Pedro Sánchez: “La estabilidad está garantizada y la salud del gobierno de coalición está blindada”
“Después de lo que hemos visto en los dos últimos años, espero poco, por no decir nada, de la oposición que está haciendo el Partido Popular de Pablo Casado”, asegura Pedro Sánchez, que añade que a estas alturas lo único que le pide ya al líder de los populares es que no ponga en cuestión la democracia y cumpla con sus obligaciones constitucionales. “PP y Vox están devaluando a partes iguales el debate político en nuestro país”.
El presidente del Gobierno recibe a elDiario.es en La Moncloa, donde recalca que la coalición está garantizada y que la legislatura terminará con unidad: “La buena salud del Gobierno contrasta con las coaliciones conservadoras de Murcia, Madrid y Castilla y León”. También traslada un mensaje a sus socios: “Gobernar significa conciliar lo deseable con lograr el máximo de lo posible”. Y pide “una reflexión” a PNV y ERC por su voto contra la reforma laboral. “Estoy convencido de que hay muchos votantes de esas formaciones que no entienden su ‘no’ a este acuerdo social de sindicatos y empresarios”.
¿Qué habría pasado si el diputado del PP Alberto Casero no se hubiera equivocado al votar el decreto de la reforma laboral y hubiera caído?
Afortunadamente no ha sido así. Era y es un buen acuerdo de país. Hubieran perdido tanto los trabajadores como los empresarios como el diálogo social. Habría perdido el país.
¿Cree que la derecha compró de alguna manera a los diputados de UPN que durante todo el día ocultaron que pensaban votar en contra de la reforma laboral?
Eso tendrá que esclarecerlo y responderlo el PP. Lo que es evidente es que teníamos un acuerdo con UPN y el propio presidente de este partido trasladó su malestar por no haber sido informado por parte de estos dos diputados hasta el último instante de su voto negativo y, por tanto, contravenir las órdenes de la dirección política de UPN.
Boicotear los fondos europeos es boicotear el futuro que España merece
¿Tienen recorrido judicial los recursos que han anunciado PP y Vox contra la votación del jueves? ¿Le preocupa que esta reforma laboral pueda ser tumbada por el Constitucional?
No me sorprende lo que están haciendo PP y Vox. Hace dos años vienen articulando un discurso de deslegitimación del Gobierno de España y ahora están poniendo en cuestión la legitimidad de una votación democrática que se ha venido sustanciando en el Congreso.
PP y Vox están devaluando a partes iguales el debate político en nuestro país. Esto me parece grave. A lo largo de estos dos años, el Partido Popular me ha dejado claro que no va a echar una mano, que no va a arrimar el hombro. Lo ha hecho en los momentos más difíciles de la pandemia, con el confinamiento, no aprobando el estado de alarma…
Espero muy poco por no decir nada del PP en cuanto al poder llegar a acuerdos que son buenos para el país. Pero al menos le pido dos cosas al PP. Primero, que cumpla con la Constitución: que desbloquee la renovación del Consejo General del Poder Judicial y no cuestione la calidad democrática de nuestro país, que está por encima de cualquier consideración coyuntural. Y, en segundo lugar, que no hable mal de España boicoteando unos fondos europeos que son la gran oportunidad para modernizar nuestro país. Boicotear y bloquear los fondos europeos es boicotear y también bloquear el futuro que España se merece.
¿Por qué una reforma laboral con tanto consenso en el diálogo social se ha aprobado con tanto disenso en el Parlamento?
El poder ejecutivo tenía una tarea fundamental: fomentar un acuerdo entre los agentes sociales. En los años de 2010, 2011, 2012 y 2013 se pusieron en marcha contrarreformas que derivaron en huelgas generales y en grandes manifestaciones de los pensionistas y también de los trabajadores y trabajadoras. La tarea que tenía el Gobierno de España era recomponer esos consensos rotos. Llegamos a un acuerdo con los agentes sociales para una importante reforma laboral.
