Catalunya devuelve la gestión a más de la mitad de las 14 residencias intervenidas por su incapacidad para afrontar la epidemia

La primera ola de la epidemia ya pasó en España y, con ella, han quedado atrás los fallecimientos masivos en las residencias de ancianos. Solo en Catalunya murieron hasta junio cerca de 5.000 personas en estos recintos. Las bajas de personal y la falta de espacio para atender a los usuarios llegaron a tal extremo que hasta en 14 centros la Generalitat tuvo que reemplazar con urgencia a sus gestores. Varios meses después, ocho de ellas han vuelto durante el verano, sin hacer ruido, a manos de las entidades y empresas de origen. 

El Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia asegura que en todos los casos en los que se ha devuelto la gestión, se ha hecho con las garantías de que pueden hacer frente a la epidemia. Es decir, que pueden aplicar los planes de contingencia requeridos, que incluyen tener una bolsa de personal sustituto a punto, una distribución de los espacios que permita aislar a los positivos y un stock mínimo de equipos de protección. Desde los sindicatos, sin embargo, dudan de que en el tiempo transcurrido hasta ahora las entidades gestoras se hayan preparado lo suficiente.  

Las residencias que a estas alturas ya han sido devueltas a su anterior gestor son Ballús (del municipio de Valls), a Ballús S.L.; Marvi Park (de Barcelona), a Line Investment S.L; Nostrallar (Els Pallaresos), a la Fundació Catalana Privada de Suport a la Gent Gran; la Casa de Repòs Verge de Salut i Sant Camil (Vilanova del Vallès), a la fundación del mismo nombre; Sant Cebrià (Tiana), al ayuntamiento de la localidad; Sardà i Salvany (Sabadell), a la entidad ‘Hermanitas de los ancianos desamparados’;  Saladrich-Calderer (Bagà), a la fundación que lleva ese nombre, y Sant Sebastià (Alcarràs), a la empresa Grup Caberol S.L.

Algunas de ellas registraron las cifras de mayor mortalidad durante el pico de la epidemia. Según la base de datos de fallecimientos de todos los centros desvelada por elDiario.es, la residencia Saladrich-Calderer, por ejemplo, vio cómo morían hasta el 40% del total (31 en total). La fundación propietaria, presidida por el alcalde de Bagà, llegó a pedir a los trabajadores de baja que se reincorporasen ante la incapacidad de gestionar la situación. Pasado lo peor, en estos momentos el ayuntamiento está negociando la cesión de la gestión al grupo valenciano Colisée. 

La mayoría de residencias fueron intervenidas por falta de personal y por incapacidad de aislar las estancias de los positivos de COVID-19. A menudo actuó el Departamento de Salud –que por entonces asumió la gestión del sector– ante el SOS que lanzaban las direcciones o directamente las familias, como ocurrió en la Marvi Park de Barcelona, donde alertaron de falta de personal para cuidar a los 60 ancianos. Acabaron falleciendo 19, el 29%. 

Además de las ocho que han vuelto a su anterior gestor, las otras seis viven hoy casuísticas diversas. Dos de ellas siguen intervenidas: son Hotel Residencia Prat, de Tona, que pasó de estar en manos de una entidad con ese nombre a OHL Servicios Ingesan, y Ca N’Amell, de Premià de Mar, que pasó de la multinacional DomusVi al Consocio Sanitario del Maresme. Otras dos han cerrado definitivamente: Ullastrell y Sant Adrià. Y las dos restantes han sido las más polémicas, Bertran i Oriola y Mossèn Vidal i Aunós, ambas de Barcelona y gestionadas inicialmente por la empresa Eulen, a la que la Generalitat quiere apartar definitivamente mediante un expediente sancionador por considerar que se cometieron irregularidades en la atención a los ancianos.

Evaluación de la Generalitat 

La directora general de Autonomía Personal y Discapacidad del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, Aina Plaza, asegura que en todos los casos en los que se ha devuelto la gestión ha sido tras validar sus planes de contingencia desde su propio Departamento, desde Salud Pública y también la Atención Primaria. En la cesión de traspaso, argumenta, vigilan que puedan garantizar la sectorialización de espacios, los circuitos diferenciados de lavandería y cocina, y las coberturas de personal. 

“Pedimos a todas las entidades que hagan una previsión por si se incrementa el personal de baja y que tengan una bolsa de trabajo actualizada y con circuitos ágiles”, expone Plaza. Y recuerda el compromiso de su Departamento de aumentar la plantilla de gerocultores y auxiliares en un 15%, en total 1.800 profesionales, de cara a otoño. Una medida incluida en plan de contingencia para el sector que prevé también la reserva de entre el 4 y el 8% de las plazas vacías para hacer frente a los rebrotes. 

Recientemente se han detectado casos positivos en dos de estas ocho residencias, Nostrallar y Ballús. Pero no se han descontrolado.

Los sindicatos, por su parte, desconfían. Josep Maria Martínez, responsable del ámbito en CCOO, cree que dos o tres meses son demasiado poco tiempo para ofrecer “garantías” de que vuelva a unas entidades que fueron intervenidas, a su juicio, por “mala gestión”. Israel Álvarez, del sindicato Cobas, cree que los sistemas de inspección y supervisión no han sido suficientemente contundentes. Y denuncia que haya habido “residencias a las que se ha retirado la gestión de un centro pero cuyas entidades han seguido gestionando otras con los mismos errores”.

Las entidades de familias, como la Coordinadora 5+1, lamentan por su parte de que no se las haya informado de este proceso. Maria José Carcelén, su portavoz, asegura que se han enterado de los cambios en la gestión por voz de las propias gestoras. Ella es familiar de una residente en la Mossèn Vidal i Aunós, una de las dos de Eulen que mantiene abierto el expediente sancionador.