La Fiscalía extiende su investigación al rey emérito a delitos de corrupción sin denunciarlo en el Supremo

Más de un año después del arranque de las diligencias, la triple causa abierta en la Fiscalía del Tribunal Supremo sobre el rey emérito y su opaca fortuna avanza hacia un horizonte difuso. La investigación ha subido de tono en las últimas horas con la aparición de posibles delitos graves de corrupción en la nómina de Juan Carlos I pero sin que la Fiscalía aclare por el momento si tiene intención de denunciar al monarca ante la Justicia. 

En una comisión rogatoria en la que pide documentación a Suiza, cuyo contenido fue adelantado por El Mundo, la Fiscalía apunta por primera vez los delitos en los que podría haber incurrido el padre de Felipe VI: blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, cohecho y tráfico de influencias. El salto cualitativo es grande, al menos con el Código Penal en la mano. La investigación que arrancó para examinar posibles delitos fiscales dejando de lado todo lo que hubiera hecho Juan Carlos I durante los cuarenta años que fue jefe del Estado y estaba protegido por el blindaje de la inviolabilidad, se ha transformado en una investigación sobre los ingredientes más habituales de los casos de corrupción. Dos de ellos, incluso, forman parte del catálogo que el Consejo General del Poder Judicial incluye en sus estadísticas sobre procesos de corrupción.

Sobre el papel, todo esto empeora el pronóstico de cualquier acusado. El blanqueo de capitales, por ejemplo, está penado con hasta seis años de prisión. El tráfico de influencias, con hasta dos años. El cohecho, con hasta seis en los casos más graves. Hipotéticas condenas que sin duda ensombrecen el horizonte penal de un acusado por delitos fiscales, penados con un máximo de seis años de prisión. El anterior monarca ha intentado neutralizar el fraude a Hacienda con regularizaciones en las que ha pagado al fisco cinco millones de euros. 

Este nuevo catálogo de delitos también agravaría el castigo económico. El Código Penal especifica que un condenado por blanqueo de capitales tendrá que pagar, además, multas tres veces superiores al valor de lo blanqueado. En el caso del monarca se investigan los 65 millones de euros que recibió de Arabia Saudí en 2008 y sobre los que hay sospechas de que podría ser una comisión en el marco de las obras del AVE a La Meca, los diez millones de euros localizados en una cuenta en la isla de Jersey en la que figura como beneficiario, los ocho millones de euros en vuelos privados que le pagó su primo lejano Álvaro de Orleans, así como los gastos que él y otros familiares —entre ellos, la reina Sofía y algunos de sus nietos— hicieron en 2016, 2017 y 2018 con tarjetas opacas que se nutrían de fondos no declarados a Hacienda, según reveló elDiario.es. 

La Fiscalía del Supremo atribuye indiciariamente al emérito estos delitos desde hace varios meses, tal y como figura en una comisión rogatoria enviada a Suiza el pasado febrero pero cuyo contenido acaba de trascender. Una vez publicado en los medios, el propio ministerio público intentó rebajar la intensidad de sus acusaciones en un comunicado difundido este viernes. “No estamos ante un dictamen, petición de procesamiento o conclusiones del Fiscal, sino en el marco de una solicitud de información, en la que simplemente se detallan los posibles ilícitos que son objeto de investigación”, sostuvo la Fiscalía en su comunicación a los medios.

Las acusaciones que figuran en el escrito remitido a Suiza, aunque indiciarias, no han gustado a la defensa del rey emérito. Pocas horas después de trascender el contenido de la comisión rogatoria, su abogado, Javier Sánchez-Junco, protagonizaba un choque inédito en público con los investigadores al asegurar que la comunicación a las autoridades suizas contiene “graves afirmaciones e imputaciones de conductas” que se realizan, a su juicio, “sin apoyatura alguna” y que “son carentes de la más mínima justificación, estando contradichas por otros hechos de los que nada se dice”. El letrado no especificó qué hechos contradicen las acusaciones.