A partir de ahí, el deber del poder legislativo era convalidar ese buen acuerdo y consolidar una senda de diálogo social que no es un medio, es un fin en sí mismo. Aquellas reformas que cuentan con el apoyo de los sindicatos y empresarios al final trascienden la mera cuestión ideológica y entran en el terreno del sentido común, que es el del bien común. Me gustaría agradecer a los empresarios, a los sindicatos y también a las fuerzas políticas que han apoyado esta importante reforma laboral su acuerdo y su apoyo en las Cortes. Y hacer una reflexión a esas fuerzas políticas, singularmente las progresistas, las que vienen apoyando sistemáticamente al Gobierno a lo largo de esta legislatura, porque estoy convencido de que hay muchos votantes de esas formaciones que no entienden el ‘no’ de esas formaciones a este acuerdo social de sindicatos y empresarios.
¿Cómo ha quedado la relación con estos socios de la investidura que han votado que no al decreto de la reforma laboral?
La estabilidad está garantizada. Este Gobierno que cuenta con una minoría parlamentaria de 155 escaños ha sido capaz de sacar adelante 50 leyes muy importantes. No solo la reforma laboral: también el acuerdo de pensiones, el Ingreso Mínimo Vital, la ley de eutanasia… También vamos a tratar de sacar dentro de poco la primera ley de vivienda de la historia de nuestra democracia. Y dos Presupuestos Generales del Estado consecutivamente a lo largo de estos dos primeros años de legislatura, algo que no sucedía desde el año 2014. Por tanto, la estabilidad está garantizada.
Creo que la salud del Gobierno de coalición está blindada, porque está hecha del mejor material, que es una voluntad firme, férrea, de dignificar la vida de nuestros conciudadanos. En eso está el Gobierno de España: en demostrar que se puede salir de las crisis consolidando esos avances sociales y gestionando mejor la economía que lo que hacía la derecha cuando estuvo gobernando durante los años de la crisis financiera, que usó esa crisis financiera como excusa ideológica para recortar y debilitar el estado de bienestar.
PP y Vox están devaluando a partes iguales el debate político en nuestro país
La reforma laboral que decae con esta reforma es la de 2012 de Mariano Rajoy. El Gobierno de coalición se comprometió a derogarla. ¿Considera que han cumplido esa promesa con este decreto, o se han dejado cosas pendientes?
Creo que el haber logrado recuperar la prevalencia de los convenios colectivos, el haber dado una respuesta a la ultraactividad, el dar una respuesta a unos mecanismos de flexibilidad alternativos al despido, como son los ERTE, son elementos sustantivos de un nuevo modelo de relaciones laborales que responda a las dos principales preocupaciones que tienen los trabajadores y empresarios. En primer lugar, el paro estructural, tan elevado en comparación con el resto de Europa. Y, en segundo lugar, la alta precariedad y la temporalidad de las relaciones laborales en nuestro país.
La tarea pendiente de un Gobierno como el nuestro en un momento tan difícil es garantizar la estabilidad, preservar la paz social. Y eso implica consolidar espacios de diálogo y acuerdo entre los agentes sociales. Lo que ha hecho el Gobierno de España ha sido promover y propiciar ese acuerdo entre empresarios y sindicatos y el deber que teníamos las dos formaciones políticas que en el Parlamento sustentan al Gobierno era defender y sacar adelante esta importante reforma laboral. El objetivo está cumplido.
Pablo Casado ha calificado la votación y la aprobación del decreto como un “pucherazo” y ha llegado a acusar a la presidenta del Congreso de prevaricación. ¿Ha hablado su partido con el PP para intentar reconducir esta enorme polarización política? ¿Cree que es posible hacerlo?
Después de lo que hemos visto en los dos últimos años, espero poco, por no decir nada, de la oposición que está haciendo el Partido Popular de Pablo Casado. Tanto el PP como Vox están devaluando a partes iguales el debate político en nuestro país y eso en un partido antisistema como es Vox puede ser esperable. Pero de un partido que ha gobernado España me parece de todo punto inconcebible.
Lo único que se le puede pedir al PP de Casado es al menos que no ponga en cuestión la democracia y cumpla con sus obligaciones constitucionales.
