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Tumba de Franco, fosas o las medallas de 'Billy el Niño': deberes de memoria histórica que el Gobierno deja sin hacer

El adelanto electoral llega sin abordar la anulación de sentencias franquistas, la ilegalización de organizaciones fascistas o el aumento de la dotación presupuestaria

Resignificación del Valle de los Caídos pasa por la salida de los restos del dictador, como ha apuntado la madre de plaza de Mayo, Nora Cortiña

Un reciente estudio encargado por el Ministerio de Justicia ha admitido que solo es factible desenterrar a 25.000 personas  de las cunetas y reconocer entre 5.000 y 7.000 

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Trabajo arqueológico en la fosa de Puerto Real (Cádiz). / JUAN MIGUEL BAQUERO

Trabajo arqueológico en la fosa de Puerto Real (Cádiz). / J.B.

El Gobierno de Pedro Sánchez enarboló la bandera de la Memoria Histórica desde su aterrizaje en Moncloa. Meses después, y con el adelanto electoral como frontera, el camino trazado deja muchos temas pendientes.

Franco sigue en Cuelgamuros, la ley de Memoria Histórica sin reforma, las fosas comunes sin abrir, la justicia franquista sin tocar, la Fundación Franco a pleno rendimiento… Y Billy el Niño, con todas sus medallas.

El balance final resulta escaso, según la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). "Cuando está señalada la fecha de caducidad de la legislatura los avances han sido muy pocos", apunta el presidente del colectivo, Emilio Silva. Y con recursos públicos "se podían haber hecho cosas desde hace meses", subraya.

Como "el anuncio de un plan de choque de exhumaciones", necesario, pero que tampoco se va a llevar a cabo". O "el tema de los restos del dictador Francisco Franco, que ha generado mucho ruido pero qué está por hacer y ya veremos si ocurre", declara Silva. Este periódico no ha conseguido una valoración general del del Gobierno.

1. La tumba de Franco

Francisco Franco sigue enterrado en Cuelgamuros. ¿Hasta cuándo? Sacar al dictador de su tumba, el tema estrella de Memoria Histórica del Gobierno de Pedro Sánchez, suma varios anuncios frustrados. ¿Quedará por hacer? El Congreso respaldó desenterrar a Franco en marzo de 2017.

Una mujer junto a la tumba del general Francisco Franco, en el Valle de los Caídos / EFE

Una mujer junto a la tumba de Francisco Franco en Cuelgamuros. | EFE

El proceso de exhumación acumula palos en la rueda. El último la maniobra judicial para anular el informe urbanístico que visaba las obras para sacar al dictador. Una estrategia en la que se presentaron decenas de demandas hasta dar con un juez favorable para, a renglón seguido, retirar el resto de acciones de manera que ese magistrado, el juz Yusty Basterreche pueda ser el único que decida.

La familia Franco no ha aceptado el proyecto y ha asegurado que pedirá al Tribunal Supremo que paralice la operación. O el prior del Valle de los Caídos, que cierra la puerta de la basílica a los técnicos, con el aval de la Iglesia católica española y el Vaticano puesto de perfil. 

"El Gobierno debería haber sacado a Franco de ahí porque es un imperativo categorico democrático" y "sin todo este procedimiento", resume Emilio Silva. Consumar el trabajo "y luego si la familia quiere tomar acciones legales contra esa decisión pues que las tome". Pone como ejemplo el caso de Sanjurjo, exhumado en Pamplona y donde un juez tomó en consideración la denuncia de la familia que finalmente archivó el Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

Sacar a Franco de Cuelgamuros es "un deber de protección a las víctimas a las que el Estado no puede obligar a pagar con sus impuestos la tumba de un dictador". Además, incide, "a nadie se le ocurriría que una víctima del terrorismo pagará con sus impuestos la tumba de un terrorista".

2. Reforma de la ley de Memoria

Revitalizar la ley 52/2007. Ampliar un marco legal que se había quedado corto, aprobado bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, iba a servir para ampliar los derechos de las víctimas del franquismo. Pero, en la presente legislatura, la idea no ha llegado a votación en el Congreso.

Pedro Sánchez presentó su propuesta de mejora de la ley de Memoria Histórica en diciembre de 2017, junto a la fosa de Paterna (Valencia). La oferta era una "reforma en profundidad" para combatir el ninguneo presupuestario del Gobierno de Mariano Rajoy y dotar al Estado de mecanismos para abrir las fosas comunes, poner en marcha una Comisión de la Verdad o convertir el Valle de Cuelgamuros en un centro de memoria, entre otras medidas.

3. Abrir las fosas

Un objetivo: liderar las exhumaciones en fosas comunes del franquismo. Así lo reclama Naciones Unidas, la actuación de oficio del Estado en la búsqueda de los desaparecidos forzados. Como una política pública más. Y esta era la intención del Gobierno Sánchez, que queda en el tintero. La idea era establecer planes cuatrienales para atacar las decenas de miles de víctimas arrojadas a miles de tumbas ilegales. Los trabajos en Córdoba son los primeros en los que el Gobierno participa desde la etapa de Zapatero.

Un informe actualiza las cifras: solo será posible rescatar de fosas y cunetas a unas 25.000 personas. El estudio, encargado por la dirección general para la Memoria Histórica a un grupo de expertos, concluye que desde el año 2000 se abrieron 740 fosas en todo el país para recuperar los restos óseos de más de 9.000 personas.

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Fosa común en Monturque (Córdoba). | JUAN MIGUEL BAQUERO

Resoluciones de Naciones Unidas, o la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, determinan el deber del Estado en materia "de derechos humanos desde un móvil democrático", refiere Silva. "Y mientras la familia del dictador Francisco Franco ha vivido en estos meses un garantismo excesivo, las víctimas de la dictadura están en las cunetas", compara.

