Polvo y escombros en el aula durante todo el curso

Polvo, escombros y tractores. Es la estampa que se encuentran cada mañana los estudiantes del IES Carlos María Rodríguez de Valcárcel, en el barrio de Moratalaz. Las reformas del centro, iniciadas tras un tirón de orejas de la inspección técnica de edificios, parecen no tener fin. Empezaron en septiembre, justo al inicio del curso escolar, pero aún hoy muchos espacios, como la cafetería, los despachos o algunas aulas, siguen cerrados al uso.

Pero este no es el único centro madrileño con instalaciones en mal estado. En el municipio de Parla, el ayuntamiento ha clausurado cuatro aulas del colegio público Los Lagos tras el desprendimiento de un falso techo el martes por la tarde. El desplome se ha producido en unas de las clases de la zona nueva del centro, inagurada hace menos de un año por la Comunidad de Madrid. Aunque no ha habido daños personales porque los alumnos ya no estaban en horario lectivo, el consistorio ha cerrado el aulario para comenzar cuanto antes las reparaciones.

Del casco como complemento del bocata y la mochila también saben las familias de Infantil del CEIP Cervantes de Valencia, donde antes de las vacaciones de Semana Santa se desprendieron varias piezas de escayola del techado de una clase de cuatro años. Pasados los días festivos, la Generalitat no había reparado el problema ni tampoco instalado, al menos, la malla de seguridad prometida para continuar el curso con cierta normalidad.

En esta misma comunidad y tras registrarse varios casos similares, la Conselleria de Educación puso en marcha el año pasado el Plan de Revisión de Infraestructuras Educativas (Prie), cuyos resultados revelaron que uno de cada cuatro centros inspeccionados presentaban deficiencias estructurales y otros daños (instalaciones eléctricas y calefacción, barreras arquitectónicas, cubierta...).

En el caso del Valcárcel, sin embargo, no ha sido la Comunidad de Madrid sino las familias las que han empujado la reforma. El centro se construyó en 1964 y, desde entonces, cualquier mejoría había brillado por su ausencia. El año pasado, las quejas de padres, madres y estudiantes llegaron hasta la Asamblea de Madrid. Entonces, la responsable de Educación se comprometió a poner en marcha obras de remodelación de la infraestructura tras un resultado poco favorable de la inspección técnica. “La misma Lucía Figar nos aseguró una reforma inmediata, pero los plazos se han alargado tanto que estamos comiéndonos todo el curso en unas condiciones muy desagradables”, cuenta Enrique Martínez, profesor del instituto.

“Las clases empezaron una semana más tarde de lo previsto porque el centro no estaba en condiciones y, una vez que arrancamos, ya con retraso, no teníamos aula propia y nos juntábamos en el gimnasio”, se queja Andrea, estudiante del ciclo formativo superior de Sonido. Allí estuvieron dos semanas, “sin proyector, sin pizarra y sin mesas”. “El inicio es verdad que fue un poco torcido, pero lo que no sabíamos era que la situación se iba a prolongar durante tanto tiempo”.

A principios de año, cuando les prometieron que las obras ya habrían finalizado, redactaron un escrito dirigido a la Consejería de Educación porque la polvareda era insoportable. Tampoco tenían calefacción y algunos estudiantes se aquejaron de dolores de espalda. “Hasta febrero estuvimos congelados en clase, por no hablar de los ruidos”, se indigna Andrea, que reconoce que “es prácticamente imposible grabar nada sin que se cuelen sonidos de las obras”.

El impulso final de las obras, como ha ocurrido con otras tantas cosas, ha llegado con las elecciones. “Parece que en los últimos días han cogido buen ritmo porque este centro es colegio electoral y el 25 de mayo tiene que estar decoroso para recibir a los votantes”, señala Martínez. Desde la Consejería de Educación, sin embargo, aseguran que las obras de mejora, a las que se ha destinado un presupuesto de 566.000 euros, “finalizaron la semana pasada”.

Estas mismas fuentes reconocen, no obstante, que sí se ha producido retrasos, aunque por “causas ajenas” a la propia consejería. “La primera empresa adjudicataria suspendió pagos y eso frenó las reformas”, explican. Por su parte, la empresa que hoy está al frente de la obra achaca la demora al bajo presupuesto. “Nos han dicho varias veces que con ese dinero tienen que hacer milagros para continuar avanzando”, explica Enrique Martínez, que asegura que “los materiales que están empleando son de muy mala calidad”.

Las herramientas de trabajo de los alumnos de FP, como los del edificio, tampoco están para fiestas. “Los módulos de sonido e imagen –asegura el profesor– llevan funcionando con cámaras de hace 10 o 15 años y las que se estropean no se reponen”. “Casi todos los materiales tienen alguna tara. O bien al trípode le falta alguna pieza, o bien los micros están abollados o no tienen espumilla... Encontrar, por ejemplo, pinzas para poner gelatinas a la iluminación es misión imposible”, cuenta Andrea.

El conjunto de condiciones precarias, sumado a la amenaza del cierre progresivo de la ESO, ha hecho estallar los ánimos de los estudiantes que, con motivo de la última huelga educativa, mantuvieron un encierro durante tres noches consecutivas. “Esta última semana también se han quedado algún día. No conciben tener que pagar 400 euros al año y estar en estas condiciones”, apunta Enrique Martínez.

De un centro integrador a uno exclusivo de FP

Este instituto es también uno de los cinco afectados por el plan de “reordenación” impulsado por la Consejería de Educación y que pretende ir eliminando de forma progresiva los cursos de la ESO. Para el próximo, el primero ya habrá desaparecido. La razón: convertir estos centros en institutos dedicados exclusivamente a la Formación Profesional. “Se pretende reducir estas aulas solo a Formación Profesional cuando la reivindicación ha sido siempre la integración de la ESO, Bachillerato y FP para dignificar a esta última”, sostiene el docente.

Aunque los alumnos que actualmente cursan sus estudios en este instituto podrán terminarlos, o al menos eso les ha asegurado la consejería dirigida por Lucía Figar, Enrique Martínez advierte: “El curso que viene vamos a perder a tres profesores, que serán desplazados a otros centros o permanecerán itinerantes. Los alumnos, que irán viendo cómo las clases van desapareciendo, comenzarán la estampida y la ESO se va a desmontar antes de lo previsto”, augura el docente. En los tres últimos años, los grupos de Secundaria han pasado de 12 a 5. “Las ratios son mayores y cada vez metemos a más alumnos por aula. No es que no haya estudiantes, es que fácil tenemos 35 en cada clase”, apostilla.

El problema, insiste, “no es que quiten líneas, sino que compensan esas plazas en otros centros públicos y la consecuencia natural de esto es que, o bien los otros institutos queden desbordados de estudiantes, o bien, que es lo más probable, esos alumnos vayan a parar a la concertada”.