciones que han recibido los gerentes de otros centros, y Rubio, que forma parte de la Comisión Nacional de Sanidad del PP, sabe cómo cumplir las órdenes. ¿Los pacientes consultan a sus familiares por teléfono si les conviene ser trasladados? Eso no se puede permitir. Es más fácil si a los enfermos, como a los presos, se les restringen las comunicaciones.

“Pues se prohíben los teléfonos, se deja de llamar a la familia. ¿Por qué tiene que llamar a la familia y por qué tiene que tener un móvil?”, se escucha decir a Rubio en la grabación de una reunión del equipo directivo conseguida por la Cadena SER. Le explican que deben informar al paciente del traslado. Parece que no es posible legalmente sedarlos, atarlos a una camilla y enviarlos en una ambulancia para que cuando quieran darse cuenta estén ya internados en el palacio de los hospitales, el Xanadú de las pandemias.

Rubio lo acepta, aunque se detecta un cierto tono de exasperación en su voz. Quizá no sea la primera vez que tiene esta conversación. Lleva preparada la respuesta. La ley madrileña no dice cuándo hay que informarles. “Sí, claro, se comunicará, pero cuando ya está para hacer el traslado, como bien has dicho tú. Hay que informar, pero cuando ya esté saliendo del hospital”, explica sabiendo que ha encontrado la solución perfecta.

Oiga, ¿dónde me llevan?, dirá el paciente cuando le estén trasladando por los pasillos cada vez más cerca de la puerta de salida. No se preocupe. Le van a encantar la comida y las vistas. Firme en la línea de puntos. Aquí tiene su móvil que creía que había perdido y que le habíamos confiscado. La gerente Rubio le agradece los servicios prestados.

En el pleno de la Asamblea de Madrid del jueves, la oposición preguntó a Díaz Ayuso por las intenciones de la gerente de Alcalá. Ella no iba a caer en la trampa de responder a una pregunta de esos diputados de aviesas intenciones. Quien sí lo hizo después del pleno fue el vicepresidente, Ignacio Aguado, que reclamó el cese de Rubio: “Me pongo en la piel de las personas que no pueden tener a sus familias acompañándoles en el hospital y es inadmisible que la gerente muestre esa actitud”.

La Consejería de Sanidad dijo más tarde que no destituirá a la gerente. A fin de cuentas, está haciendo lo que le han pedido, aunque con una energía poco considerada con la situación vulnerable de una persona enferma.

Díaz Ayuso estaba más interesada en los presuntos sabotajes cometidos en el hospital Zendal que han sido denunciados por sus responsables y puestos en conocimiento de la policía. Se ha dicho que entre los daños causados hay cables desenchufados, sistemas de ventilación desconectados o tuberías atrancadas. Si fuera cierto, sería un comportamiento deplorable e inaudito en un centro sanitario. No se han presentado pruebas ni ofrecido fotografías de esos daños, pero la presidenta madrileña ya ha concluido su investigación personal.

En su primera intervención en la sesión de control, se limitó a mencionar los “sabotajes”. Luego, se fue calentando. Fue en la tercera cuando anunció su veredicto, quizá porque el portavoz de Más Madrid, Pablo Perpinyà, predijo futuras visitas a los juzgados (“El M. Rajoy de hoy es probablemente la I. Ayuso de mañana”).

Ayuso decidió identificar a los culpables: “Lo que están haciendo algunos de sus allegados es robar y boicotear el hospital”, dijo apuntando a Más Madrid. Si tuviera pruebas de eso, ya estaría la denuncia presentada en un juzgado de guardia con un montón de fotógrafos en la puerta. No está claro a qué se refería con “allegados”. Luego insistió: “Sus sindicatos afines afiliados a su partido lo destrozan todo en el hospital, en los medios de comunicación públicos que lo sacan todo y que no dejan trabajar a sus periodistas”.

Esa frase confusa quizá se refiera a que alega que primero se ocasionan los daños y luego se denuncian en los medios. Algunas frases de Ayuso no resultan muy claras, y eso que las lleva apuntadas en unas cuartillas.

El Gobierno madrileño ha hecho bandera de que no está dispuesto a tomar las medidas estrictas habituales en otras CCAA, incluidas algunas gobernadas por el PP. Madrid lleva bastante tiempo en la sexta posición de las regiones con más contagios con un número de casos por 100.000 habitantes de entre 900 y mil. Gracias al descenso generalizado en toda España que se está produciendo de forma lenta, el dato de Madrid del jueves bajó a 888. Por encima de 250, se considera que la situación es muy grave.

El confinamiento por zonas básicas de salud es la herramienta de la que presume ese Gobierno. En la práctica, pocos creen que nadie salga de ellas, excepto para ir a trabajar o a llevar a los niños al colegio. Quizá por eso su eficacia sea discutible. De las 71 zonas en que se ha restringido el movimiento, sólo en una se ha reducido la incidencia con respecto al momento en que se tomó la medida. La versión oficial de la Consejería de Sanidad es que los cierres están funcionando.

Ayuso sigue empeñada en que todo va bien, al menos lo suficiente como para que no sea necesario llegar tan lejos como Galicia (730 el jueves) o Catalunya (477). Núñez Feijóo ya dijo que no sería “responsable” adoptar en Galicia las decisiones que ha tomado Madrid, lo que provocó otra perturbación en la sede nacional del PP. Ayuso pidió que otros gobiernos autonómicos no critiquen a Madrid, que es lo que ella sí ha hecho cuando le ha parecido, la última vez en la campaña electoral catalana.

En el pleno, repitió una de sus frases más célebres (“conmigo no cuenten para arruinar a la hostelería de Madrid”) que ha marcado sus prioridades. En su empecinamiento, sugiere que todos los españoles deben estarle agradecidos, porque Madrid ha sido “la economía que ha tirado del resto del país durante la segunda y la tercera ola”.

El único problema de ese alarde es que el PIB aún no se ha enterado. En el último trimestre de 2020, el crecimiento del PIB de Madrid fue del 0,5%. En Catalunya, con medidas más estrictas, del 0,7%. Será que los “allegados” de Más Madrid han boicoteado los datos del PIB infiltrándose en la Airef.

Ayuso está asediada por los saboteadores. Feijóo, Más Madrid, los catalanes, otros gobiernos autonómicos, la izquierda, los sindicatos, la Airef... En su estrategia, cada día hay que buscarse un nuevo enemigo. Es necesario para que el mundo entero sepa que sólo ella puede salvarlo.