¿La votación de la reforma laboral ha puesto de manifiesto que no es posible una mayoría alternativa a la del bloque de la investidura, que es difícil encontrar más de 175 diputados por la vía de Ciudadanos?
Depende de los debates. Si uno analiza cuáles han sido las votaciones parlamentarias de importantes leyes –como es el Ingreso Mínimo Vital, el acuerdo de pensiones, la reforma laboral, o la ley de eutanasia– hemos visto a formaciones parlamentarias de todo signo que han votado a favor. Es verdad que siempre hemos encontrado a dos partidos políticos en el 'no', en esa oposición negacionista que es el Partido Popular y Vox. Creo que confunden oposición con negación.
En el primer mes de vida de esta reforma laboral aumentó en un 92% el número de contratos fijos y eso es precisamente lo que el Partido Popular quería echar abajo con su voto en contra, incluso utilizando tránsfugas, como intentó con estos dos diputados de UPN.
Con ERC, el Gobierno de coalición ha estado en muchas votaciones al borde del abismo. Les ha pasado con la reforma laboral, pero también con la prórroga de los estados de alarma o con los fondos europeos. ¿Considera que ERC es un socio fiable para el Gobierno?
Agradezco la actitud que han tenido tanto ERC como el PNV durante toda esta legislatura. Creo que deben hacer una reflexión sobre su voto en contra a la convalidación de un acuerdo entre los agentes sociales. Estoy convencido de que hay muchos votantes de ERC y del PNV que no comparten el voto en contra a una reforma laboral que lo que hace es mejorar y dignificar las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras, tanto en Catalunya como también en el País Vasco. Esto no lo digo yo, se lo hicieron saber también los sindicatos, por ejemplo a ERC, que es por quien me pregunta, tanto UGT como CCOO.
Hablaba antes de reforzar la coalición. ¿Va a gobernar la coalición hasta las próximas elecciones o se va a romper antes?
El Gobierno de coalición goza de una buena salud porque está hecho de un material que es resistente: avanzar en términos de derechos sociales y también de libertades, que es lo que estamos haciendo a lo largo de estos dos años de legislatura. Es cierto que somos dos organizaciones políticas que tenemos culturas diferentes. Es cierto que la socialdemocracia representa esa izquierda reformista y que Unidas Podemos es un partido político que está en ese tránsito a convertirse en un partido de gobierno, proviene del activismo y ahora está en ese tránsito, y gobernar significa conciliar lo deseable con lograr el máximo de lo posible.
En esa vida interna de la coalición, ¿se entiende mejor ahora con Yolanda Díaz que antes con Pablo Iglesias?
Soy respetuoso con mi socio de gobierno y evidentemente tengo una extraordinaria relación tanto con la vicepresidenta Yolanda, como tuve también en su momento con el vicepresidente Iglesias.
¿Le preocupa que su vicepresidenta de Trabajo y probable rival electoral sea la ministra más valorada del Gobierno, o cree que esa buena imagen de Yolanda Díaz entre muchos votantes progresistas es una buena noticia para el Gobierno de coalición en su conjunto?
Es una buena noticia para todos el que las dos formaciones políticas que ahora mismo conformamos el Gobierno tengamos liderazgos claros, reconocibles para el electorado progresista. Eso demuestra de nuevo la buena salud del Gobierno de coalición, que contrasta, por cierto, con la pésima salud de gobiernos de coalición conservadores que estamos viendo en distintos territorios.
Se han precipitado las elecciones en Castilla y León precisamente por una ruptura de un gobierno de coalición entre el Partido Popular y Ciudadanos, ocurrió otro tanto de lo mismo en Murcia, también en la Comunidad de Madrid.
¿Qué se juega el PSOE y el Gobierno en las elecciones de este domingo en Castilla y León?
