La comisión secreta que controla la venta de armas se reúne con la decisión sobre Arabia Saudí ya tomada
La Junta interministerial para el comercio y control del material de defensa y tecnologías de doble uso (JIMDDU), a la que el Gobierno puso en el foco público al desviar hacia ella la responsabilidad de autorizar la venta de las bombas de precisión a Arabia Saudí, se reúne este miércoles. La portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, la señaló como el órgano encargado de decidir si esa exportación es acorde a la ley española y europea. Sin embargo, la reunión de la JIMDDU no arrojará luz sobre el futuro de las bombas, puesto que no tuvo nunca ese cometido. O, mejor dicho, lo tuvo en 2015, cuando recibió la solicitud para exportarlas y la concedió.
La decisión unilateral del Ministerio de Defensa de cancelar ese contrato con Arabia Saudí creó el caos en el Ejecutivo. La descoordinación se evidenció en las declaraciones de Celaá, puesto que casi al mismo tiempo que esta señalaba a la Junta Interministerial, la presidenta de este órgano, la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, negaba su responsabilidad en el asunto: “Es algo que no compete directamente a la JIMDDU. Por tanto, me referiría a la situación en la que puede encontrarse ese contrato y a las declaraciones que en su momento oportuno –espero que sea en breve– realice el Ministerio de Defensa”, declaró en el Congreso.
A pesar del intento del Gobierno de desviar la atención hacia él, la misión de este opaco órgano no es revisar si las exportaciones de armas se ajustan a la ley en el momento en el que estas salen del país. El rol de la JIMDDU es anterior, puesto que es la encargada de conceder las licencias de exportación que solicitan las empresas de armas españolas cuando reciben pedidos del extranjero, antes de comenzar la fabricación. Por regla general, autoriza la inmensa mayoría de ellas. El proceso que utiliza para ello es totalmente opaco, ya que sus informes y las actas de sus reuniones constituyen material clasificado.
En 2017, bajo el Gobierno del PP, el porcentaje de solicitudes de exportación aprobadas por la JIMDDU fue del 99,77%, según la Secretaría de Estado de Comercio. Solo denegó cuatro autorizaciones de las 1.736 que examinó: una a la Armada de China (seis sistemas de clasificación acústica por valor de 540.000 euros); una a Myanmar (veinte pistolas de tiro deportivo, 27.000 euros); y dos a Israel (diez cañones para desarrollo de rifles y diecisiete direcciones de tiro para carro de combate por un valor conjunto de 1,9 millones de euros).
Por contra, en el último ejercicio completo del PP al frente del Gobierno se autorizó la salida hacia Arabia Saudí de más de 270 millones de euros en armamento. Todas las solicitudes que la JIMDDU recibió para exportar armamento a la monarquía absolutista se aprobaron.
De hecho, antes de que Pedro Sánchez zanjara la crisis de descoordinación en su Gobierno al asegurar que se respetarán todos los contratos en vigor con Arabia Saudí para no poner en riesgo el contrato de las corbetas de Navantia, la duda no era si la JIMDDU bloquearía la salida de las bombas de precisión. La cuestión que elevó la anulación de ese contrato, que Margarita Robles no pudo completar, fue si su licencia de exportación que la JIMDDU concedió en 2015 se ajustaba a la ley. En abril de ese mismo año empezaron a documentarse los bombardeos con los que Arabia Saudí viola el derecho internacional humanitario en Yemen.
No obstante, no es posible fiscalizarlo, dado el secreto que cubre el trabajo de este órgano oficial. El único dato suministrado en el informe de la Secretaría de Gobierno del 2015 es que la autorización de exportación de las bombas de precisión láser que han ocupado portadas durante las últimas semanas se produjo ese año, pero no en qué mes, o qué informes solicitó o redactó la JIMDDU para dar su visto bueno a la venta.
