Las comunidades intentan controlar las residencias para evitar las víctimas de la primera ola

El virus ha vuelto a las residencias de mayores. Aunque el contexto no es el mismo que hubo durante los meses de marzo y abril en estos centros, la COVID-19 continúa afectando a los residentes. La mitad de las muertes de esta segunda ola se han localizado en estos recursos, según los datos recabados por elDiario.es a principios de noviembre. La Secretaría de Estado de Derechos Sociales concluyó hace unos días que la intervención sanitaria y la coordinación de estos centros con los departamentos autonómicos de salud suponen “un alivio y una mejora muy significativa en la gestión de la crisis”.

Las comunidades autónomas han tomado nota y en esta segunda embestida de la pandemia han desarrollado estrategias para aportar un refuerzo sanitario en caso de que el brote se descontrole. Valencia, Catalunya, Galicia y Baleares tienen residencias intervenidas, otras comunidades como la Región de Murcia o Andalucía aportan personal en aquellos centros en los que un brote se ha descontrolado y ha mermado la plantilla. A pesar de estas medidas, en algunas regiones como Galicia y Murcia los profesionales seleccionados por la Consejería han recibido críticas por no contar con la formación necesaria. 

Desde las patronales del sector aseguran que, a diferencia de lo que pasó en marzo y abril, no están teniendo problemas para recibir atención sanitaria. “Hay coordinación con las comunidades”, apunta Ignacio Fernández-Cid, presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED). “Se está produciendo derivación hospitalaria, el resultado no tiene nada que ver con lo sucedido en la primera ola”, añade. En la misma línea, se ha pronunciado este miércoles en una rueda de prensa José Luis Roselló, director de operaciones de Domus Vi, uno de los grandes operadores en España. “Hay una colaboración absoluta con los sistema sanitarios de toda España. Se trabaja en coordinación máxima”, ha apuntado. 

Asimismo, Fernández-Cid recuerda que actualmente es una fortaleza haber sufrido el virus durante la primera ola “porque se cuenta con una inmunidad muy alta”. Esta es la situación que se ha dado en Madrid, debido a la intensidad que tuvo la pandemia en estos centros durante la primera ola, el 53% de los residentes tienen una inmunidad media-alta frente al coronavirus, según un estudio realizado por la Comunidad.

Más de 20.000 muertos en residencias

Con el repunte de la pandemia, la cifra de muertos en estos centros ya ha superado holgadamente los 20.000. Según el último recuento realizado por elDiario.es, a 5 de noviembre las comunidades tenían constancia de 23.125 personas fallecidas con COVID-19 o síntomas parecidos en las residencias de mayores.

En Andalucía se han contabilizado 1.151 casos, la mitad se han ido registrando desde finales de junio. A 22 de junio, 584 residentes habían fallecido en estos centros. El Gobierno de Moreno Bonilla ha establecido una ratio para medicalizarlos de forma temporal en caso de que se detecten positivos: un médico por cada 50 pacientes COVID-19, una enfermera por cada 25 pacientes con el nuevo coronavirus confirmados y un auxiliar de enfermería por cada 10 casos confirmados. Sin embargo, desde el sindicato Comisiones Obreras aseguran que estos planes de contingencia “son prácticamente imposible de aplicar” en los “casos de residencias muy afectadas ”, apuntan desde la delegación del sindicato en Córdoba.

Galicia es otra de las comunidades que ha detectado brotes importantes en sus centros residenciales. La Consellería de Política Social ha intervenido varias residencias, entre ellas Salvaterra do Miño. A pesar de esta actuación de la Xunta, los trabajadores del centro denunciaron la semana pasada que en este centro pontevedrés no se “reúnen las mínimas condiciones de mantenimiento ni salubridad, no ya para atender a personas mayores, sino para cualquier tipo de alojamiento”. En el escrito aportado por la Asociación de Traballador@s de Residencias de Galicia (Trega) a la dirección General de Mayores y Personas con Discapacidad de la Xunta incluyeron imágenes de colchones sucios y de puertas cerradas con llave.

Críticas a la intervención desplegada por la Xunta

El 27 de octubre el Gobierno gallego anunció la intervención de la residencia de Salvaterra tras detectar un brote con 84 residentes y 26 profesionales positivos. Con esta medida la Xunta aseguró que iba a reforzar “el personal del centro y garantizar la calidad asistencial”. Ante la expansión del virus “un equipo de profesionales sanitarios del Servicio Gallego de Salud” se desplazó al centro para realizar “un seguimiento médico permanente sobre la situación de los residentes, así como de vigilar la correcta aplicación de las medidas de prevención, seguridad e higiene”, aseguraron desde la Consellería en un comunicado. Sin embargo, como ya ha informado elDiario.es, la Xunta no contaba con trabajadores para cubrir las necesidades del centro y llamaron a personas que carecían de formación sanitaria para encargarse de plantas enteras de pacientes. 