Estamos viendo claramente una convocatoria precipitada de las elecciones por parte del Partido Popular con un único interés: exclusivamente el interés del Partido Popular. Entre medias, se ha abierto una gran ventana de oportunidad al cambio, que, por cierto, mayoritariamente la ciudadanía en Castilla y León durante las elecciones autonómicas del año 2019 ya dijo que quería ese cambio, que quería poner fin a 35 años de gobierno conservador. Por eso ganó el PSOE y por eso fueron posibles entonces mayorías parlamentarias alternativas que, por desgracia, no se produjeron como consecuencia de una decisión que tomó Ciudadanos entonces.
Si se concentran los votos del cambio en el partido que puede propiciar ese cambio, que es el PSOE, ese cambio tendrá lugar. El diagnóstico que hacemos es que Castilla y León necesita un cambio y que lo que no necesita es precisamente un nuevo baile de sillas, en esta ocasión no entre el PP y Ciudadanos, sino entre el PP con Vox.
¿Qué supondría para España la entrada de Vox en un gobierno autonómico?
Primero vamos a tratar de que eso no ocurra. Sería un deterioro y un debilitamiento clarísimo, no solamente de los pilares del estado del bienestar, que están en manos de las comunidades autónomas. Estaríamos hablando de un paso inédito en la política europea, el primero en la política española, de un abrazo del oso del Partido Popular a Vox. Creo que sería una mala noticia para Castilla y León y también una pésima noticia, en el medio plazo, para el Partido Popular.
¿Ve probable que Rusia invada Ucrania?
Espero que no sea así. El ministro de Asuntos Exteriores está viajando a Ucrania para reunirse con su homólogo. Hace unos meses, en la cumbre del Partenariado Oriental, explicité al presidente Zelenski el respeto y la defensa que hace España de la integridad territorial, en este caso de Ucrania.
Puede haber ciudadanos españoles que consideren que por la lejanía geográfica de España respecto a Ucrania y a Rusia esta crisis no nos interpela de una manera directa. Creo que es una equivocación.
El Gobierno de España desde el primer minuto ha manifestado que Rusia tiene que respetar, sin duda alguna, la legalidad internacional, que es la que se está poniendo en cuestión. La amenaza a través de esa acumulación de batallones en las fronteras con Ucrania está poniendo en cuestión la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, es decir, de un tercer país. Además de esa legalidad internacional, estamos trabajando lógicamente por la vía diplomática y por la desescalada para que no se produzca efectivamente ese choque bélico.
En el caso de que ocurra, en el peor escenario, un conflicto militar abierto, ¿estaría dispuesta España a enviar más tropas a la zona?
Entrar ahora mismo en el territorio de las especulaciones no procede. Lo importante ahora es trasladar a Rusia la unidad de Europa y de la Alianza Atlántica. Rusia está poniendo en cuestión la arquitectura de la seguridad europea que pusimos en marcha después de la segunda guerra mundial. Está planteando que los límites de la OTAN vuelvan a la década de los 90. Es decir, que los países bálticos, o Polonia, no formen parte de esa Alianza Atlántica. Eso no es aceptable por parte de la Unión Europea, ni por parte de los aliados en el marco de la OTAN.
Ahora bien, España, junto con Europa y el resto de países de la Alianza Atlántica estamos apostando por desescalar: por la vía diplomática, por el diálogo y por tratar de reconducir un conflicto que no ha buscado ni Ucrania ni Europa.
¿Debería la OTAN dejar claro que Ucrania no va a formar parte de la alianza o cree que esa petición de Rusia es inadmisible?
Cuando hablamos del respeto a la soberanía nacional estamos hablando de que un país es soberano para decidir qué política internacional y qué relaciones internacionales decide. Por eso creo que es importante trasladar a Rusia que no es aceptable que Rusia imponga una política internacional a un tercer país, acorde con sus legítimos intereses, pero que no son los legítimos intereses de Ucrania.
A la iglesia también le interesa que se depuren responsabilidades
¿Cuál es el objetivo de la investigación que propone de la pederastia eclesial a través del Defensor del Pueblo? ¿Se van a señalar a los culpables con nombres y apellidos? ¿Va a haber compensaciones para las víctimas?