Sin denuncia a la vista

Esta escalada en las acusaciones y las pesquisas en marcha no se han traducido, al menos por el momento, en una intención clara de la Fiscalía de presentar una denuncia contra el emérito ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, la competente para juzgarle. En el mismo comunicado, la Fiscalía reconoció que sigue a la espera de recibir documentación de distintos países antes de tomar una decisión, incluida la posibilidad de abrir nuevas líneas de investigación. “Será precisamente el contenido de la respuesta que la autoridad requerida dé a la correspondiente comisión rogatoria lo que en su momento permitirá al Fiscal confirmar o descartar esos indicios, o incluso abrir otras vías de investigación”, dijo el Ministerio Público este viernes. 

Unas luces largas a la posible judicialización de alguna de las ramificaciones del caso que se solapan con diversas informaciones procedentes de la Fiscalía que apuntan al archivo. Medios como El Confidencial o El Mundo han reflejado en diversas ocasiones que los investigadores no tienen claro que una denuncia contra Juan Carlos I sea viable después de las regularizaciones fiscales que ha puesto en marcha o por la inviolabilidad que protege cualquier posible delito cometido durante su mandato. 

Fuentes de la investigación afirman que la Fiscalía del Tribunal Supremo ya ha recibido “casi todas” las comisiones rogatorias que pusieron en marcha, en un proceso en el que la colaboración con algunos países ha sido más fluida que con otros. Las pesquisas sobre el monarca en manos del ministerio público se están alargando en el tiempo más que otras investigaciones similares a supuestos comisionistas antes de su judicialización en la Audiencia Nacional. 

Un ejemplo de este tipo de causas es la abierta contra Gustavo de Arístegui y Pedro Gómez de la Serna, dos exdirigentes del PP, en diciembre de 2015 antes de recaer en manos del juez José De la Mata en enero del año siguiente. En otros casos como la trama DEFEX la investigación de Anticorrupción se prolongó aún más, entre febrero de 2013 y el verano de 2014, tal y como figura en el auto de apertura de juicio oral del caso.

El pasado marzo, en una comparecencia en el Congreso de los Diputados y ante las críticas de algunos grupos parlamentarios por la falta de resultados de las pesquisas de la Fiscalía sobre el emérito, su máxima responsable, Dolores Delgado, atribuyó la lentitud de las investigaciones a la “cooperación internacional” —dijo que había pendientes varias comisiones rogatorias cursadas a distintos países y eso retrasaba sus avances— y puso en valor que esas indagaciones habían permitido aflorar una cantidad “importante” e “inimaginable” de dinero para las arcas públicas. 

Se refería Delgado a los 678.393,72 euros que Juan Carlos I pagó en diciembre de 2020 para impedir una investigación penal sobre sus tarjetas opacas y los 4,4 millones de euros depositados en febrero de 2021 con los que pretendía regularizar los viajes de placer que durante años le pagó una fundación bajo sospecha. Esas regularizaciones voluntarias de cinco millones, realizadas tras conocer que estaba siendo investigado, suponen el reconocimiento por parte del emérito de que evadió impuestos al fisco español y el intento de evitar investigaciones penales que puedan comprometer seriamente su futuro judicial. 

No obstante, el pago de 4,4 millones de euros abrió una nueva línea de investigación en la Fiscalía y una inspección en Hacienda sobre la procedencia de esos fondos. Según reveló este viernes El País, la Agencia Tributaria, que está rastreando ingresos en metálico y pagos de la cuenta en la que el emérito cobraba su sueldo público desde su abdicación, ha pedido a la Casa del Rey que le informe de todos los pagos que realizó a Juan Carlos I entre 2014 y 2018. Inspectores y técnicos de Hacienda criticaron en ese momento que el emérito hubiera podido regularizar los gastos de la Fundación Zagatka antes de que se le denunciara o abriera una inspección.