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Unanimidad en la comunidad educativa: nadie entiende por qué solo los menores de seis años podrán ir al colegio

El hall de un colegio de Valladolid lleno de niños y niñas. / Efe

El Gobierno ha conseguido lo impensable: poner de acuerdo a la oposición, a los sindicatos educativos, a las familias laicas y a los padres católicos. A nadie le ha gustado el plan de desescalada en el ámbito educativo que presentó el martes Pedro Sánchez. La hoja de ruta genera, a estas alturas, más dudas de las que resuelve. Y muchas de las situaciones que se plantean tendrán que resolverlas las comunidades autónomas, que sin embargo a día de hoy no tienen más información sobre la cuestión de la que ha publicado el Gobierno. Familias y sindicatos también critican la falta de información e incertidumbre, e incluso tienen dudas de la viabilidad de la propuesta.

Las regiones que no gobierna el PSOE han mostrado este miércoles su descontento por lo que tachan de imposición y por no haber sido consultadas. También se ha criticado la "improvisación" (Madrid), la arbitrariedad que a su juicio supone que haya plan para los niños de seis años, pero no para los de siete (Murcia) o que se utilicen los centros como "guarderías" (Andalucía).

En resumen, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha acordado que no habrá más clase presencial hasta septiembre –el curso sigue adelante a distancia–, con algunas excepciones: se abrirán escuelas infantiles para los menores de seis años cuyos progenitores tengan que volver al puesto de trabajo; se organizarán clases voluntarias de repaso y preparatorias de otras pruebas, como la Selectividad, para los alumnos de los cursos que dan un título o acceso a otra etapa; y habrá refuerzos, también voluntarios, para los estudiantes con problemas educativos (los seleccionarán los centros).

En todos los casos será en grupos de no más de 15 personas y no antes de que entre en vigor la fase 2, a partir del 25 de mayo en las provincias que cumplan los criterios de Sanidad. Para los meses de verano quedan las actividades lúdicas anunciadas hace unas semanas.

Este plan deja una inquietud fundamental a las familias: ¿qué va a pasar con los niños de más de seis años cuando sus padres tengan que retornar a sus puestos de trabajo? Para ellos no hay alternativa, al menos no en el plan del Gobierno. Sánchez insinuó en su comparecencia –y luego el Ministerio de Educación insistió en esta idea– que serán las administraciones más cercanas (comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos) las que tendrán que ofrecer soluciones a estas familias, sin entrar en más detalles. Educación explicó que los criterios detrás de sus decisiones son de seguridad.

Las dos principales asociaciones de familias del Estado no lo entienden ni comparten. Ambas esgrimen argumentos similares: "No entendemos que las medidas de conciliación sean solo para los menores de seis. Si tienes un hijo de 12, como yo, también necesitas conciliar", explica Leticia Cardenal, de Ceapa, con representatividad en la escuela pública. Una idea similar expresa Pedro Caballero, de la católica Concapa: "O se abre para todos o no se abre para nadie, todos van a tener los mismos problemas", valora.

No le ha ido mucho mejor al Gobierno con la tercera pata de la comunidad educativa, los sindicatos de profesores. La confederación Stes ha valorado "muy negativamente" las medidas "desde el punto de vista organizativo y sanitario". En el primer caso, no creen posible "con las actuales plantillas" conjugar el teletrabajo de los profesores con la atención presencial cuando lleguen las clases voluntarias. Sanitariamente, temen la posibilidad de que los centros se conviertan en focos de contagio. En una línea similar se han manifestado otros sindicatos como CCOO.

"Hemos conocido los planes del Gobierno por la prensa"

Que Sánchez terminara de explicar la desescalada y que empezaran las dudas y críticas fue todo uno. Las comunidades autónomas, que tienen la competencia en Educación y son las que tendrán que implementar el plan del Gobierno, aseguran que nadie les ha dicho nada. Sirva como ejemplo la respuesta de la Consejería de Educación de Castilla y León: "Hemos conocido los planes del Gobierno para la desescalada educativa a través de los medios de comunicación. Así pues, estamos a la espera de que el Ministerio de Educación y Formación Profesional dé a conocer a la Junta de Castilla y León los términos y el alcance de esas medidas".

