Dosis que sobraron, dirigentes obligados o por dar ejemplo: todas las coartadas para colarse en la vacunación

En su plan de vacunación, el Ministerio de Sanidad estableció que en la primera fase, la que se inició el 27 de diciembre y que concluirá este domingo, los únicos colectivos a los que se les debía administrar la vacuna contra la COVID-19 por parte de las comunidades autónomas –que tienen transferidas las competencias en Sanidad– eran los mayores que viven en residencias, los trabajadores sanitarios de estas y el personal sanitario y sociosanitario de primera línea o que está en contacto estrecho con posibles casos de coronavirus. 

En las últimas semanas, sin embargo, se han conocido múltiples casos de personas que no forman parte de ninguno de esos grupos y que han sido vacunados, saltándose los protocolos. Entre ellos, el ya ex Jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad), Miguel Ángel Villarroya –que este sábado presentó su dimisión por su actuación, asegurando que había cumplido los “protocolos establecidos”, unas directrices específicas para los militares que no se han hecho públicas, al igual que en el caso de otros cargos militares– dos consejeros de Salud –los de Murcia y Ceuta, los dos del PP– varios alcaldes –de PSOE, PP o Junts–, altos cargos de distintas administraciones y otros profesionales. Todos ellos han justificado haber vulnerado las normas establecidas por Sanidad con distintas coartadas.

El 5 de enero, una semana después de que comenzara la vacunación, elDiario.es reveló que una residencia concertada de la Comunidad de Madrid, Casablanca Valdesur, situada en el municipio de Valdemoro, había vacunado a familiares de los residentes saltándose los protocolos, argumentando que les sobraban dosis. “Con el único ánimo de aprovechar el 100% de las dosis recibidas y proteger al máximo a los mayores de nuestras residencias, se ha vacunado a varios sacerdotes que nos asisten espiritualmente en los centros del grupo, voluntarios que están en contacto con los mayores de forma habitual y algunos mayores de riesgo familiares de algunos empleados”, explicó en un comunicado el grupo Casablanca, dueño de la citada residencia, un día después.

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso abrió entonces una investigación y, el pasado día 13, concluyó que, pese a las afirmaciones del geriátrico, solo fueron dos las personas vacunadas de forma irregular en la residencia Casablanca Valdesur.

Cuando este viernes elconfidencialdigital reveló que el entonces Jemad, Miguel Ángel Villarroya; el Jefe del Estado Mayor Conjunto (JEMACON), Fernando García González-Valerio; y el Comandante del Mando de Operaciones (CMOPS), Francisco Braco Carbó, ya se habían puesto la primera dosis de la vacuna, fuentes del Ministerio de Defensa explicaron a la agencia Europa Press que las Fuerzas Armadas cuentan con su propio cupo de vacunas y que el Estado Mayor redactó un protocolo que prioriza al personal sanitario, a miembros de las misiones internacionales y a la cadena de mando siguiendo un criterio de edad. Siempre según las fuentes antes citadas, dentro de este tercer grupo se encuadraban tanto el Jemad como otros altos cargos militares.

La polémica que generó la noticia sobre la vacunación de esos mandos motivó, no obstante, que la ministra de Defensa, Margarita Robles, pidiera un informe al propio Jemad para conocer las razones de esa vacunación, y que uno de los socios del Gobierno de coalición, Unidas Podemos, reclamara la dimisión de Villarroya. “Si es verdad que el JEMAD (Secretario de Estado) se ha vacunado, debe dimitir o ser cesado por el Presidente. Si el MinDefensa ha elaborado un protocolo que ha permitido a esos mandos vacunarse antes que la población o que otros militares en riesgo, Robles debe dar explicaciones”, escribió este mismo viernes el portavoz adjunto de la formación, Enrique Santiago, en su cuenta de Twitter. También exigieron esa dimisión el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

La presión hizo que Villarroya finalmente presentara su dimisión a Robles, el sábado. En un comunicado, Defensa explicó que el hasta entonces jefe de los ejércitos “nunca” pretendió “aprovecharse de privilegios no justificables”, como el hecho de que se vacunara en una fase en la que no le correspondía según los criterios de Sanidad –aunque aseguró que sí cumplió con los “protocolos establecidos”–, pero se marchaba para “preservar la imagen pública” de las Fuerzas Armadas.

