Solo se han presentado 3.400 denuncias contra pozos ilegales en cinco años
El robo de agua es una práctica más que extendida en España. Sin embargo, en los cinco años que van de 2013 a 2017, las diferentes confederaciones hidrográficas del Ministerio de Transición Ecológica han denunciado 3.474 pozos ilegales que extraían recursos sin permisos. Además, han llevado a los tribunales otras 4.083 extracciones irregulares, según la recopilación de datos realizada por Greenpeace.
El daño patrimonial que causan los agropiratas, el único documentado, supera los 77 millones de euros de acuerdo con la catalogación realizada por los organismos de cuenca. “Es un dato irrisorio. Si tuviéramos datos reales el daño ascendería a miles de millones”, explica el responsable de la investigación de Greenpeace, Julio Barea. La organización se queja de que la última vez que un Gobierno habló oficialmente de pozos ilegales fue en 2006 y situaba el inventario en medio millón. El Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Centro de España estima que, actualmente, son un millón (el 70% de todas las perforaciones).
Número de denuncias tramitadas
Pozos ilegales
Barea insiste en que “hay muy poca transparencia y sistematización sobre este problema con el que nos jugamos el futuro”. España es el país más árido de Europa y centro del riesgo de desertificación como consecuencia del cambio climático.
Las perforaciones para pinchar acuíferos subterráneos son la cara más visible y célebre del saqueo del agua, pero existen más fórmulas. Barea explica algunas: “Captaciones en fuentes, en manantiales, meter una bomba de extracción en el curso de un río o hacer una derivación hacia una acequia para la que no hay permiso. La causística es variadísima”.
La organización recuerda que estas extracciones ilegales suponen un delito que el Código Penal, en sus variantes más graves, castiga incluso con penas de prisión, “pero la falta de información y de medios de las fiscalías para perseguirlo contribuye a la impunidad”, concluyen.
Los pozos ilegales y otras maneras de captar agua sin autorización están asociadas al sector agrícola intensivo del regadío. El mayor número de denuncias tramitadas se concentra en el Guadalquivir aunque, según Greenpeace, “se trata de la administración que mejor ha respondido a las peticiones de información lo que no quiere decir que en otras confederaciones no tengan un problema similar”. En el municipio de Puebla del Río (Sevilla) existe un proceso abierto por 64 millones de euros.
Pero no es una cuestión propia de Andalucía. Hace solo unos días, el municipio alicantino de Sagunt alertó de la presencia de 15 pozos ilegales que cartografió y señaló por el riesgo de seguridad que implican estos agujeros.
Además, los pozos y balsas de regadío ilegales en Huelva han creado una presión sobre el acuífero que alimenta el parque nacional de Doñana como para provocar el enjuiciamiento de España ante el Tribunal Europeo y la declaración de sobreexplotado del almacén subterráneo de agua hace menos de un mes.
Julio Barea añade que detrás de la sustracción del agua “está la destrucción de la pequeña agricultura en favor de la agroindustria a gran escala que produce grandes cantidades, hunde los precios y hace insostenible otro modelo de agricultura”.