Este es un Gobierno clara y rotundamente comprometido con la defensa de los derechos de los menores. Hemos aprobado una importante ley en las Cortes Generales de protección de la infancia y de la juventud frente a todo tipo de violencia. Uno de los principales hitos de esta ley representa la eliminación de la prescripción de este tipo de delitos conforme pasen los años, pero evidentemente esto no tiene carácter retroactivo.
En este caso concreto estamos hablando de abrir una investigación, que ha sido demandada por las víctimas, que claramente pone el foco en un problema que se viene arrastrando en términos históricos por parte de víctimas que estudiaron en colegios vinculados con la Iglesia católica.
No solamente está el interés de la sociedad española, sino que también interesa a la Iglesia católica en España que se puedan depurar estas responsabilidades y aclarar lo sucedido. Esto creo que será bueno también para la Iglesia católica.
¿Por qué la Iglesia católica va tan tarde en relación con las iglesias católicas de Francia, de Polonia o de Estados Unidos, que han abierto mucho antes procesos de investigación internos?
Es verdad que todo este debate, tanto en España como en otras partes del mundo, se produce tarde porque estamos hablando de hechos que en la mayor parte de los casos muy probablemente hayan prescrito, pero razón de más para no tardar más y poner en marcha este tipo de investigaciones. Nosotros lo queremos hacer, respondiendo a su primera pregunta, con el objetivo, en primer lugar, de escuchar y comprender a las víctimas, en segundo lugar, de reparar el daño causado a las víctimas, y en tercer lugar, de poner medios para que estas situaciones no se vuelvan a repetir en el futuro. Este es el objetivo: atender a las víctimas porque estamos en deuda con ellas. La sociedad española está en deuda con ellas y somos una democracia madura y estamos lo suficientemente capacitados como para poder abordar con rigurosidad, con sensibilidad, este tipo de debates.
Nosotros hemos propuesto que sea el Alto Comisionado de las Cortes Generales, que es el Defensor del Pueblo, quien lidere la investigación, junto con el apoyo de una comisión independiente y de asesoramiento. Y que rinda cuentas ante las Cortes Generales.
¿Por qué creen que ese es el mejor método para esta investigación?
Lo fundamental es atender a las víctimas y por tanto propiciar y construir espacios de testimonio seguros, lo suficientemente confidenciales como para que puedan expresar su dolor y ser escuchados y atendidos, en este caso por una institución tan importante como, insisto, es el Defensor del Pueblo. A partir de ahí, el Defensor del Pueblo elevará su informe resultante a las Cortes Generales y al Gobierno de España para que podamos articular las medidas de respuesta: restaurar el daño a las víctimas y poner en marcha las medidas que eviten que estos hechos tan lamentables vuelvan a producirse.
¿Está conforme con el resultado de la negociación con la Iglesia por los bienes inmatriculados por aquella reforma que hizo en su momento Aznar? La Conferencia Episcopal ha reconocido que hay un millar de las propiedades que en su momento inmatriculó erróneamente pero que no puede devolver porque ya no están en su poder.
Ese es el primero de los pasos, pero evidentemente seguimos trabajando con la Conferencia Episcopal, precisamente para seguir aclarando la situación de propiedad de alguno de estos inmuebles. Por tanto, creo que esa mesa de trabajo conjunta sigue abierta y continuaremos trabajando con rigor, que es lo que estamos haciendo hasta ahora.
¿La Iglesia debería pagar el IBI?
Otra de las mesas de trabajo que tenemos con la Conferencia Episcopal es precisamente cómo podemos revisar, sus responsabilidades con el fisco en alguno de estos extremos. Espero que, durante los próximos meses, podamos dar una respuesta mucho más concreta a esta cuestión que usted plantea.
¿Va a seguir subiendo el precio de la luz? ¿Hasta cuándo?
Lo que nos dicen todas las previsiones es que a lo largo de los próximos meses va a continuar subiendo. Desde el punto de vista del Gobierno de España se han tomado medidas para amortiguar esa evolución del precio de la luz. Estamos haciendo un esfuerzo ímprobo en el ámbito fiscal para amortiguar esa evolución y elevar la protección a los consumidores vulnerables. Y, evidentemente, hay una dimensión distinta, que es la europea, donde el Gobierno de España, desde hace ya unos cuantos meses, viene defendiendo la necesidad de reformar el mercado energético para, de alguna manera, separar la evolución del precio del gas de la evolución del precio de la electricidad.
