2025, el año que evidenció las grietas abiertas por la privatización en la sanidad pública

Adaya González

Madrid, 17 dic (EFE).- Las órdenes del CEO de Ribera Salud para aumentar las listas de espera y rechazar pacientes por criterios económicos en el madrileño Hospital de Torrejón o los fallos en las mamografías en Andalucía han evidenciado este 2025 las grietas que la privatización ha abierto en el sistema sanitario español durante tres décadas.

Ambas polémicas han recrudecido la batalla del Gobierno con las comunidades del PP por su gestión sanitaria, especialmente con la de Madrid, con la que mantiene abierta una tercera: es la única que se niega tajantemente a hacer un registro de objetores al aborto pese a que así lo obliga la ley de 2023.

Las tres han llegado a los tribunales: el PSOE y Más Madrid llevaron a la Fiscalía el caso de Torrejón; la asociación andaluza de mujeres con cáncer de mama Amama, el defensor del Paciente, Adelante Andalucía e IU-Convocatoria por Andalucía hicieron lo propio con los cribados y el Ministerio de Sanidad ha propiciado un contencioso contra Madrid -que es también la única que no ha facilitado los datos de sus programas de cáncer- por contravenir la ley del aborto.

Desde la otra dirección, el PP ha disparado contra Sanidad por la ley ELA, las plazas MIR o el protocolo contra la gripe pero, sobre todo, por el estatuto marco y las tres huelgas médicas que ha originado.

De 'modus operandi' a “rencillas entre directivos”

El revuelo por los audios de Pablo Gallart, CEO del grupo Ribera que gestiona el hospital de Torrejón, encomiando a sus directivos a engrosar las listas de espera y rechazar procesos no rentables, ha puesto en tela de juicio un modelo sanitario cuyo germen se remonta a 1997 en el hospital de Alzira, hoy Hospital Universitario de la Ribera tras su reconversión al sistema público.

Según un reciente informe de Sanidad, los hospitales de gestión privada suponen ya casi un tercio de toda la red del Sistema Nacional de Salud (SNS) tras haberse disparado un 36 % en la última década. Como consecuencia, el gasto total en este tipo de centros ha crecido un 84,6 % hasta los 4.800 millones de euros.

El caso de Torrejón es para la ministra Mónica García paradigma del 'modus operandi' del PP y por eso ha acelerado uno de los grandes compromisos que adquirió al asumir el cargo: limitar la gestión privada de los centros públicos derogando la ley que lo hizo posible, la 15/97, con otra ley, la de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, que espera elevar al Consejo de Ministros en enero.

Aunque para la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que redujo los audios a “rencillas entre directivos” y sacó pecho de las cifras de lista de espera y de satisfacción de los pacientes de Torrejón, este escándalo es solo otro intento del Gobierno por cubrir su “corrupción”.

Y en el caso concreto de Mónica García, de eclipsar las tres huelgas médicas, la última la de la semana pasada que se prolongó cuatro días.

Sin cifras de afectadas por los cribados de cáncer de mama

Amama llevaba avisando desde al menos enero de 2024 de fallos en la comunicación de resultados y retrasos en las pruebas de varias mujeres por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS), hasta que a finales de septiembre el asunto saltó al foco mediático.

La creciente tensión entre la Junta y la asociación no la ha aplacado ni la dimisión de la entonces consejera ni los planes de choque anunciados por el Gobierno andaluz; casi tres meses después, ni siquiera hay una cifra total de afectadas: las oficiales hablan de 2.317, pero Amama las eleva a 4.000.

Tras el jarro de agua fría que supuso el archivo por parte de la Fiscalía de su denuncia los supuestos borrados y manipulación de los historiales clínicos en las aplicaciones y sistemas informáticos, Amama continúa su batalla y hasta el momento ha presentado más de 50 reclamaciones patrimoniales al SAS por el daño ocasionado por esta mala praxis.

El asunto también ha escalado a nivel nacional: Sanidad considera que no ha sido algo puntual, sino que es un problema estructural de la sanidad andaluza, víctima del modelo sanitario del PP.

Ante el temor de que esos fallos no fueran exclusivos de Andalucía, exigió a todas las comunidades los datos de los programas de cribado de cáncer de mama, colon y cérvix con el objetivo de mejorar su vigilancia. Todas los han entregado menos Madrid, que considera que todavía está “en tiempo” para hacerlo.

99,5 % de abortos en la privada pero sin registro de objetores

De las 106.172 intervenciones voluntarias del embarazo (IVE) realizadas en 2024, el 78,74 % se hicieron en centros privados, con enormes diferencias por comunidades.

Pese a ser una de las que más abortos deriva a la privada (99,5 %), Madrid se niega en rotundo a hacer “una lista negra” de médicos objetores.

La negativa empujó al Gobierno a emprender acciones legales contra esta comunidad autónoma, cuyo resultado está aún por ver, pero en su balance del año Pedro Sánchez volvió a lanzar un aviso: “Se va a acabar: no vamos a permitir que no se cumpla con la ley”. EFE

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