Un colegio público suspende a la niña con autismo que dejó de ir a clase tras sufrir discriminación
Nuevo capítulo en el caso de la niña de Rincón de la Victoria (Málaga) que dejó de ir al colegio tras vivir el año pasado una huelga del resto de sus compañeros. La familia de la pequeña, de 11 años y con autismo, lucha desde aquel episodio por lograr la escolarización domiciliaria que sus médicos recomiendan para ella por las secuelas psicológicas que sufrió. Pero de momento se han encontrado con la negativa de la Junta. La menor no acude al colegio donde está matriculada por decisión familiar y el centro le ha suspendido todas las asignaturas por absentismo escolar.
La Junta sostiene que la familia no ha aportado en el colegio el informe médico preceptivo que recomiende la escolarización domiciliaria de la niña y que exige la normativa, según explicó una portavoz. La familia asegura que los ha entregado (tiene dos) hasta en cuatro ocasiones y que son rechazados por cuestiones burocráticas. Y entre unas y otras la delegada territorial de Educación, Patricia Alba, acabó de atizar el fuego declarando el lunes en La Opinión de Málaga para indignación de la familia que hay muchos niños con autismo escolarizados, que “no son enfermos” y que su colegio tiene un monitor “esperando” a la menor.
Eva, madre de la pequeña, explicó a este diario que la indignación proviene del hecho de que ellos no solicitan la escolarización domiciliaria porque su hija tenga autismo –antes iba al colegio– sino por las secuelas que le quedaron tras ver cómo sus compañeros de clase, padres mediante, se pusieron en huelga y no acudieron al centro en protesta por sus problemas de conducta. Y que tienen dos informes médicos que recomiendan que la pequeña no acuda a un centro en circunstancias similares a las que tenía y que la llevaron a su estado actual.
La asociación de padres del centro donde está escolarizada la niña ha echado un capote a la familia y ha publicado una nota en la que niega que tal monitor esté esperando a la menor. El comunicado detalla las carencias de personal en atención a la diversidad que el colegio tiene desde hace tiempo pese a contar con un aula específica y explica que hay varios pequeños mal atendidos. El caso está en los juzgados y la Fiscalía de Menores también ha intervenido.
Dos informes médicos
El calvario de la familia empezó en marzo del año pasado, con la huelga. La pequeña resultó muy afectada por aquel episodio y no volvió a clase. La familia se cambió de centro por lo estigmatizante de la situación, pero la niña ya no acudió al nuevo centro. A finales del pasado curso, sin embargo, la Junta sí envió una profesora para que evaluara a la pequeña. “No aportamos nada”, se sorprende Eva por el cambio de criterio. “Solo dijimos que no podía ir por razones de salud y nos mandaron una profesora”, relata.
Este curso, sin embargo, nada de eso ha sido posible. La familia tiene en su poder dos informes, psicológico y psiquiátrico, que avalan que la pequeña esté “en un entorno conocido por ella, ya sea el familiar o nuestro centro”, según los tres psicólogos que la atienden. El otro informe, firmado por un psiquiatra, recomienda evitar “intervenciones educativas que generen sufrimiento” y, aunque concede que sería “conveniente implementar un programa de intervención conductual en el aula”, añade que “si no es posible asegurar tal intensidad de apoyos en el entorno inclusivo sería recomendable seguir el programa escolar en el domicilio familiar”.
Durante el proceso judicial abierto por la huelga y el posterior absentismo escolar de la pequeña se han aportado ambos en reiteradas ocasiones, según la familia. Eva, la madre, lleva desde octubre solicitando la escolarización en el domicilio. Educación sostiene que el centro cuenta con los recursos necesarios para atenderla, pero Eva replica que no pueden conocer los recursos que la niña precisa si no han evaluado previamente su estado de salud, como no ha ocurrido. Tras un tira y afloja y con el proceso ya en los tribunales en febrero, relata, se acordó con Educación que inspección iría al hogar a evaluar finalmente a la niña. Y en esas llegaron las declaraciones de la delegada territorial, que la familia ha llevado al juzgado.
Educación alega que la escolarización domiciliaria “no puede ser nunca una decisión política sino que se trata de una respuesta técnica a una necesidad concreta del alumno”. Una portavoz recuerda que la normativa establece que este tipo de escolarización es para alumnos con una enfermedad y que para otorgarla es necesario que el colegio donde esté escolarizado el alumno obtenga el informe médico y que este esté actualizado. Hecho que, según Educación, no ha ocurrido.
A la espera de resolución, el caso va creciendo según pasan las semanas. El PP andaluz se ha sumado y exige a la Junta que otorgue la escolarización domiciliaria a la niña y ha calificado la actitud de la delegada de “mezquina e ignorante”. Estas cuestiones tendrá que resolverlas el juez si no hay un acuerdo previo. De momento la certeza es que la niña ni va al colegio ni recibe escolarización en su domicilio. Ya lleva más de un año. Y ha suspendido todas las asignaturas.
