El fiasco de LexNet obliga a Justicia a aprobar una inversión de 60 millones de euros
Más de 35 millones de euros para servidores, almacenamiento y mejora del 'backup', otro 20 para arreglar los fallos de las aplicaciones informáticas y seis para que hagan lo propio las comunidades autónomas. El Ministerio de Justicia ha decidido responder a la enorme crisis que generó el agujero de seguridad de LexNet con una inversión millonaria, un nuevo intento de reimpulsar el 'papel cero', la propuesta estrella de Rafael Catalá.
La referencia del Consejo de Ministros -el documento que resume todos los acuerdos a los que llegan cada viernes los miembros del Gobierno- recoge esa nueva inversión para “mejoras informáticas en el ámbito del Ministerio de Justicia”. No se ha expuesto en la rueda de prensa posterior a esa reunión, en la que sólo ha comparecido Mariano Rajoy para referirse a los atentados en Catalunya.
La inversión anunciada este viernes supera los 60 millones de euros. Unos 36 millones serán para la compra de servidores “de alto y medio rendimiento”, para aumentar la capacidad de almacenamiento y para “la potenciación y ampliación de la capacidad de la plataforma de 'backup'”. El Ministerio reconoce que necesita una nueva inversión porque el proceso de digitalización de la Justicia ha supuesto “un gran crecimiento en el volumen de datos”.
Otros 19,1 millones se destinarán a mejorar las aplicaciones informáticas y las comunicaciones asociadas a ellas. “La finalidad es disponer de un servicio que permita la normal prestación de estas funciones simplificando la gestión y ejecutando los proyectos de actualización y mejora, así como la resolución de incidencias, peticiones o problemas”, afirma el Ministerio.
Esta es la parte que afecta directamente a plataformas como LexNet, que en julio sufrió una de esas “incidencias”. En concreto, un agujero de seguridad que tardó días en solucionarse permitía que los usuarios accediesen a miles de archivos, lo que obligó al Ministerio a cerrar el acceso a la aplicación que utilizan los abogados para recibir notificaciones sobre sus casos.
Un sistema de gestión procesal común
Por último, el Ministerio ha aprobado destinar seis millones de euros para que las comunidades autónomas inviertan en “la modernización tecnológica” de su administración de Justicia. El objetivo es que con ese dinero se financie la transición a un “sistema de gestión procesal común”, en lugar de la dispersión que existe actualmente.
Así, el Ministerio ha aprobado una lluvia de millones con la que trata de responder a la enorme crisis que generó el fallo informático de LexNet. Su brecha de seguridad reabrió el debate sobre el 'papel cero', una iniciativa de digitalización que aplauden jueces, fiscales y abogados, pero que todos coinciden que no se está aplicando correctamente.
Algunos de ellos contaban hace unas semanas a eldiario.es que en los juzgados, lejos de eliminarse el papel, este se ha incrementado. Un ejemplo es el aumento en un 30% los pedidos de material de oficina.
El anuncio llega unos pocos días antes de que Rafael Catalá tenga que comparecer en el Congreso por el fiasco informático que se produjo a finales de julio. Será durante una sesión extraordinaria de la Comisión de Justicia, cuando el ministro podrá entonces exhibir esta inversión millonaria para responder a las críticas de la oposición por la gestión de esas crisis.
Sin embargo, la inversión no acabará con muchos de los problemas que denuncian jueces, fiscales y abogados. Por ejemplo, la disparidad de aplicaciones necesarias para sustituir el papel en los trámites procesales: una para las notificaciones a abogados, otra para jueces, una de documentación y gestión para fiscales y otra para acceder a expedientes judiciales completos, además de la que se utiliza para firmar digitalmente los documentos criticas de todos.
Sin debate sobre el control de los servidores
Además, Justicia no se plantea por el momento entrar en el otro gran debate que ha abierto el fallo de LexNet: el control por parte del Ministerio de las aplicaciones y terminales que usan jueces y fiscales. Hay plataformas que llevan años denunciando que una separación de poderes efectiva implica que el Gobierno no puede ser el responsable de almacenar millones de expedientes judiciales.
Tras el fallo de LexNet volvió la polémica. El portavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Emilio Fernández, contaba a eldiario.es cómo tienen que lidiar con que, cada vez que se les falla un ordenador, sea un funcionario del ministerio de Justicia quien entre de manera remota a repararlo. “Los técnicos del Ministerio entran en nuestros ordenadores para repararlos y hacen lo que quieren”, explicaba.
Los más de 60 millones de euros no acabarán con ese debate. Las asociaciones judiciales siguen reclamando que se frene la iniciativa del 'papel cero' para repensar con calma los pasos a dar. Ninguna se opone a la digitalización de la Justicia, pero piden un plazo más amplio en su implantación y que esta no se imponga hasta que todas las aplicaciones funcionen correctamente.
