El funcionario que se autoadjudicó obras durante 10 años tendrá que aportar, con su familia, una fianza de 785.000 euros
El funcionario del Ayuntamiento de Valladolid que supuestamente se autoadjudicó obras por valor de 9,6 millones durante 10 años, Luis Alberto Samaniego, su hijo, su primo y un socio, tendrán que aportar en fechas próximas una fianza de 785.000 euros para hacer frente a las posibles responsabilidades que se puedan exigir tras el juicio.
El juzgado de instrucción número 6 de Valladolid ha notificado este miércoles el auto con el que decreta la apertura de juicio oral contra los cuatro y mantiene la medida de libertad provisional porque las circunstancias no han cambiado. Están acusados de delito continuado de negociaciones prohibidas a funcionarios, delito continuado de fraude a la administración y delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial con un delito de estafa.
Tal y como informó eldiario.es, Samaniego, jefe de mantenimiento del Consistorio desde 2000 a 2014, se valió de que tenía encomendada la función de dirección y supervisión de obras menores en edificios municipales y obra civil para, supuestamente, adjudicar estos trabajos a las 13 empresas propiedad de él y de sus familiares. Una investigación judicial de casi cuatro años ha concluido que, no sólo se enriqueció con unos trabajos que eran incompatibles con su calidad de funcionario, sino que algunas facturas se inflaron y que hubo obras que ni siquiera se realizaron.
Cómo pudo pasar inadvertida la relación directa de Samaniego con las empresas que recibían cientos de contratos menores, o cómo se certificaron obras no realizadas es aún un misterio. Durante el juicio declararán además de los cuatro acusados, el secretario y el interventor del Ayuntamiento así como funcionarios de varias concejalías, entre otros.
La trama se descubrió gracias a un soplo que llegó en 2013 al Grupo Socialista, entonces en la oposición. Alguien les advirtió de que un funcionario llevaba casi tres lustros adjudicándose contratos menores y el PSOE pidió un listado que el PP se resistía a facilitar.
Seis meses después, se abrió un expediente disciplinario al jefe de mantenimiento y los socialistas ataron cabos. Samaniego aparecía como administrador o socio de 13 mercantiles junto a su hijo, su primo (que hacía asesorías para la Fundación Municipal de Cultura) y una tercera persona. Las 1316 facturas que se emitieron suman 9,6 millones de euros.
Se enfrentan a penas de hasta 15 años de prisión, en el caso del funcionario (el Ayuntamiento pide 15 y la Fiscalía 11), y de 10 en el caso de los otros tres (10 solicita el Ayuntamiento y 7 la Fiscalía). Además, el Consistorio pide que cada uno de ellos pague más de medio millón de euros en multas por el beneficio ilícito obtenido y que le indemnice con 2,4 millones.
