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Mitos y realidades del vídeo viral sobre el negocio de las farmacéuticas

La diputada Marta Sibina durante una intervención en el Congreso

Teguayco Pinto

“Hola, me llamo Marta Sibina, soy enfermera, diputada en el Congreso y grabo este vídeo porque necesito ayuda para destapar un escándalo del que nadie quiere hablar”. El pasado viernes, una diputada de En Comú Podem publicaba un vídeo para denunciar “el atraco de las farmacéuticas a nuestro sistema sanitario, con la complicidad del PP y del PSOE”. El vídeo, que en el momento de publicación de esta noticia ha sido reproducido más de 800.000 veces y tiene más de 23.000 valoraciones positivas, hace una serie de afirmaciones sobre la fijación de precios de los medicamentos y sobre las diferencias de precios entre los fármacos en España y otros países de nuestro entorno. Repasamos algunas de estas afirmaciones.

¿Pagamos precios más caros que otros países por los mismos fármacos?

En primer lugar, Sibina compara el precio de dos medicamentos entre Reino Unido y España, como el Herceptin (nombre comercial del trastuzumab) y el Avastin (bevacizumab), ambos de la farmacéutica Roche. La diputada asegura que el primero cuesta en España 597 euros, por los 478 que se pagan en Reino Unido, mientras que el segundo costaría 1.273 euros, por los 894 euros en las islas británicas.

Estos datos parecen haber sido obtenidos de un informe de la campaña No es Sano publicado en abril de este mismo año y que muestra cómo los españoles pagamos más por algunos fármacos contra el cáncer que nuestros vecinos ingleses o franceses. Sin embargo, el precio que se paga por el Avastin en Reino Unido es de 1.085 euros y no 894, que es el precio de un medicamento situado en la fila inferior de la tabla.

A parte de este error, cabe destacar que se desconocen los precios reales que pagan los distintos países por los fármacos, algo que reconocen los propios autores del informe, que advierten de “las limitaciones debidas a la dificultad en el acceso a información relativa a precios reales” y aclaran que “los resultados no pretenden ser extrapolables a todos los fármacos actuales”.

De hecho, otros medicamentos como el sofosbuvir, indicado para la hepatitis C, puede llegar a costar en España en torno a 47.000 euros por tratamiento, según los precios publicados por el Ministerio de Sanidad el mes pasado, mientras que en otros países europeos como Francia, Reino Unido o Alemania se estima que estos tratamientos pueden llegar a costar aproximadamente el doble.

Por último, los precios mostrados en el informe para ambos fármacos son los de 2013 y ya no aparecen en el nuevo listado publicado por el ministerio. Además, corresponden a lo que se conoce como Precios de Venta de Laboratorio (PVL), que tampoco es necesariamente el precio final de los mismos, sino que son el valor máximo a partir del cual las comunidades autónomas y los hospitales podrán negociar a la baja con las farmacéuticas, aunque con poco margen. De hecho, en 2013 la Junta de Andalucía consiguió rebajar ligeramente el precio del Avastin hasta los 1.224 euros.

Por tanto, no se puede afirmar que España pague más por sus medicamentos que otros países de nuestro entorno. El hecho de que diferentes países e incluso diferentes hospitales dentro de una misma ciudad consigan precios distintos para los fármacos depende de muchos factores, incluida la capacidad de negociación o el número de tratamientos necesarios.

No se sabe cómo se negocia el precio de un fármaco

Sibina también denuncia la opacidad respecto a la negociación de los precios, lo cual es cierto en el caso de los PVL. Estos precios iniciales son establecidos por la Comisión Interministerial de Fijación de Precios de los Medicamentos tras negociar con la industria farmacéutica. Sin embargo, el gobierno sigue sin publicar los criterios seguidos por esta comisión, a pesar de que es algo que diversas organizaciones llevan años exigiendo.

Según explicó a eldiario.es la portavoz de No es Sano, Eva Iráizoz, en una entrevista realizada el mes pasado, “la fijación de los precios tiene que venir determinada por los costes de producción y de desarrollo del medicamento, más un beneficio razonable, pero desconocemos si la Comisión tiene en cuenta o no estos factores, porque no se conocen los criterios en los que se basan estas negociaciones”.

