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Asturias impulsa su ley de memoria democrática y da seis meses a Oviedo para volver a retirar sus calles franquistas

La calle del general Yagüe había sido sustituida por el gobierno local de PSOE, IU y Somos en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica

La vuelta de los nombres franquistas a las calles de Oviedo ha puesto a la ciudad y al Principado en el punto de mira. "Hemos sido el hazmerreír de toda España", afirma Manuel Martín, secretario de Memoria Histórica del PSOE en la ciudad. Más allá del Negrón se recibe con sorpresa que personajes como Federico García Lorca, Charles Darwin o Gloria Fuertes hayan sido reemplazados por Calvo Sotelo, Alférez Provisional o Comandante Vallespín. La plaza de la Gesta ha sustituido a la del Fresno, el Coronel Aranda a las Trece Rosas y la Liberación a la Libertad. Y así hasta 17 denominaciones ligadas al régimen franquista y al golpe de Estado de 1936, que vuelven a relucir en el callejero de la capital asturiana. "Es una vergüenza", comenta Rafael Palacios, diputado de Podemos Asturies. "Casi cincuenta años de democracia para volver a encontrarnos que Oviedo recupera calles con nombres de asesinos y de lo peor del franquismo".

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El cambio de las calles se ha hecho por mandato judicial, en respuesta a un recurso presentado en 2017 por la Hermandad de Defensores de Oviedo, al que se sumó otro del Partido Popular. La sentencia consideraba que la alteración anterior de los nombres, impulsada por el tripartito (PSOE, IU y Somos), en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica (2007), no se había realizado debidamente. Por "falta de objetividad", reza el auto. En consecuencia, el actual Consistorio, donde gobierna el PP de Alfredo Canteli en coalición con Ciudadanos e Ignacio Cuesta como primer teniente de alcalde, procedían el mes pasado a devolver a estas calles su histórica denominación.

Ante esta situación, el gobierno del Principado, presidido por Adrián Barbón (PSOE), ha dado seis meses de plazo al Ayuntamiento de Oviedo para retirar las placas con los nombres franquistas recientemente establecidos. "El compromiso del Gobierno con la memoria democrática es férreo", afirmaba esta semana en el pleno de la Junta la consejera de Presidencia, Rita Camblor.

Porque al margen del fallo judicial, está la Ley de Memoria Democrática del Principado, aprobada en marzo de 2019, que prohíbe cualquier muestra de enaltecimiento a la dictadura en las calles de Asturias. Y en este sentido la postura del Gobierno regional es clara: "Cumplir y hacer cumplir una ley que prevé la retirada de todos los símbolos de exaltación del franquismo o de carácter antidemocrático", como afirman fuentes del Ejecutivo. Con esta legislación como estandarte, el Principado se ha puesto manos a la obra con una batería de acciones inmediatas cuya aplicación ha sembrado la discordia entre los asientos de la Junta General.

Pedirle cuentas al alcalde

El Gobierno regional ya le había advertido al Consistorio de Oviedo durante esta batalla judicial que se ha alargado más de dos años que la norma impedía mantener símbolos de enaltecimiento de la dictadura, sin embargo, en esta ocasión, ha solicitado a la Fundación Universidad de Oviedo y, en concreto, al Área de Historia Contemporánea, la elaboración de un estudio "sobre la vinculación con el franquismo de personas cuyo nombre se ha dado a diversas calles de municipios asturianos entre las que se encuentran las 17 calles que se detallan en la sentencia". Así lo comunicaba la consejera en respuesta a la pregunta planteada por la diputada de Izquierda Unida, Ángela Vallina.

No han sido los únicos en pedirle cuentas al alcalde del Partido Popular. La Federación Asturiana de Memoria y República (FAMYR) ha solicitado esta semana ante la Dirección General de Memoria Democrática del Principado de Asturias la apertura de un expediente sancionador contra el regidor Alfredo Canteli. La acusación: mantener el callejero franquista de la ciudad e incumplir así la Ley de Memoria Democrática de Asturias. En concreto, el artículo 48, que prohíbe toda mención pública "en enaltecimiento del golpe militar de 1936 y del franquismo". Una infracción que podría acarrear sanciones de hasta 10.000 euros.

Jardín, museo, exhumaciones y Semana de la Memoria

Además de la advertencia al Gobierno de Canteli, el Principado ha anunciado novedades en materia de memoria histórica. Creará "un Jardín de la memoria en reconocimiento a las víctimas del golpe de Estado de 1936 y de la posterior represión franquista, así como de todas las personas que lucharon en favor de la libertad y la democracia", según ha explicado Camblor en la Junta General.

Además, el ejecutivo regional estudia la apertura de "un museo específico sobre la Guerra Civil y la represión franquista o bien articular una o varias secciones dedicadas a esta materia en alguno de los equipamientos ya existentes". Fuentes de la Consejería consultadas por elDiario.es afirman además que se está planteando enmarcar los actos y homenajes a quienes lucharon contra el golpe militar y la dictadura en una semana de actividades que se celebrará anualmente. Esta "Semana de la Memoria", tendría lugar en torno al 23 de septiembre, "fecha en la que se recuerda la salida de niños y niñas de familias republicanas ante la inminencia de la toma de Asturias por el ejército golpista".

Para completar esta batería de acciones en memoria histórica, Presidencia tiene previsto llevar a cabo un estudio preliminar de siete de las más de 400 fosas franquistas localizadas en Asturias para su exhumación este mismo año. El Fitu, en Parres; El Molín de Xilu, en Las Regueras; Gúa, en Somiedo; Alto del Palomo, en Gozón; y Vega de Rengos, Bimeda y Leitariegos en Cangas del Narcea, serán las primeras.

Para hacerlo, el Principado cuenta con 151.131 euros, por el acuerdo con el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, además de importantes avances en la recogida de ADN y una nueva aplicación informática. En ella "se está volcando toda la información de la que disponemos, que incluye la base de datos de víctimas conectándolas con los lugares con los que hayan tenido relación (fosas, campos de concentración, lugares de detención, campos nazis en el caso de las personas deportadas, etc.)", detalla el Gobierno del Principado.

Tarde y mal: las críticas

En el parlamento asturiano no todos coinciden. "Hay cuestiones mucho más prioritarias", sostiene Pablo Álvarez-Pire, diputado del Partido Popular, sobre la política desarrollada por la Consejería de Presidencia en esta materia. "Creemos que la sociedad asturiana tiene otras prioridades, y hay que emplear esfuerzos en otras cuestiones como el empleo, la juventud, la sanidad…", añade en unas declaraciones para elDiario.es. "Tenemos que ser realistas, pensar en el futuro que compartimos y no estar permanentemente instalados en el rencor mirando atrás".

Desde Vox consideran que "la Ley de Memoria Democrática en Asturias es otro paso más del gobierno socialista de dar relevancia solo a una parte de la historia, de crear frentes, de dividir a la sociedad que no está dividida por cuestiones que dejaron zanjadas nuestros abuelos", explica su portavoz en la Junta General del Principado, Ignacio Blanco.

Pero para Podemos, todas estas medidas del ejecutivo asturiano llegan tarde. "Ya se cumplieron absolutamente todos los plazos de los compromisos que marca la ley, sin que el gobierno de Asturias hiciera nada", considera Rafael Palacios, diputado de la formación. "Queremos que se concrete y se empiece a implementar todo lo que estipula la ley". Y concluye: "Es un insulto a tantas personas en Asturias que siguen enterradas en cunetas y que siguen olvidadas".

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Publicado el
23 de abril de 2021 - 23:30 h

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