En la Comunidad Valenciana ha ido aumentando en los últimos días el número de centros intervenidos por el Ejecutivo autonómico. El 5 de noviembre el Gobierno de Ximo Puig seguía de cerca la evolución de nueve centros, quince días después, la Consellería de Sanidad tenía 18 residencias “bajo vigilancia activa de control sanitario”: ocho en la provincia de Alicante y diez en la de Valencia. Según los últimos datos publicados por este departamento, en 88 centros hay algún caso activo de COVID-19. Algunos de estos contagios han tenido graves consecuencias, como el sucedido en Domus VI Elda, que se ha saldado con 15 fallecidos y más de cien contagios. 

Otro de los brotes que controla valenciano es el del centro de mayores de Savia de Llíria (Valencia),  donde se han registrado 116 positivos entre residentes y trabajadores. Según explicó el Ayuntamiento en un comunicado, la asistencia del departamento de Salud consiste en tomar “decisiones sobre medidas a establecer sobre la ubicación y aislamiento en el centro, medidas higiénicas y de protección, coordinación para el diagnóstico, seguimiento y, en su caso, derivación sanitaria de los residentes”.

El protocolo de la Comunidad Valenciana aprueba la creación de una Comisión de control de centros residenciales, constituida por profesionales de diversas especialidades sanitarias y un representante de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. La estrategia aprobada recoge diferentes “grados de control de vigilancia sanitaria”, desde un simple seguimiento a la situación en la que se encuentra la residencias a la implementación de de medidas “para el control de la asistencia sanitaria del centro”, que pueden incluir contrataciones por parte de la Consellería de Sanidad.

300 contrataciones en Murcia

“En la segunda ola estamos teniendo mucha más incidencia de brotes en residencias. Hemos tenido que ir aumentando el número de personas que atienden estos casos. Realizamos contrataciones cuando el personal de la residencia cae enfermo o tiene que estar cuarentenado. Tenemos 300 profesionales contratados”, explica Abel Novoa, coordinador de Atención Sociosanitaria del Servicio Murciano de Salud, que actualmente está aportando personal a nueve centros de mayores de la región. 

Como ha ocurrido en Galicia, la urgencia de cubrir bajas para evitar que el virus se expanda también ha provocado que el organismo que dirige Novoa incorpore al servicio a profesionales que “vienen de la bolsa de trabajo y carecen de formación”. “Llegan con miedo y a veces renuncian el primer día de trabajo”, añadió a elDiario.es hace una semana. Por su parte, un grupo de auxiliares de enfermería contratadas como refuerzo durante la pandemia ha asegurado que desempeñan su trabajo en precarias condiciones, debido a falta de higiene o plantillas escasas.

Catalunya externaliza la gestión

Las Islas Baleares y Catalunya también se han decantado por la intervención de centros con brotes descontrolados. El modelo adoptado por el Ejecutivo de Francina Armengol cuenta con un “coordinador o coordinadora sanitaria” para gestionar “el equipo de personal de la residencia y en su caso, el asignado por el Servicio de Salud de las Islas Baleares”, explican en una nota de prensa del servicio balear de Salud. Este dispositivo se despliega cuando constatan que un centro “no es capaz de frenar la propagación de la enfermedad”. Ante esa situación, Catalunya también controla desde el departamento sanitario autonómico la expansión del virus en seis residencias. Sin embargo, la Generalitat catalana opta por externalizar el servicio a “entidades que tienen experiencia en residencias”, aunque su actividad y la del resto de trabajadores es auditada por un funcionario autonómico. 

En un borrador remitido por la Secretaría de Estado de Derechos Sociales a las comunidades autónomas, fechado el 1 de noviembre, destacaron que “una buena gestión conjunta de la crisis entre salud pública y servicios sociales aporta mejores resultados finales que redundan en una mayor protección de las personas más vulnerables al patógeno y en una menor tensión en el sistema sanitario”. “Es fundamental trabajar en la conexión entre los servicios sociales de carácter residencial y la sanidad pública. En ello cobra especial importancia estratégica la actuación de la atención primaria en salud”, añadieron.

La portavoz de la Asociación madrileña de atención a la dependencia (AMADE), Pilar Ramos, recordaba este mes en la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid sobre la gestión de residencias durante la pandemia que en esta comunidad “la segunda ola está siendo anecdótica”. “Se están controlando todos los brotes que hay en todas las residencias de Madrid”. En su intervención, Ramos explicó que comunidades como Andalucía, Aragón o Asturias, donde no hubo un gran impacto del coronavirus entre los meses de abril y junio, están teniendo problemas durante estas semanas en contener la expansión de la Covid-19. “El virus entra, podemos tardar más o menos, podemos contenerlo, pero tenemos que tener claro que el virus entra. Es como tratar de contener el agua, dale años, pero el agua entrará”, alertó. 

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