Puigdemont verá desde el 'gallinero' de la Eurocámara el trámite de su suplicatorio

Son 27, ahora que se marchan los 23 del Partido del Brexit de Nigel Farage. Y son de todo el arco ideológico. Son los No Inscritos del Parlamento Europeo, entre los cuales se encuentran Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí por no haber podido entrar en los Verdes/ALE: retiraron la petición de ingreso al constatar que dos tercios del grupo, empezando por sus copresidentes, Ska Keller y Philippe Lamberts, no apoyaban su ingreso –“por cultura política y por no compartir nuestra posición de diálogo en Catalunya”, dijo Keller–.

Los No Inscritos no son como el Grupo Mixto del Congreso de los Diputados. Porque no son un grupo. Son una suma de personas individuales. Y están desde los comunistas griegos del KKE hasta los neofascistas griegos de Aurora Dorada; desde los ultras flamencos del Vlaams Belang, hasta los ultras húngaros del Jobbik, pasando por el M5S italiano. Son 27 de siete países, en realidad reúnen los requisitos cuantitativos para formar un grupo propio, pero les falta el cualitativo: la homogeneidad ideológica.

Y desde ahí, en las últimas filas de una Cámara de 705 eurodiputados, Puigdemont y Comín observarán la evolución de su suplicatorio, cuyo arranque está previsto para la semana del 17 de febrero, aunque aún no es definitivo del todo.

Ser parte de un grupo es fundamental, porque facilita la presencia en los órganos de gobierno de la Eurocámara, en las comisiones, ayuda con las listas de voto –una de las cosas más complicadas del trabajo parlamentario–, permite compartir personal técnico o recursos económicos y da capacidad para presentar resoluciones. Los No Inscritos no pueden ser ponentes, ni asistir a la conferencia de presidentes de la Eurocámara, además de estar sentados en un extremo del Parlamento. En definitiva, afecta a la visibilidad física y política. Para formar un grupo se requiere un vínculo político e ideológico: los de conveniencia, como el Grupo Técnico de Independientes, que han existido en el pasado, ya no están permitidos.

¿Llamarán los líderes independentistas a otra puerta? Es difícil que Puigdemont y Comín hagan más movimientos de forma oficial salvo que tengan asegurada la entrada. De momento, como dijo Puigdemont en una entrevista con eldiario.es, está totalmente descartado su intento de ir con sus aliados de la N-VA al ECR. Además de que Vox haría todo por impedirlo, la contradicción sería imposible de digerir para todos.

Hay otro grupo, el GUE/NGL, el de la Izquierda Unitaria, con alguno de cuyos miembros Puigdemont y Comín han tenido sintonía. Por ejemplo, con Die Linke. El partido de la izquierda alemana les ha apoyado mucho en Alemania, del mismo modo que siempre han mostrado su solidaridad partidos del GUE/NGL como EH Bildu, Sinn Fein o el Bloco de Esquerda portugués.

¿El problema? Que la cultura política del PDeCAT y Junts poco tienen que ver con la tradición marxista o comunista de los integrantes del GUE/NGL.

Cómo funcionan los suplicatorios en Bruselas

Si las autoridades nacionales solicitan al Parlamento Europeo la suspensión de la inmunidad de un diputado, cosa que ya ha pasado en el caso de Puigdemont y Comín, el presidente del Parlamento comunica –como ya ha hecho– en sesión plenaria que ha recibido el suplicatorio correspondiente y lo remitirá a la comisión parlamentaria competente para el fondo, que es la comisión de Asuntos Jurídicos (JURI).

La presidenta de JURI en la actualidad es una liberal demócrata británica, Lucy Nethsingha, que ya ha hecho las maletas, por lo que es previsible que la sustituya otra persona de su familia política. En este sentido, hay movimientos para que sea sustituido por alguien de Ciudadanos –La Vanguardia publicó que el favorito era Adrián Vázquez, eurodiputado que entra tras el Brexit–, pero la incertidumbre aún durará unos días, y hay eurodiputados que piensan que un presidente de Ciudadanos en la comisión del suplicatorio de Puigdemont y Comín puede levantar dudas sobre la imparcialidad de la Mesa durante el proceso.