¿Y hay avances en Europa con esa petición? Porque la crisis de Ucrania está provocando subidas todavía mayores del precio del gas.
No solamente eso, sino que además lo que estamos viendo es que el gas, que ahora mismo efectivamente está sufriendo una tensión y un incremento muy importante en el precio, está condicionando el precio de toda la energía. En España hemos aumentado en casi 10 puntos la producción de energía eléctrica renovable en este último año. Estamos en torno a un 46%. Somos de los países que más electricidad producimos de fuentes de energías renovables.
Toda esta crisis del gas nos demuestra que tenemos que seguir aumentando el grado de penetración de las energías renovables en nuestro sistema eléctrico. Y eso es lo que está haciendo el Gobierno de España, apostando también por energías alternativas, como es el hidrógeno verde, que hoy no cuentan con toda la tecnología suficiente, pero que en unos años pueden convertir a España en un país exportador de energías renovables y de hidrógeno verde.
Estamos a la espera de cuáles son los informes y las comunicaciones futuras que vaya a poder plantear la Comisión Europea, pero el Gobierno de España tiene claro que tenemos que reformar nuestro sistema energético y desacoplar la evolución del precio del gas de la evolución del precio de la electricidad. Y tenemos que mandar un mensaje claro, rotundo, de que no se puede calificar como verde lo que no es verde. La inversión en energía nuclear, la inversión en combustible fósil como es el gas, no puede ser considerada en la taxonomía como una energía verde. A eso España se opone y, lógicamente, nosotros haremos valer nuestra voz en el Consejo Europeo y en el Parlamento Europeo.
¿Entiende la política del PP de desprestigiar a España y sus instituciones con el lanzamiento de dudas sobre la gestión de fondos europeos? ¿Esto cala en Europa o es recibido con escepticismo?
Afortunadamente, el Gobierno de España es el primero en hacer los deberes de los fondos europeos. Hemos tenido una conversación constante desde el primer minuto en la definición de los planes para vehicular todos estos fondos europeos, de las reformas que estamos poniendo en marcha. Pero insisto, no es bueno para España que el principal partido de la oposición pierda crédito ante las instituciones comunitarias, que es lo que está ocurriendo.
En todo caso, no deja de ser algo bastante parecido a lo que ocurrió en los años 80 y 90, cuando el Partido Popular, entonces también en la oposición, criticaba como pedigüeños a los gobiernos socialistas que consiguieron fondos europeos, en este caso los fondos estructurales y de cohesión, que lograron mejorar la competitividad y la modernización de nuestra economía. Hoy se equivocan, como se equivocaron entonces. Estos fondos europeos son una gran oportunidad para nuestro país y, desde luego, nosotros no la vamos a desaprovechar.
¿Están llegando esos fondos europeos a las empresas? Hay críticas de que el procedimiento es lento, que no llega el dinero con la fluidez necesaria.
Hay que ponerse en la piel de todas las instituciones, no solamente el Gobierno de España, sino también de las comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos. Tenemos que ser conscientes de que nosotros empezamos a recibir los fondos en el segundo semestre del año pasado y que la voluntad política del Gobierno de España era poner de alguna manera los raíles de lo que va a ser las vías, los conductos a partir de los cuales se van a vehicular todos estos fondos europeos, sobre todo en el año 2022 y en el año 2023.
Estamos hablando de 70.000 millones de euros, pero en todo caso, lo que sí que puedo trasladar es que muchos de esos fondos llegarán precisamente a la pequeña y mediana empresa en nuestro país. Hoy, por ejemplo, hemos aprobado en el Consejo de Ministros un PERTE, un proyecto estratégico, vinculado con una industria muy importante en nuestro país, como es la agroindustria, que en nuestro país sobre todo está conformada por cooperativas, por economía social y por pequeña y mediana empresa.