Se desconoce el coste de desarrollo de un medicamento

Precisamente la determinación de los costes de desarrollo de un fármaco es otra de las cuestiones planteadas por Sibina y, de nuevo, la diputada tiene razón, dado que no se sabe qué tipo de información comparten las farmacéuticas con los miembros de la Comisión de Fijación de Precios e históricamente los laboratorios han sido reacios a especificar los costes, aduciendo riesgos con la competencia.

Sibina concluye que “las farmacéuticas nos están cobrando mucho más de lo que valen realmente los medicamentos” y, a pesar de desconocer los costes de desarrollo de un fármaco, la diputada llega incluso a poner cifras, asegurando que lo que invierte la industria farmacéutica para desarrollar un fármaco es apenas un 16% del precio final del producto o que los precios de muchos medicamentos están un 1000% por encima de su coste.

Sin embargo, la realidad es que no existen datos con los que se pueda hacer una cálculo preciso sobre esta cuestión y es difícil saber de dónde han salido los datos mencionados por Sibina. Lo que sí se sabe, según la información publicada por la Federación Europea de Asociaciones de la Industria Farmacéutica, es que, globalmente, las farmacéuticas dedican a investigación un 16% del total de facturación por ventas y un 21% a producción.

También varios estudios han mostrado cómo los costes de algunos fármacos son muy inferiores a su precio de mercado, como el caso del sofosbuvir, cuyo tratamiento puede producirse por poco más de 100 dólares, según un estudio reciente, en comparación con los 47.000 euros de precio de salida que ha marcado la Comisión Interministerial.

El informe de No es Sano también destaca el caso de la Lemtrada (nombre comercial del alentuzumab), por el que la industria solo aportó el 13% de los 156 millones de dólares que costaron los ensayos clínicos, mientras que las ventas del primer semestre del pasado año ascendieron a más de 249 millones de dólares.

El afán de lucro de las farmacéuticas

Sibina también critica el afán de lucro de las farmacéuticas y hace referencia a unas declaraciones de un directivo de Gilead que aseguró que pedirían todo lo que el cliente pudiera pagar. No es el único empresario del sector que ha mostrado públicamente su opinión al respecto. El pasado mes de septiembre el director ejecutivo de la farmacéutica Nostrum, Nirmal Mulye, aseguraba que es “un requisito moral vender un producto al mayor precio posible”.

Sin embargo, más allá de los excesos puntuales, el problema no parece estar en el legítimo afán de lucro de las farmacéuticas, sino en una regulación que no ofrece un marco de protección para los productos sanitarios. Según explicó el mes pasado la directora de la plataforma Salud por Derecho, Vanessa López, “el problema es que se trata a los fármacos como si fueran un producto de consumo cualquiera”, en lugar de ser “tratados como un bien público, ya que de ellos depende la vida de las personas”.

Las patentes no protegen a las farmacéuticas

Por último, Sibina señala como base del problema el hecho de que las farmacéuticas estén “protegidas por las patentes” que “les conceden los gobiernos”. Sin embargo, éstas no son concedidas por los gobiernos, sino por las oficinas de patentes nacionales o supranacionales, como la Oficina Europea de Patentes. También existen acuerdos internacionales para la validación de una patente, con lo que el procedimiento no es algo tan lineal.

A pesar de ello, no son pocos los analistas que consideran que el sistema actual de patentes debe ser revisado. Según un estudio publicado el pasado año en una de las revistas de la Asociación Médica Americana, las farmacéuticas siguen varias estrategias para alargar las patentes y mantener el monopolio, como “patentar aspectos periféricos de un medicamento o formulaciones modificadas que no agregan valor clínico”, una práctica conocida como perennización de las patentes.

Además, Sibina asocia la capacidad de una farmacéutica para “chantajear” a un gobierno con el hecho de tener una patente. Aunque es innegable que la patente ofrece una ventaja negociadora importante, la fijación de precios es más compleja. De hecho, en 2015 Roche perdió la patente del primer fármaco mencionado por Sibina en el video, el Herceptin, y actualmente hay dos farmacéuticas que ya están comercializando fármacos similares en España. Se estima que los medicamentos biosimilares son hasta un 30% más baratos, pero, de nuevo, se desconoce el precio al que se están vendiendo estas nuevas versiones.

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