El expresidente de la SEPI Vicente Fernández elude contestar en la comisión del caso Koldo del Senado

Madrid, 22 jul (EFE).- El expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández Guerrero ha indicado este martes, al inicio de su comparecencia en la comisión Koldo del Senado como exdirectivo también de la empresa navarra Servinabar, que no responderá al interrogatorio parlamentario porque continúa procesado en el caso Aznalcóllar.

“Sintiéndolo mucho, puesto que mi voluntad sería la de colaborar”, ha dicho Fernández al exponer en una declaración inicial que considera que no tiene que contestar a las preguntas de los senadores, porque el procedimiento judicial por el caso Aznalcóllar sigue, aunque “hace una semana”, ha recordado, quedó ya “visto para sentencia”.

Fernández ha señalado que su imputación en 2019 fue el motivo de su “salida de la Presidencia” de la SEPI y que, “en tanto en cuanto continúe con este estatus procesal” se acoge a su derecho a no declarar en la comisión parlamentaria.

Ha añadido que estará “a disposición” de los senadores una vez concluya ese procedimiento penal, en el que fue imputado cuando era interventor general de la Junta de Andalucía, la cual otorgó derechos de explotación del yacimiento minero de Los Frailes, en Aznalcóllar (Sevilla), a la empresa México-Minorbis.

Los senadores del Grupo Mixto María Caballero (UPN) y Ángel Pelayo Gordillo (Vox), los primeros en intervenir, le han reprochado a Fernández que no declare amparándose en el caso Aznalcóllar, cuando las preguntas que le han formulado -pese a no obtener respuesta- han estado referidas, sin embargo, a otro asunto diferente: su contratación en Servinabar.

Una empresa navarra que “está en el epicentro” de la presunta trama de corrupción de la que formaban parte Koldo García y el exdirigente socialista Santos Cerdán, ha apuntado el senador de Vox.

“Me remito a mi declaración inicial”, ha sido la respuesta que ha reiterado el expresidente de la SEPI en varias ocasiones, sin más añadidos, salvo alguna negación gestual con la cabeza ante algunas preguntas.

Por ERC, Joan Queralt ha apuntado que el silencio como respuesta puede ser elocuente, al citar el refrán “más por lo que se calla que por lo que se dice”, al tiempo que ha subrayado cuánto le sorprende que un jurista destacado que ha sido presidente de la SEPI continuara su trayectoria profesional en una pequeña empresa navarra con apenas una decena de empleados.

No ha apreciado esa circunstancia Javier Remírez, del PSOE, pues ha lamentado que el PP cite a un interrogatorio parlamentario a Vicente Fernández, poniendo “en juego” así su prestigio profesional.

“Una soberana desfachatez”

Francisco Bernabé, del PP, le ha recomendado a Fernández cuidarse de “las loas” socialistas, porque también se las hicieron a Cerdán, que ahora está en prisión preventiva.

“Exactamente igual que puede pasarle a usted”, ha augurado, antes de recriminarle que eludir contestar sobre Servinabar alegando el caso Aznalcóllar sea “una absoluta desfachatez” y una “falta de desprecio” al Senado, que, ha añadido, podría tener consecuencias legales.

Bernabé ha dicho que la SEPI, “el mayor 'holding' empresarial público español”, tuvo la presidencia vacante dieciocho meses después tras irse Fernández, que fue presidente también dieciocho meses.

Un lapso de presidencia vacante que el senador del PP ha considerado inédito y por lo que le ha preguntado si siguió ejerciendo como “presidente en la sombra” porque la ministra de Hacienda le “guardaba el puesto”.

“Ex interventor general de la Junta y expresidente de la SEPI y se va a trabajar a una pequeña constructora de Pamplona que no tenía ni diez trabajadores y que facturaba menos de un millón de euros”, ha descrito Bernabé, para añadir que es extraño también que su puesto fuera director comercial, algo ajeno también a su trayectoria.

Pudo ser un “puesto de trabajo 'fake'”, ha apuntado Bernabé, antes de enumerar el patrimonio inmobiliario de Fernández, con varias viviendas en Madrid, Sevilla y Marbella, valoradas, según cálculos del parlamentario del PP, en más de diez millones de euros.