¿Va a subir el SMI a 1000 euros? ¿Va a entrar en vigor esa medida con efecto retroactivo desde el 1 de enero?
Esa es la propuesta y esa es la ambición del Gobierno de España. Nuestro objetivo es claro: llegar al 60% del salario medio al final del año 2023. Yo siempre he definido a este gobierno como un gobierno de palabra y de acción. Nosotros decimos lo que hacemos y hacemos lo que decimos. Dijimos que íbamos a llevar el salario mínimo al 60% a final de la legislatura y estamos en el camino, precisamente, de lograr ese objetivo.
Si algo ha demostrado la evolución de los datos de empleo y también, lógicamente, la evolución del salario mínimo interprofesional, es que no hay una contradicción entre el ritmo de creación de empleo y la elevación del salario mínimo interprofesional. Al contrario, lo que hay es un mecanismo muy potente de predistribución de esa riqueza, que es lo que está haciendo el Gobierno de España.
Estamos actuando en los dos frentes. Estamos actuando en ese frente de predistribución, pero también estamos actuando en el frente de la recuperación económica justa. Es decir, repartir esas oportunidades y ese crecimiento en torno a las capas más débiles de la sociedad y también de los territorios. Hoy mismo, en el Consejo de Ministros también hemos presentado un informe muy importante, que llevaremos a la Conferencia de Presidentes en la Isla de La Palma y es el grado de evolución y de evaluación de las 130 medidas vinculadas con el desarrollo del Plan de Reto Demográfico.
¿Juan Carlos I está mejor dentro o fuera de España?
Este es un debate que efectivamente hemos tenido a lo largo de estos últimos meses. Yo respeto la decisión del rey Juan Carlos de salir de España, como respeto también, lógicamente, la investigación que está liderando la Fiscalía General del Estado.
¿En caso de que volviera, debería pedir perdón el rey emérito a los españoles?
Yo creo que en esto he sido claro. Creo que el rey Juan Carlos debe una explicación a la sociedad española y creo, además, que esto no es contradictorio con la manifestación que he hecho desde el minuto uno de que se iniciara esta crisis. Mi compromiso con la Constitución española, con la arquitectura constitucional y, por tanto, con la institución de la Casa Real es total, es absoluto, en el sentido de que, lógicamente, aquí, en todo caso, se está debatiendo sobre la persona y no sobre la institución.
Se ha comprometido a impulsar una ley para abolir la prostitución. ¿En qué medidas está pensando? ¿Es arriesgado prometer la desaparición de la prostitución si ni siquiera tiene el consenso de fuerzas como Unidas Podemos o ERC?
La abolición de la prostitución es un compromiso del Partido Socialista Obrero Español. Siempre de los congresos del Partido Socialista han salido muchas leyes que entonces parecían sueños, pero que luego, afortunadamente, se han convertido y se han materializado en las Cortes Generales siempre que hemos gobernado los socialistas. Simplemente por recordarle, de los congresos del Partido Socialista salió el debate del ingreso mínimo vital, que hoy es una realidad; de los congresos del Partido Socialista ha salido el compromiso de aprobar una ley de muerte digna de eutanasia, hoy es una realidad; de los congresos del Partido Socialista salió aprobar una ley de lucha contra la violencia de género, hoy es una realidad; y pasará lo mismo con la abolición de la prostitución.
Antes pedía al PP que cumpliera con la Constitución y su obligación de renovar el CGPJ, que lleva en funciones más de tres años. ¿Deberían dimitir los vocales del CGPJ para forzar al PP a cumplir la Constitución?
Yo, como presidente del Gobierno debo llevar a la práctica el absoluto y escrupuloso respeto en la división de poderes, por deber y por convicción. Lo que hagan los vocales del Consejo General del Poder Judicial tendrán que ser ellos los que lo mediten, lo piensen y lo hagan, en caso de que, efectivamente, tomen la decisión que usted antes indicaba. Por mi parte, absoluto respeto a la situación actual, que ya de por sí es bastante cuestionable por el bloqueo del PP. En un momento de crisis como el que estamos viviendo, todos los partidos políticos deberíamos contribuir a la legitimación y a la consolidación de las instituciones democráticas de nuestro país.
