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La Justicia reactiva la investigación de Andorra contra Mariano Rajoy por su implicación en la 'operación Catalunya'

El expresidente del Gobierno de España Mariano Rajoy en una fotografía de archivo

Alberto Pozas

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El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha decidido levantar las medidas cautelarísimas que pesaban sobre la comisión rogatoria que Andorra envió a Madrid para avanzar en la investigación sobre el papel de Mariano Rajoy y otros miembros de su Gobierno en la conocida como 'operación Catalunya'. Los jueces, siguiendo el criterio de la Fiscalía, frenan el intento del expresidente del ejecutivo de ralentizar una causa en la que una jueza del principado investiga si desde Interior, la Policía y el Gobierno existieron maniobras ilegales para obtener información bancaria de la familia de Jordi Pujol.

Se trata de una causa que arrancó el pasado mes de junio por varias querellas interpuestas años antes, entre otros, por el antiguo máximo accionista de la Banca Privada de Andorra, Higini Cierco. La jueza decidió imputar, entre otros, a Rajoy, a los exministros Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz y a la cúpula del Ministerio del Interior, ente otras personas, por delitos de coacciones y falsedad documental.

Con esta decisión, dice el TSJM, “no se prejuzga el fallo definitivo” del proceso contra Mariano Rajoy y antiguos miembros de su gabinete ni del fondo de sus recursos sobre la tramitación de la comisión rogatoria. Pero sí explican los jueces de lo contencioso-administrativo que Mariano Rajoy se apoya en “invocaciones genéricas e inconsistentes” para solicitar la paralización de la tramitación de la causa en España, alegando que había recibido distinto trato a otros imputados por la magistrada de Andorra. Rechazan sus alegaciones explicando a Rajoy que “nada haya demostrado con pruebas o indicios” sobre este distinto trato que alega.

La jueza envió la comisión rogatoria a los juzgados de Madrid para que Rajoy y el resto de querellados fueran localizados y notificados de la apertura de la causa. En un primer momento el expresidente del Gobierno consiguió que los jueces de lo contencioso del Tribunal Superior de Madrid paralizasen la gestión de esta comisión rogatoria de manera cautelarísima pero ahora, ya en fase de medidas cautelares y después de recabar la opinión de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, rechaza prolongar la suspensión de manera cautelar.

Ahora será el Ministerio de Justicia y los juzgados de la Plaza de Castilla de la capital los que vuelvan a poner en marcha la tramitación de una comisión rogatoria que, entre otras cosas, implica la citación de los imputados para notificarles formalmente la existencia de la causa contra ellos, sin descartar su citación judicial para declarar en caso de que así lo decida la instructora.

Operaciones ilegales para frenar al independentismo

La Justicia de Andorra investiga si el ejecutivo de Mariano Rajoy y la cúpula de su entonces Ministerio del Interior, dirigido por Jorge Fernández Díaz, promovieron una investigación irregular de los fondos de la familia Pujol para crear frentes judiciales al independentismo catalán en pleno choque de trenes durante el procés que culminó en 2017. En un primer momento las querellas se dirigían contra miembros de la conocida como 'policía patriótica' –entre ellos el exdirector adjunto operativo, Eugenio Pino– pero fue ampliada posteriormente a miembros del Gobierno y mandos de Interior.

La querella afirma que desde el ejecutivo central se ordenó el envío de miembros de la Policía Nacional para presionar a directivos de la Banca Privada de Andorra y lograr información sobre políticos catalanes como Artur Mas y Oriol Junqueras, además del expresident Pujol. Según los querellantes, el Gobierno extorsionó a directivos del banco con forzar su cierre y su filial española, el fallido Banco de Madrid, si no accedían a estas peticiones de información.

En el caso de Jordi Pujol y su familia, el caso se encuentra preparado para juicio a la espera de que la Audiencia Nacional ponga fecha al inicio del proceso. Un proceso en el que la Fiscalía ha llegado a pedir nueve años de cárcel para él y condenas de 29 años de cárcel para su hijo mayor. Su esposa, Marta Ferrusola, ha quedado fuera del juicio por su estado de salud.

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