La Diputación de León tendrá que pagar 160.000 euros a un medio al que discriminó en el reparto publicitario
Dos sentencias han dado la razón a un digital leonés, ileon.com, sobre el trato discriminatorio que le dispensó la Diputación de León en el reparto de publicidad institucional entre los años 2011 y 2015 durante los mandatos de la fallecida Isabel Carrasco y sus sucesores, el imputado en la trama Púnica, Marcos Martínez Barazón, el ahora diputado provincial Emilio Orejas y actual presidente, Juan Martínez Majo.
El diario, desde su creación en el año 2011, quedó fuera de las campañas de la institución, y acabó acudiendo a un juzgado de lo contencioso administrativo para ejercer sus derechos tras agotar la vía administrativa.
Así, el 2 de junio de 2016, se estableció en el fallo que se había producido discriminación “al adjudicar a diferentes empresas y medios de comunicación la publicidad institucional”, y se condenó a la Diputación al abono de 160.676,78 euros en concepto de lucro cesante.
Esta primera sentencia se basó en un informe que elaboró la propia Secretaría General de la Diputación para contestar al escrito de ileón.con en la vía administrativa y en la que solicitaba el cese de la situación discriminatoria y una indemnización por el daño sufrido que tasaba en 175.000 euros.
La Secretaría constató a través de un informe de la Intervención General que desde enero de 2011 hasta mayo de 2015 el importe de los gastos en publidad ascendió a 2.406.879,72 euros. Ni un sólo contrato fue para ileón.com. Los procedimientos tramitados (contratos menores y procedimientos negociados) se dieron sin concurso y no se cursaron solicitudes de ofertas, de modo que el medio nunca pudo concurrir.
De esta manera, se había infringido la Ley 4/2009 de Publicidad Institucional de Castilla y León, porque no se le dio la oportunidad de participar en procedimiento de libre concurrencia alguno, ni en otros procedimientos, así como el principio de transparencia, además de vulnerar el derecho a la igualdad y a la prohibición de discriminación y el derecho de información.
El informe también aludía a varios fallos del Tribunal Constitucional en el mismo sentido (demandas de Radio Castellón –Cadena Ser– contra el Ayuntamiento de Castellón de la Plana, el Ayuntamiento de Vila-Real y el Ayuntamiento de Burriana) y a uno del Tribunal Supremo.
Así, entendió que la actuación ha podido causar un perjuicio objetivo susceptible de valoración económica, por lo que la situación de discriminación debía cesar y calcular el lucro cesante indemnizable. Sin embargo, el criterio de la Secretaría de la Diputación no fue apoyado por el interventor ya que no se había acreditado el perjucio económico sufrido.
El juzgado falló a favor de ileón.com, y condenó a la Diputación a pagar 160.676,78 euros en concepto de lucro cesante. Sin embargo, el fallo fue recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia por parte de la institución provincial.
Sin embargo, a pesar de no estar de acuerdo con el fallo en primera instancia, la Diputación no cuestionó que se hubiese producido discriminación, sino que esta hubiese producido daño alguno, y que de producirse, debía calcularse en base a un informe elaborado por su gabinete de prensa y moderarlo en base a la doctrina de “pérdida de oportunidades”.
El TSJ desestimó la aplicación de esta doctrina. Además de confirmar la indemnización fijada en la primera sentencia, condena en costas a la Diputación. La sentencia no es firme y puede recurrirse ante el Tribunal Supremo.
El director de ileón.com, Antonio Vega, destacó que el fallo es importante para ejercer la libertad de prensa, y señaló que la publicidad institucional no puede gestionarse en base a un que un medio “caiga bien o mal”. “ileón nació hace seis años con un espíritu crítico con la gestión pública, porque ese debe de ser el papel de los medios además de publicar informaciones relevantes”, explicó. La sentencia supone un “gran precedente jurídico que consolida un escenario en el que se impida el uso de dinero público para forzar líneas editoriales”.
El digital tiene más de dos millones de usuarios únicos. En Castilla y León lidera la audiencia del último trimestre de 2016 con 953.487 usuarios únicos. A pesar de los datos, Vega reconoce que ileón.com no sólo sufre la discriminación de la Diputación: “Hay otras administraciones e instituciones que actúan exactamente igual, así que no descartamos emprender acciones legales contra ellas, vistas estas dos sentencias”.