El bloqueo del Partido Popular, el incumplimiento y la insumisión a la Constitución Española no tiene parangón en Europa. Lo que hace es contribuir al cuestionamiento y al debilitamiento de la democracia. Esto no es nuevo, lo estamos viendo también con las críticas injustificadas que están haciendo a la presidenta del Congreso de los Diputados, diciendo que es un pucherazo, que estas cosas ocurren en España al igual que ocurren en países latinoamericanos. La gravedad de estas acusaciones creo que merecerían una reflexión por parte del Partido Popular.
La devaluación, la degradación del debate político a la que están llevando el Partido Popular y Vox, a partes iguales, muchos de los debates que se están sustanciando, ya sea en el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial y su renovación, o ya sea en el resultado de una votación que convalidó el Real Decreto Ley como consecuencia de un error de un diputado del Partido Popular, me parece que es algo que no tiene parangón en Europa.
¿Usted, como diputado, se ha equivocado alguna vez al votar?
Yo me he equivocado.
¿Conoce a algún diputado al que no le haya pasado alguna vez?
Estoy convencido de que más de un 90% de los diputados que en alguna ocasión han tenido responsabilidades en las Cortes ha cometido un error. Por tanto, estamos hablando de eso, de un error material. Pero eso no tiene por qué poner en cuestión ni la legitimación de un resultado, de una votación, en el Congreso de los Diputados, ni mucho menos poner en cuestión el trabajo extraordinario que está haciendo la Presidencia del Congreso.
¿Usted cree que el Partido Popular, cuando ve ese error de su diputado, es consciente de que UPN iba a votar lo que votó?
Eso tiene que responderlo el Partido Popular, como también tienen que responder los dos diputados de UPN, por qué durante la mañana no dijeron claramente que iban a votar que no. y en cambio, reiteradamente, al presidente de UPN le dijeron que iban a votar que sí y a los medios de comunicación, públicamente, les dijeron que iban a votar que sí.
¿Da por terminada la pandemia o podemos tener nuevas olas que vuelvan a provocar restricciones a medio plazo?
No puedo responder a esa pregunta. Desgraciadamente no tenemos todavía la respuesta, pero sí que empezamos a ver que tenemos bases sólidas para ir avanzando progresivamente hacia la superación de la pandemia. No solamente por los índices de vacunación y las dosis de refuerzo, también por las propias condiciones de esta nueva variante del ómicron, que claramente no se han traducido en una mayor hospitalización y en un mayor número de ocupación de UCI.
A partir de ahí, me parece conveniente el debate lanzado por el Gobierno de España en el seno de la Unión Europea y la Organización Mundial de la Salud. Tenemos que construir ese puente hacia la gestión de esta pandemia como una enfermedad endémica. Es un debate necesario, porque efectivamente hoy estamos mucho mejor de lo que estábamos hace dos años.
Como presidente, ¿usted qué lección ha aprendido de una gestión tan difícil como la de estos dos años de pandemia?
Ciencia, estado de bienestar y unidad. Yo creo que esos tres elementos son fundamentales. La lección de que tenemos que fortalecer a la ciencia en nuestro país. Lo vamos a hacer con una nueva ley de ciencia. En segundo lugar, la necesidad de reforzar el estado de bienestar y en particular nuestro Sistema Nacional de Salud y especialmente la atención primaria. Esa es una de las lecciones que tienen que extraer las comunidades autónomas, que han derivado mucho de su inversión hacia la atención hospitalaria en detrimento de la atención primaria. Y por último, la unidad. La unidad, como decíamos antes, por ejemplo, con los agentes sociales para llegar a trece acuerdos muy importantes de puesta en marcha de ERTEs, de prestaciones de autónomos, de créditos ICO, que hemos ido prorrogando y que han salvado cientos de miles de empresas y millones de puestos de trabajo. Pero también la unidad de muchos partidos políticos que, con muchas dificultades, han apoyado estas medidas.
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