El Gobierno de coalición promete diálogo para el "conflicto político" catalán y "clarificar" el sistema autonómico

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias el pasado martes cuando firmaron el preacuerdo para un Gobierno de coalición.

PSOE y Unidas Podemos señalan "notorias disfunciones" en la "actual formulación" del Estado autonómico por lo que proponen su actualización. En ese apartado del programa de Gobierno que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias presentarán esta tarde y al que ha tenido acceso eldiario.es dedican dos líneas a la crisis territorial en Catalunya, que ha supuesto para los socialistas una importante negociación con ERC, que en los próximos días dará el visto bueno al acuerdo alcanzado con el PSOE. 

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"Abordaremos el conflicto político catalán, impulsando la vía política a través del diálogo, la negociación y el acuerdo entre las partes que permita superar la situación actual", reza el documento programático. La definición de la situación en Catalunya como un "conflicto político" fue una de las condiciones de ERC para sentarse a negociar con el PSOE la investidura de Sánchez, que incorporó esa calificación al discurso de los socialistas desde entonces. 

Pero el capítulo dedicado al estado autonómico incorpora también la creación de un comité de expertos que aborde el autogobierno de las comunidades autónomas. "Impulsaremos la mejora y clarificación de la distribución competencial entre el Gobierno central y las comunidades autónomas para implementar un modelo de reparto más claro y preciso que perimetre las facultades competenciales concretas de cada entidad, y reduzca al máximo las competencias compartidas a fin de evitar la ambigüedad actual, que a menudo acaba teniendo que ser dirimida por los tribunales, provocando fricciones judiciales entre el Gobierno central y las comunidades autónomas". El fin de la judicialización de los conflictos territoriales ha sido también una de las máximas del PNV, con quien Sánchez ha rubricado el acuerdo esta mañana

"Resulta fundamental, de un lado, que las competencias del Gobierno central estén bien configuradas, de tal manera que ello permita la correcta coordinación de las políticas nacionales y el respecto a la igualdad de todos los españoles. De otro, que las comunidades autónomas dispongan de las capacidades necesarias para un autogobierno eficiente a la par que respetuoso con el interés general. Se creará un Comité de expertos que asistirá y dará soporte al Gobierno en esta medida", señala el texto. La promesa de un nuevo sistema de financiación autonómica también está reflejada en el acuerdo. 

Además, plantea en el apartado de "colaboración y coordinación institucional" entre las administraciones del Estado que se rija "por el principio de la

multilateralidad", pero destaca que no es óbice para la existencia de "procedimientos y órganos bilaterales". Eso daría cabida a la mesa entre gobiernos que el PSOE ha negociado con ERC ya que hace referencia a que las conversaciones bilaterales (entre el Estado y las comunidades o las propias autonomías entre sí) se darán "especialmente cuando se trate de dirimir un asunto de interés específico para una o varias comunidades". "En todo caso, esas relaciones bilaterales siempre

 e regirán por los principios de lealtad y colaboración entre territorios que fija la Constitución", apostilla.

Batalla contra la despoblación

La despoblación ocupa un apartado concreto del documento con el fin de dar un "apoyo decidido a la llamada España vaciada". Una de las medidas que señalan para luchar contra el reto demográfico –un asunto que aparece en varios epígrafes diferenciados– es "la desconcentración institucional del Estado" a través del traslado de diversas instituciones y organismos públicos –que no concreta– a "distintas ciudades": "Este proceso se hará en diálogo y consenso con las comunidades autónomas y ayuntamientos interesados". En el pasado el PSOE planteó llevar el Senado a Barcelona. 

Pero el grueso de esos compromisos –para los que Sánchez llegó a prometer en campaña un ministerio específico– se cobijan en el paraguas de una "Estrategia Nacional frente al reto demográfico, de lucha contra la despoblación, de conectividad y de apoyo a la población joven", que incluye desde medidas de avance digital en las zonas despobladas hasta la atención sanitaria a domicilio en lugares donde no haya centros de salud o el aumento de efectivos policiales que han disminuido en los últimos años. 

El fomento del emprendimiento en las zonas rurales es otro de los puntos en la lucha contra la despoblación a través de la "creación de oficinas" en al menos 20 comarcas rurales que requieran una intervención urgente. "Su función será acompañar a las personas o empresas que quieran instalarse en la zona, facilitándoles todos los contactos y la mediación en el proceso; impulsar “Espacios de Innovación Rural” así como el emprendimiento, formación y asistencia para la mujer en el medio rural, que faciliten su incorporación al mercado laboral, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, y su capacitación en la creación de empresas".

Fin de la 'mordaza' y listas cremalleras

El futuro Gobierno de coalición se compromete a derogar al 'ley mordaza' a través de una nueva legislación que "verá la luz a la mayor brevedad". "Estará basada en una concepción progresista de la seguridad ciudadana y priorizará la garantía de derechos y la protección de la ciudadanía, y en particular regulará, entre otros, el Derecho de reunión, la identificación y registro corporal, la identificación de los agentes, y la derogación del artículo 315.3 del Código Penal" (que castiga con penas de cárcel a los piquetes). 

Respecto al sistema electoral, se comprometen a eliminar el voto rogado que dificulta que los españoles en el extranjero ejerzan su derecho. Además, van un paso más allá en la paridad al establecer "listas cremallera en todos los procesos" electorales. "Se trabajará para conseguir un amplio consenso que permita modificar la fórmula electoral para mejorar la proporcionalidad del sistema", recoge el acuerdo. Sobre el derecho a voto a los menores de edad de 16 y 17 años –que fue una de las exigencias de Más País y que de una forma u otra PSOE y Unidas Podemos llevan en sus programas– el documento se limita a dejar ese debate en manos de la Comisión Constitucional del Congreso. 

PSOE y Unidas Podemos no plantean nuevos mecanismos para la elección de los órganos directivos de instituciones como el Consejo General del Poder Judicial sino que apuestan por "promover acuerdos parlamentarios de consenso que permitan la elección y renovación de los órganos constitucionales y organismos independientes, como en el caso del Consejo General del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo, la Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y el Consejo de Administración de Radiotelevisión Española". "Primaremos en la búsqueda de dichos acuerdos los principios de mérito, capacidad, igualdad, paridad de género y prestigio profesional", agrega. 

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