La comisión podrá pedir toda información o explicación que considere necesaria –está previsto que la comisión arranque sus trabajos en la semana del 17 de febrero–. Y Puigdemont y Comín tendrán la oportunidad de ser oídos y podrán presentar documentos o cualquier otra prueba escrita.

A puerta cerrada, la comisión aprobará un documento en el que recomendará al Parlamento como institución que apruebe o desestime el suplicatorio, es decir, que suspenda o mantenga la inmunidad de Puigdemont y Comín.

Durante la sesión plenaria subsiguiente a la decisión de la comisión, el Parlamento tomará una decisión por mayoría simple. Tras someterse la cuestión a votación, el presidente comunicará la decisión Puigdemont y Comín, así como a las autoridades competentes del Estado miembro en cuestión. Todo indica que los populares, socialistas y liberales podrán sumar mayorías en cada votación a favor de la concesión de los suplicatorios. Pero hay que votar.

La pertenencia a un grupo presupone estar arropado por una comunidad. Pero no necesariamente garantiza ganar o perder un suplicatorio. La alianza pro independentista catalana en la Eurocámara es transversal. Hay partidos y diputados de todos los grupos a favor y en contra. “Creo que tenemos un caso potente para defender su inmunidad”, ha dicho Keller.

Por otro lado, el sistema dos suplicatorio en el Parlamento Europeo tiene diferentes fases. La primera, es un paso por la Comisión de Asuntos Legales, que examinará el caso y en la que intervendrán los diputados afectados, independientemente de su pertenencia o no a un grupo.

Después de esa fase, en función de si la Comisión da vía libre el procedimiento, se produce el voto en el pleno. Y el voto no será sólo sí o no a su entrega a la justicia española, o sí o no al independentismo: los eurodiputados sabrán que si votan sí al suplicatorio pueden estar enviando a Puigdemont y Comín a la cárcel al menos doce o trece años por el 1-O, en función de la sentencia del procés del Tribunal Supremo.

Pero, aún en el caso de que la Eurocámara aprobara el suplicatorio, aún quedaría pendiente la aprobación de la euroorden por parte de la justicia belga.

El propio Puigdemont explicaba en una entrevista con eldiario.es su opinión sobre el suplicatorio: “Tenemos razones jurídicas, políticas e incluso técnicas para que no prospere. Quiero añadir una más: si realmente debemos creer el compromiso que contrajo el presidente Pedro Sánchez en su debate de investidura sobre contribuir a desjudicializar la política, sería coherente esperar que los socialistas españoles rechacen lo que es una consecuencia directa de la judicialización de la política”.

¿Se lo va a pedir a los eurodiputados del PSOE? “Cuando llegue el momento voy a pedirlo. Y creo que también hay que pedirle a Pedro Sánchez eso. ¿Exactamente qué significaba su compromiso de desjudicializar la política? Nosotros no hemos cometido ningún delito, y justamente fuimos al corazón de Europa para poder defendernos con garantías. Lo hemos podido hacer. Algo quiere decir eso. Vamos a continuar por ahí. El Parlamento deberá decidir, en primer lugar, el procedimiento del suplicatorio. Si España ha hecho las cosas bien o no. Y luego la pertinencia o no de ese suplicatorio. Nuestro humilde consejo es que se miren muy bien dos o tres veces las cosas”.

Puigdemont argumentaba que la euroorden dictada por el juez Llarena no es adecuada porque no es el juez competente: “Desde que somos eurodiputados tenemos inmunidad pero no somos aforados. Por tanto, el juez Llarena no es el juez competente; el Tribunal Supremo no es la jurisdicción competente ni para detener ni para mandar una orden de detención europea, ni para mandar un suplicatorio. Es un error de manual. Quien finalmente debería dirigirse a la presidencia del Parlamento Europeo es el Ministerio de Justicia, cosa que tampoco ha hecho. El Consejo de Estado dejó claro que la autoridad competente en España para elevar a la presidencia del Parlamento Europeo un suplicatorio de suspensión de la inmunidad es el Ministerio de Justicia. Y no sale en ningún sitio. En primer lugar, hay que acreditar si una cosa tan importante para el respeto de la ley como es el juez competente, la jurisdicción competente, es respetado o no. Entendemos claramente que no, lo demostramos que no, y este será el primer gran test para comprobar el itinerario que va a tener esta petición de levantar la inmunidad”.