PP y Ciudadanos han vetado más de 50 iniciativas en el Congreso escudándose en los presupuestos
El Gobierno ha batido todos los récords de vetos a iniciativas de la oposición. Mariano Rajoy lleva más de 50 negativas a la tramitación de propuestas en el Congreso –una potestad que le atribuye la Constitución para frenar el debate parlamentario de medidas que supongan un aumento del gasto no previsto–.
En lo que va de legislatura (desde octubre de 2016), el Ejecutivo, con el respaldo de PP y Ciudadanos, ha frenado 57 proposiciones de ley. Esa cifra duplica los vetos que llevó a cabo José Luis Rodríguez Zapatero en su último mandato, fundamentalmente tras los recortes que impuso a partir de 2010.
Rajoy supera a todos sus predecesores antes de llegar al ecuador de la legislatura, según recoge Europa Press: los gobiernos de la UCD, en la primera legislatura 1979-1982, presentaron 23 vetos a proposiciones de ley, mientras que el Ejecutivo socialista de Felipe González sólo recurrió a esta vía en su primera etapa (1982-1986) para bloquear 22 proposiciones de ley. El Gabinete de José María Aznar, en cambio, nunca llegó a vetar leyes de la oposición. El propio Rajoy no usó ese mecanismo durante su primer mandato dado que su mayoría absoluta le permitía rechazar todas las iniciativas de la oposición.
No obstante, el Gobierno cuenta con la connivencia del PP y de Ciudadanos en la Mesa del Congreso. Los vetos de Moncloa se revisan después en el órgano que se encarga de pilotar la actividad parlamentaria y en el que los de Rajoy y Albert Rivera tienen mayoría (cinco miembros por los cuatro de PSOE y Unidos Podemos).
Los vetos: pensiones, paternidad o exhumaciones
El Gobierno ha vetado iniciativas muy variadas en estos diecisiete meses: desde el apoyo a emprendedores o el autoconsumo energético y la derogación del 'impuesto al sol' hasta la ampliación de los permisos de paternidad, la supresión de las tasas judiciales o la propuesta para que el Estado asuma las exhumaciones de la guerra civil y la dictadura, entre otras.
La justificación del Gobierno, así como de sus aliados parlamentarios, es que esas iniciativas suponen un aumento del gasto presupuestario no previsto. Sin embargo, algunas de las reclamaciones de la oposición tampoco se verán reflejadas en las cuentas públicas que Cristóbal Montoro llevará al Congreso tras la semana santa.
Es el caso de la subida de las pensiones. El Gobierno justifica en su veto a la propuesta de que se vincule su aumento al incremento del IPC que supone una desviación presupuestaria, pero a la hora de sacar adelante los presupuestos, Hacienda ha planteado una subida de hasta el 3% de las pensiones mínimas y no contributivas. La exigencia de miles de personas de armonizar las pensiones al IPC será únicamente para quienes reciban menos de 9.800 euros anuales (en esos casos aumentarán un 1,5% en 2018) mientras que hasta los 12.040 euros solo crecerán el 1%.
Pugna PP-Cs: desbloqueo de iniciativas
Por ahora los de Rivera se han desmarcado del PP en dos vetos: el de la derogación de la LOMCE y el de los cambios en el Estatuto de los Trabajadores en la parte que afecta a los trabajadores subcontratados. El Gobierno ha reconsiderado su posición en cuatro ocasiones y, en el caso de la regla de gasto para los ayuntamientos, llegó cuatro minutos tarde. El Tribunal Constitucional tendrá que pronunciarse sobre el uso que el Ejecutivo está realizando de ese mecanismo tras sendos recursos de amparo presentados por Unidos Podemos y el PSOE.
Pero la de los vetos no son la única fórmula que han utilizado PP y Ciudadanos para paralizar la actividad parlamentaria sino que también han apostado en este tiempo por prorrogar continuamente los plazos para la presentación de enmiendas con los que las iniciativas que llegaban a admitirse a trámite se han quedado meses en el cajón.
Ciudadanos optó por desbloquear algunas de esas iniciativas para marcar distancias con el PP en un momento de auge demoscópico. Una de ellas fue la ley mordaza, una reforma legal que aprobó el PP con mayoría absoluta y de la que toda la oposición quiere la derogación, al menos, de sus aspectos más polémicos. El PP contraatacó desbloqueando el trámite de otras medidas, como la derogación de la prisión permanente revisable o la ley de secretos oficiales.
La oposición denuncia que el PP trata con “desprecio” al Parlamento. Uno de los primeros rifirrafes de la nueva etapa política fue, de hecho, el plante del Gobierno en funciones a las Cortes durante el periodo del gobierno en funciones. El PSOE llegó a recurrir ante el Tribunal Constitucional.
Más cerca del control al Gobierno en funciones
La semana pasada el pleno del Congreso dio el primer paso para evitar esa inédita situación al admitir a trámite una iniciativa del PNV que plantea una modificación de las normas que rigen el funcionamiento del Gobierno y los altos cargos para que quede claro en la ley que deben someterse al control parlamentario incluso en los periodos de interinidad. Todos los grupos, excepto el PP, apoyaron la iniciativa.
Sin embargo, el PSOE tuvo una posición diferente en Andalucía, donde los socialistas votaron en contra de una propuesta similar para que Susana Díaz –el el Gobierno andaluz en cada momento– tenga que comparecer en el Parlamento en el caso de estar en funciones, como sucedió en los casi tres meses que tardó en lograr un acuerdo para quedarse en San Telmo. El portavoz del PSOE-A, Mario Jiménez, planteó “dudas sobre la constitucionalidad” de la propuesta presentada, en ese caso, por Podemos.
