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Inversiones, infraestructuras y competencias: las exigencias de los partidos minoritarios para la investidura de Sánchez

Pedro Sánchez tras sacar adelante la moción de censura contra Mariano Rajoy.

Alexis González / David Lombao / Laro García / Eva Rueda

La investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, sin recurrir al voto de los independentistas, requerirá de una mayoría simple en el Congreso de los diputados. En esa suma de escaños juegan un papel fundamental los partidos pequeños. Coalición Canaria y Nueva Canarias (CC-NC), con sus dos escaños; el Bloque Nacionalista Galego (BNG), el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) y Teruel Existe, harán valer cada uno el escaño que lograron el 10N condicionando su apoyo a las siguientes exigencias:

Defender la 'agenda canaria'

Los nacionalistas canarios vuelven a contar con dos diputados de nuevo claves para sumar a la investidura de Pedro Sánchez. Pero ahora, en vez de las dos actas de Coalición Canaria por la provincia de Santa Cruz de Tenerife del 28 de abril, han obtenido una, de Ana Oramas (CC), por esa circunscripción de cuatro islas; y otra, de Pedro Quevedo (Nueva Canarias), en las tres islas de la provincia de Las Palmas.

La alianza CC-NC parte con la premisa de defender la agenda canaria que ya lograran firmar ambos partidos con el PP, apoyando los Presupuestos prorrogados de Mariano Rajoy, aún vigentes. Y eso que Nueva Canarias obtuvo su acta de 2016 por Las Palmas en alianza electoral con el PSOE, y autonomía para votar distinto.

Ahora el nacionalismo progresista (NC) y de centro-derecha (CC) se ha unido “para tener voz propia en Madrid”. Sobre esa mesa estarán convenios de infraestructuras como carreteras, obras hidráulicas o centros educativos; de vivienda o de rehabilitación turística; el pleno desarrollo del Régimen Económico y Fiscal (REF) y del Estatuto de Autonomía reformado hace un año; o fijar precios máximos en vuelos declarados de obligación de servicio público, aparte de las vigentes bonificaciones del 75% al transporte aéreo y marítimo entre islas y la Península.

Esta semana NC y CC prometen presentar una postura única, cuando se convoque la comisión de seguimiento del pacto electoral, que aún no ha valorado la pérdida de más de 50.000 votos con respecto a la suma de los dos partidos por separado el 28 de abril.

Política social y competencias pendientes para Galicia

Como ya había avanzado durante la campaña, el BNG se muestra “favorable a un gobierno de progreso” porque, “siempre que esté en su mano”, impedirá que la derecha toque poder, en palabras de su diputado electo, Néstor Rego. Una vez conocido el acuerdo de PSOE y Unidas Podemos la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha advertido de que su voto favorable en la investidura “estará condicionado” a la aceptación de “una agenda gallega que no puede seguir esperando más tiempo”.

El BNG ha venido resumiendo esa “agenda” señalando dos prioridades: “inversiones” en Galicia “y política social”. En este sentido, junto a asuntos más coyunturales como reclamar la aprobación de estatuto de las industrias electrointensivas para dar seguridad a factorías como la de Alcoa en San Cibrao o pedir medidas para “una transición ecológica justa” en el cierre de la central térmica de As Pontes, la formación soberanista gallega reclama culminar el traspaso de competencias pendientes como las de la autopista AP-9, iniciado en la pasada legislatura tras años de espera, o las de tráfico y seguridad viaria, que el Parlamento gallego pidió por unanimidad.

En el apartado de las inversiones, el BNG advierte de que, más allá de finalizar la conexión ferroviaria de alta velocidad entre Galicia y Madrid, Pedro Sánchez tendrá que atender cuestiones como la modernización de “infraestructuras ferroviarias de hace cien años” en el interior de Galicia. En este sentido, recuerdan que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 pactado por PSOE y Unidas Podemos reducía la inversión territorializada para Galicia en un 20%. Además, agregan, reclamarán medidas de política general como “derogar las reformas laborales, la LOMCE o la ley mordaza”.

El AVE, infraestructuras y saldar cuentas con Cantabria

Miguel Ángel Revilla, secretario general del PRC estableció en la misma noche electoral del 10 de noviembre, con el escrutinio aún en marcha, cuáles serían las exigencias de su partido para dar su apoyo a un Gobierno presidido por Pedro Sánchez. Básicamente, los mismos planteamientos que recogía el documento que el PRC firmó con el PSOE el pasado mes de junio y que permitieron que el diputado nacional de los regionalistas, José María Mazón, se convirtiera entonces en el único apoyo externo de los socialistas en la investidura fallida.

La lista de peticiones del PRC al futuro Gobierno de España pasan, fundamentalmente, por las infraestructuras: desde la finalización de la línea de AVE que debe llegar a Cantabria en 2024 a la puesta en marcha de un tren de altas prestaciones que una Santander con Bilbao en 40 minutos o una importante inversión para la mejora del maltrecho servicio de Cercanías, la reparación de la red de carreteras que depende del Estado y el apoyo al Centro Logístico de La Pasiega, reclamaciones todas ellas aceptadas por el PSOE y que se incluyeron en ese documento ya rubricado el pasado verano.

Además, los regionalistas suman a estas exigencias el pago completo en los próximos cuatro años de la deuda con el Gobierno de Cantabria por las obras del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, que cifran en 121 millones de euros, o el pago del 50% del gasto de la comunidad autónoma como consecuencia de la aplicación de la Ley de Dependencia, entre otras cosas. “Ya lo han firmado. Ahora, que lo ratifiquen, cumplan sus compromisos y el PRC sumará su voto al que ha ganado”, aseguró Revilla durante su primera comparecencia tras confirmar la presencia de un diputado del PRC en el Congreso esta próxima legislatura que está a punto de arrancar.

“Algo más que una autovía” a Teruel

La lucha contra la despoblación, la revitalización del medio rural, comunicaciones y accesibilidad, telecomunicaciones y una transición justa para Andorra (el cierre de la central térmica de Endesa está prevista para 2020) encabezan las reivindicaciones de Teruel Existe. Cinco peticiones que resumen los 20 años reivindicativos de este movimiento ciudadano plural reconvertido ahora en plataforma política.

Aunque reconocen que sí han conseguido mejoras y avances en transporte sanitario (ambulancias y helicóptero medicalizado), Teruel Existe insiste en proclamar a los cuatro vientos que la provincia es un territorio de 15.000 kilómetros cuadrados -el doble que el País Vasco o que la Comunidad de Madrid y más grande que nueve Comunidades Autónomas- con apenas infraestructuras. “Tenemos una autovía y ya está”, declara el recién elegido diputado Tomás Guitarte a eldiario.es. Entre sus peticiones delimitan dos tipos de reclamaciones: unas inmediatas, de fácil aplicación, y otras estructurales, “sobre las que no hay decisión política para llevarlas a acabo”, aseguran.

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