Cese entre elogios al consejero murciano

También dimitió el pasado miércoles, tan solo unas horas después de asegurar que no lo haría, el ya exconsejero de Salud de la Región de Murcia Manuel Villegas, del PP. Un día antes, el martes, se conoció que tanto él como otros 400 cargos de su consejería –entre ellos la pareja sentimental del propio Villegas– se habían vacunado saltándose el protocolo. El miércoles por la mañana, el aún consejero se defendió asegurando que, a su juicio, con las directrices de Sanidad era “difícil saber quién es y quién no es necesario en el ámbito sanitario”. Es por esta razón que decidió vacunar al personal sanitario que no era de primera línea, él incluido. “Es una decisión tomada desde el convencimiento. No ha habido voluntad de ocultar nada ni de dar tratos de favor o privilegio”, dijo.

Horas después y ante la presión ejercida tanto por Ciudadanos, socio del PP en el Gobierno de Murcia, como por la dirección nacional de los populares de Pablo Casado, el miércoles por la tarde Villegas comparecía junto al presidente regional, Fernando López Miras, para anunciar su cese, aunque el presidente autonómico no escatimó en elogios hacia su ya exconsejero, al que no reprochó públicamente su conducta.

El que sigue en su cargo y no piensa dimitir, por el momento, es el consejero de Sanidad de Ceuta, Javier Guerrero. El jueves se supo que él y otros altos cargos del Gobierno de la Ciudad autónoma gobernada por el PP también se habían adelantado al protocolo colándose en la lista de vacunación. Guerrero, médico de profesión, se justificó con estas palabras: “Yo no quería vacunarme, a mí no me gustan las vacunas, pero mis técnicos me lo recomendaron y me lo pidieron, me dijeron que si no lo hacía, ellos tampoco”. También aseguró que se consideraba “personal sanitario de la Consejería, así como la máxima autoridad de Salud Pública”, y argumentó que interviene “en la gestión directa de la crisis sanitaria”, estando “codo a codo con los trabajadores” y no siendo “un consejero de despacho”.

Limitándose a señalar que “no se habría saltado el protocolo”, pero sin dar más detalles, el Ministerio de Sanidad también confirmó este viernes la vacunación del director territorial del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) en Ceuta, Jesús Lopera, según informó elDiario.es. Todavía se mantiene en el cargo.

Sí dimitieron el jueves dos altos cargos del Gobierno vasco, los exconcejales del PNV del ayuntamiento de Bilbao Eduardo Maíz y José Luis Sabas, que hasta su cese ejercían como directores de los hospitales de Basurto y Santa Marina, respectivamente, ambos en la capital vizcaína. “Si en algo me he equivocado, pediros perdón”, se limitó a señalar Maíz en una carta dirigida a la plantilla del hospital. “El Servicio Vasco de Salud-Osakidetza sabía que en Santa Marina todos nos vacunábamos y dimito por sus amenazas”, aseguraba Sabas este viernes, en una entrevista en El Correo.

Ocho alcaldes socialistas

Alcaldes de distintos municipios que se han saltado el protocolo de vacunación y que, a pesar de ello, no han dejado sus cargos, han argumentado que lo hicieron porque sobraban dosis en sus respectivos municipios, una vez vacunados los colectivos designados por Sanidad. Así lo hizo, por ejemplo, el matrimonio formado por los alcaldes socialistas de El Verger, Ximo Coll, y Els Poblets, Carolina Vives, ambos en la provincia de Alicante. Los dos argumentaron que se vacunaron vulnerando las directrices del Gobierno “por aprovechar” las dosis que “habían sobrado”.

Ambos regidores fueron suspendidos de militancia del PSOE, al igual que el también alcalde socialista de la localidad valenciana de Rafelbunyol, Fran López. En este caso, dijo que se había vacunado saltándose el protocolo para “ayudar a dar una sensación de confianza, tranquilidad y seguridad a la ciudadanía”; y la alcaldesa de Torrecampo (Córdoba), también del PSOE, quien aseguró haberse inyectado la primera dosis de la vacuna por ser además presidenta del centro de mayores de la localidad, una condición no contemplada en las directrices de Sanidad.