4. Presupuesto público

El Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez presupuestó 15 millones de euros para temas de Memoria Histórica. Una partida sin precedentes, que cobraba más importancia tras casi dos legislaturas bajo el "cero euros" de Rajoy, y que permitiría afrontar los retos puestos encima de la mesa. Pero estas cantidades dependían de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Y, como el proyecto no cuajó, provocando el adelanto electoral, el rescate de partidas destinadas a la recuperación memorialista ha quedado en el limbo.

"Se nos ha dicho que no se podía hacer nada hasta que se aprobaron los presupuestos, pero no es cierto", considera Emilio Silva. 

5. Romper la impunidad

El bloqueo de España a la investigación de los crímenes del franquismo es la clave de bóveda que sostiene el patrón de impunidad que denuncia la ONU, el Consejo de Europa o Amnistía Internacional. Las víctimas de la represión poliédrica franquista no tienen un acceso efectivo al derecho a la justicia y romper esta rémora aparece como una de las claves más complejas. La preconstitucional ley de Amnistía ha derivado en el carpetazo de muchos procesos. Los juzgados cierran estos casos por prescripción de los delitos. Tampoco, en estos meses, se ha allanado el camino, siquiera para la denominada Querella Argentina.

6. Anular la justicia franquista

La anulación de la justicia franquista abarca procesos desde la guerra civil al tardofranquismo. Décadas de juicios y condenas sin todas las garantías procesales. Sin embargo, miles de sentencias políticas aplicadas por tribunales del franquismo siguen vigentes. Incluida la que condenó a muerte al president de la Generalitat de Catalunya, Luis Companys, que el Consejo de Ministros rechazó al declararla nula y repara la memoria del político catalán ejecutado por Franco. 

Memoria- El Gobierno reconoce que la Fundación Franco tiene en su archivo documentos secretos y pide que no se muestren

Perfil en Twitter de la Fundación Franco.

7. Ilegalizar las fundaciones fascistas

La ilegalización de las organizaciones de espíritu fascista aparecía en la agenda del PSOE que acababa de ganar la moción de censura contra Rajoy. Pero la Fundación Franco, el lobby que ensalza al dictador con unas cuentas millonarias fruto de donaciones y dinero público, continúa su actividad. O el resto de entes que convierten a España en un caladero de las fundaciones de este tipo. Como las dedicadas a Primo de Rivera, Serrano Suñer, Blas Piñar o Queipo de Llano.

"Tampoco ha ocurrido", dice Emilio Silva. "Llevamos al Parlamento 218.600 firmas para ilegalizar la Fundación Franco y pedir un cambio en la ley de fundaciones que impida que las donaciones desgraven impuestos" y que no existan entes que eneltezcan la dictadura o a quienes han cometido violaciones de derechos humanos. "Va a terminar la legislatura y esa modificación no se ha hecho", enfatiza.

8. Las medallas del torturador 'Billy el Niño'

Billy el Niño mantiene todas las medallas. Y una pensión aumentada por estas condecoraciones. El Gobierno insistía en enero en que aún estaba buscando la fórmula legal para retirar estas prebendas, algunas otorgadas incluso en democracia.

La cita con las urnas del 28 de abril se acerca y Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, sigue intocable. El expolicía franquista de la Brigada Político Social acumuló felicitaciones y retribuciones económicas por una hoja de servicios que desveló eldiario.es. El historial suma un reguero de torturas por las que ha sido denunciado por sus víctimas, también en el Parlamento Europeo. "Cuando lo último que hemos sabido es que es muy difícil hacerlo, esto nos da una medida de la fragilidad de nuestra democracia", según Silva. 

9. Resignificar el Valle de los Caídos

"Resignificar" el mausoleo de Cuelgamuros para que deje de ser un lugar de "memoria franquista y nacional católica", rezaba la proposición no de ley del PSOE aprobada por el Congreso en marzo de 2017 y en la que instaba al entonces presidente Rajoy a ampliar la ley de Memoria Histórica. Así, además de arrancar la mudanza de Franco, pedían convertir la mayor fosa común de España en un espacio para la memoria colectiva democrática.

En agosto de 2018, Pedro Sánchez improvisó una visita al Museo de la Memoria y la Reconciliación de Santiago de Chile, dedicado a las víctimas de la represión en la dictadura de Augusto Pinochet. Este tipo de memoriales forma parte de la cultura latinoamericana de derechos humanos que España ignora.

La histórica madre de plaza de Mayo argentina, Nora Cortiña, en su reciente visita al Valle contaba a eldiario.es que Cuelgamuros podría convertirse en un monumento de memoria y homenaje a las víctimas como ocurrió con el centro de torturas de la Escuela de Mecánica de la Armada en Buenos Aires. "Primero hay que sacar a Franco", insistió al tiempo que consideraba intolerable que allí estén juntos "víctimas y victimarios"

10. Títulos nobiliarios de Franco

'El PSOE pide al rey que anule el ducado de Franco que reclama Carmen Martínez-Bordiu', rezaba un titular de prensa en abril del pasado año. La nieta del dictador reclamaba en herencia el título que el rey Juan Carlos concedió a la familia del golpista en 1975. El exministro Rafael Catalá ejecutó el traspaso el día de la moción de censura.

En junio de 2018 el nuevo Gobierno socialista dijo que estudiaría su eliminación, pero tampoco ha llegado. En España hay otros 30 títulos que parten de la dictadura y están vigentes. Como los marquesados de Queipo, que comandó la masacre franquista en Andalucía. entre los que está el recién renovado de Kindelán, mando de las aviaciones franquista, alemana e italiana durante la Guerra Civil.

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