No todas las posturas han sido tan asépticas. Desde Murcia, junto con Madrid la región más beligerante en cuestiones educativas con el Gobierno central, añaden críticas específicas a la falta de información, informa Erena Calvo. "Las medidas establecidas por el Gobierno (...) no contemplan un plan real que respalde la conciliación de la vida familiar y laboral", lamentan desde la Consejería. "Además, son medidas discriminatorias tanto para el alumnado como para el profesorado, ya que no se entiende por qué un alumno de cinco años sí puede asistir y uno de siete no", añaden.

Cuando el Ministerio de Educación le responda, es previsible que se remitan a los criterios de Sanidad basados en números que explicaron ayer a este periódico. A saber: el colectivo de niños de 0 a 6 años, que conforma la etapa de Infantil y que es el que podrá ir a escuelas si sus padres tienen que volver a su trabajo, es el menos numeroso de todos, por lo que, afirma Educación, es el más fácil de manejar en condiciones de seguridad. En total son 1,6 millones de alumnos en toda España.

En Primaria, sin embargo hay tres millones de alumnos, y en Secundaria dos y medio. Estos últimos, a partir de 12-13 años, presentan menos problemas y, además, para algunos de ellos hay previstas clases voluntarias.

"Se relegan las actividades educativas"

En Catalunya, el responsable de Educación, Josep Bargalló, ha sido muy crítico con la limitación de los seis años y ha asegurado que su administración trabaja en un plan que contemple "fórmulas de acompañamiento para todo el alumnado", informa Pau Rodríguez. "Si una familia trabaja y no puede tener ninguna otra opción para sus hijos, da igual que tengan cinco o siete años", ha manifestado en una entrevista en ACN, en la que, sin embargo, no ha dado más detalles de su plan para la reapertura parcial de los centros antes del verano.

Sí ha dado a entender Bargalló que para este plan estarían estudiando ratios máximas de alumnos por aula o fórmulas nuevas de entrada y salida del centro. En este sentido, ha reivindicado que sean las autonomías las que puedan gestionar la forma en que abrirán los colegios, aunque ha admitido que el cuándo dependerá de las autoridades competentes.

El consejero madrileño, Enrique Ossorio, ha aprovechado para intentar mantener vivo el frente del aprobado general. Ossorio ha lamentado que en el proyecto de desescalada del Gobierno "se permiten otras actividades, pero se relegan las educativas, lo que encaja con el aprobado general por la puerta de atrás defendido por la ministra Isabel Celaá".

Ossorio también ha objetado que el presidente haya "marcado el camino sin hablar previamente" con las comunidades, y ha afirmado que es "un plan improvisado que no garantiza su cumplimiento por la inseguridad que genera la ausencia de un estudio epidemiológico para saber la incidencia real del virus en la población infantil". Este argumento, sin embargo, no parecía importar para la vuelta escalonada que planeaba la región a partir del 18 de mayo, según ha recordado el consejero, ahora frustrada.

En Andalucía, que se maneja a medio camino entre las críticas y la lealtad institucional, el consejero de Educación ha acusado al Gobierno de "generar más dudas que certezas en la Educación", informa Daniel Cela. Javier Imbroda también ha afirmado que Sánchez "confundió la extraordinaria labor educativa que están realizando nuestros docentes con la labor asistencial", y le recordó que "los colegios no son guarderías". El consejero ha pedido que se convoque una Conferencia Sectorial (que reúne a Gobierno y comunidades autónomas) y ha informado de que consultará a la comunidad educativa los pasos a seguir.

Tampoco las regiones que controla el PSOE tienen más información. En Valencia, la consejería ha explicado que necesita tiempo y que están "estudiando las fases, los escenarios y las decisiones", informa Adolf Beltrán.

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Publicado el
29 de abril de 2020 - 22:03 h

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