También ha sido suspendida de militancia la alcaldesa socialista de Molina del Segura (Murcia), quien confesó haberse vacunado y argumentó que lo hizo “como paciente oncológica de alta exposición”, un supuesto que tampoco recoge el protocolo del Gobierno para la primera fase de la vacunación. A todos ellos se suman el alcalde Alcaracejos (Córdoba), del PSOE, quien dijo haberse vacunado al sobrar una de las dosis llegadas hasta su municipio, y el también regidor socialista de Asín (Zaragoza), Rogelio Garcés. Las distintas fuerzas de oposición en los respectivos ayuntamientos han pedido la dimisión de los siete regidores citados. Y este viernes, el PSOE hacía público un comunicado en el que también exigía su cese aunque, al cierre de esta edición, todos ellos se mantenían en sus cargos.

El mismo viernes se conoció, asimismo, que Alberto de Paz, el alcalde de Villavicencio de los Caballeros, un pequeño pueblo de Valladolid, se vacunó contra la COVID-19 junto a dos concejales y el cura de la localidad, saltándose el protocolo elaborado por Sanidad. Lo hicieron junto a los residentes y trabajadores de la residencia de Santo Domingo y Santa Elisa, a pesar de no ser empleados de la misma. De Paz es independiente, pero es alcalde por el PSOE.

Diputados provinciales del PP en Alicante

El alcalde de Riudoms (Tarragona), Sergi Pedret, de Junts, y su concejal de Hacienda, Jordi Domingo, confesaron también haberse vacunado para “aprovechar” las dosis que según ellos sobraron de la vacunación en una residencia de ancianos de la localidad, y tampoco han dimitido.

En la misma situación se mantiene el alcalde del municipio alicantino de La Nucía y diputado de Deportes en la Diputación de Alicante, Bernabé Cano, del PP, quien también se vacunó contra el coronavirus pese a no entrar en los grupos previstos en el plan de vacunación alegando que es médico de profesión y que continúa en ejercicio en la sanidad privada, compatibilizando su labor de regidor.

Otro alcalde del PP que se vacunó saltándose los protocolos fue el regidor de Luesia (Zaragoza), Jaime Lacosta, quien argumentó haberlo hecho por su relación con una residencia de ancianos del pueblo y que este viernes pidió la baja del partido, aunque no ha dimitido. Al grupo de políticos vacunados se sumó Juan Baustista Roselló, diputado provincial del PP en Alicante, aunque en su caso forma parte de la plantilla del centro de salud mental Doctor Esquerdo, un centro público dependiente de la Diputación de Alicante para el estudio y tratamiento de la cronicidad mental.

Al margen de la política, la Xunta de Galicia reconoció el jueves que había administrado la vacuna contra la COVID-19 a 17 informáticos en el hospital público de Montecelo, en Pontevedra, quienes no cumplían con los requisitos establecidos por Sanidad para ser parte de la primera fase. En su justificación, la administración que preside Alberto Núñez Feijóo, del PP, se limitó a señalar que se trató de un “error” en la elaboración de las listas. “De un amplio listado de 2.533 profesionales del área sanitaria que cumplen los criterios de vacunación por ser personal de primera línea para la atención de la COVID, se incluyeron 17 trabajadores, que representan el 0,6%, que se vacunaron sin cumplir los requerimientos”, explicó el Ejecutivo autonómico.

Otros dos hospitales públicos, en este caso de la Comunidad de Madrid y de Catalunya, se saltaron los protocolos y vacunaron a personal que ya se había jubilado. La Cadena Ser adelantó que así sucedió en el Hospital Clínico San Carlos de la capital, donde se vacunó a 600 profesionales ya jubilados, según reconoció el jueves la gerencia del propio centro sanitario. “Esas personas prestan algún servicio en el hospital y pueden tener contacto con pacientes, como es el caso de los jubilados que pertenecen a la Asociación de Médicos Jubilados del hospital”, argumentó el hospital, reconociendo, por tanto, que no formaban parte de los grupos establecidos por el Gobierno. Lo mismo ocurrió en el Hospital de Terrassa, a donde se convocó a profesionales jubilados para que se vacunaran al sobrarles 300 dosis.