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Nuevos conceptos urbanos que debe conocer: las áreas comerciales urbanas

En Estados Unidos existen desde hace tiempo las "áreas comerciales urbanas", una alternativa a los grandes centros comerciales

La propuesta del Gobierno excluye a bares y restaurantes y contempla el pago por parte del ayuntamiento del 95% del IBI de los comerciantes de estas áreas comerciales

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El Gobierno ha elaborado un anteproyecto de Ley para la Dinamización de las Áreas Comerciales Urbanas | EFE

El Gobierno ha elaborado un anteproyecto de Ley "para la Dinamización de las Áreas Comerciales Urbanas" que, según el pequeño comercio, prevé "una nueva modalidad de gestión de centros urbanos". ¿Nueva?

Los BID (Business Improvement Districts) o "zonas de mejora de negocios", adaptado al español como "Área de promoción de iniciativas empresariales" o más comúnmente, "Áreas comerciales urbanas" son originarias de Estados Unidos. Nacieron como alternativa urbana a los grandes malls, constituyéndose en un excelente sistema de gestión público-privada de algunos sectores comerciales de la ciudad, especialmente de los conocidos como "Centros Comerciales Abiertos". Esta figura cuajó rápidamente en la Europa de los centros históricos repletos de comercio turístico, bares, cafés y restaurantes.

Desde la antigüedad, las ciudades han sido principalmente focos comerciales que compiten con otras por atraer productos, servicios y especialistas en distintas áreas económicas. Hoy lo llamamos "constituirse en hubs". Asumiendo este principio, debemos aceptar que a su vez una pequeña parte de la ciudad pueda constituirse en un hub especializado. Un barrio, una plaza o una calle. Puede tener igual sentido un BID vinculado a una calle (la Calle del Sonido o la de las zapaterías) que un barrio: El Raval (Barcelona), Santa Cruz (Sevilla), Barrio Húmedo (León).

Además, los BID no se conforman con alcanzar un ámbito local. En la web de la Asociación de BID de Nueva York verán cómo lejos de limitarse a sustentar la economía de un determinado barrio, proyectan una dimensión nacional e internacional.

El proceso es sencillo. Una vez delimitada el área del BID -que puede crecer- los comerciantes de la zona constituyen por mayoría una asociación. Al igual que en una comunidad de vecinos, quienes hayan votado en contra están también obligados a integrarse. La clave está en que no haya nadie que se beneficie del BID sin contribuir. Posteriormente debe aprobarse en un pleno municipal. La asociación pacta con los ayuntamientos mejorar los servicios básicos municipales -que el ayuntamiento continúa prestando- comprometiéndose a invertir periódicamente en los aspectos que más interesen a los propios comerciantes. Ellos corren con los gastos de incrementar la calidad de los servicios, pero a cambio... deciden.

Deciden cómo quieren que sea su BID, tanto en lo inmediato (más seguridad, mejor mantenimiento, recogida de basuras, mejor iluminación, mobiliario urbano, marketing corporativo, normativas de horarios y de ruidos, etc.) como en otras áreas que implican una gestión urbana público-privada más compleja (accesibilidad, líneas de transporte público, aparcamientos, promoción del patrimonio cultural, páginas web, BID en la red, etc.). Incluso influyen en decisiones estratégicas de la ciudad, pues los comerciantes siempre han tenido mucho poder. Así, por ejemplo, en uno de los centros comerciales abiertos más importantes de España -el centro de San Sebastián- no ha podido implantarse nunca El Corte Inglés.

En las ciudades medianas, los BID de los cascos antiguos comerciales no tendrían competencia directa (Oviedo, Santander, Santiago, Girona, Málaga, Segovia, Cáceres), pero en las grandes ciudades podrá haber diferentes BID que compitan por la misma clientela (por ejemplo el Barrio de las Letras, Chueca o el Triball, en Madrid). El resultado es que se harán más atractivos, mejorarán y al ayuntamiento no le costará dinero. Pagan los comerciantes, y casi todos ganan. Casi todos.

Bonificaciones de impuestos

Pero la opción que propone el ministerio de Economía, en principio derivada del modelo anglosajón y europeo, presenta dos puntos controvertidos que han encendido las alarmas: 1. Los bares y restaurantes no podrán formar parte del BID y 2. Los ayuntamientos bonificarán hasta el 95% del IBI a los comerciantes.

Lo primero es sorprendente. Se entiende que el Gobierno quiera estimular el comercio favoreciendo a los pequeños comerciantes, cuyo voto le es mucho más fiel que el de cualquier otro sector social, pero no se entiende que quede al margen el segmento hostelero, quien más tira del consumidor en los cascos antiguos de las ciudades. Posibles BID en Sierpes (Sevilla), Pozas (Bilbao), Parte Vieja (San Sebastián) o Plaza Mayor (Madrid) quedarían automáticamente desactivados, pues la mayor parte de sus locales son bares o restaurantes.

Lo segundo es directamente regresivo. Hoy el Impuesto de Bienes Inmuebles que recaudan los ayuntamientos se destina a toda la ciudad. El de las áreas objeto de posibles BID -de indudable valor comercial- también. Con la propuesta del gobierno, hasta el 95% del IBI que dejan de pagar en los BID se destinaría a ellos mismos.

Sólo el PP y Convergencia y Unió votaron el pasado mes de junio a favor de una proposición del Grupo Popular presentada en la Comisión de Economía del Congreso, instando al Gobierno a promover los BID. La primera voz que se ha alzado en contra es la de la Federación Española de Municipios, con gran presencia en su seno del propio Partido Popular. Motivo: si no se suben los impuestos, los ayuntamientos no podrían seguir prestando los mismos servicios básicos que actualmente prestan en toda la ciudad, y como en los BID no van a dejar de hacerlo, otras partes urbanas "menos vistosas" se resentirán.

Por tanto, como no pueden incrementar su deuda, las cosas hay que pagarlas y las cuentas tienen que cuadrar: a alguien le van a subir los impuestos. Hay al menos tres posibilidades:

1. Subirlos en toda la ciudad. Los propietarios de viviendas y locales del resto de la ciudad estarían pagando unos servicios extra que ellos no reciben. Esta opción significa agrandar aún más la brecha social.

2. Subir el conjunto de impuestos municipales, no sólo el IBI, únicamente al resto de propietarios (de viviendas y hostelería) de las zonas afectadas. Ellos son los que más se benefician de las mejoras del barrio. Lo repercutirán en precios de venta y alquileres.

3. Aplicar una subida selectiva que exima a los más desfavorecidos y afecte por tanto al conjunto de la clase media urbana que como sabemos, "aguanta lo que le echen sin lanzarse a la calle a protestar".

Aun estando a favor de los BID -el Partido Socialista lo está- es difícil aceptar el texto del Gobierno. Ceder capacidad de gestión municipal sin un claro beneficio público a cambio, supone sencillamente privatizar el espacio público de los sectores comerciales más emblemáticos de las ciudades –y generalmente los más rentables- Es traspasar poder a organizaciones no elegidas democráticamente, defensoras sólo de sus propios intereses, que, por muy legítimos que sean, no son los de todos los ciudadanos.

Algunos perdedores

Decíamos antes que ganan casi todos, pero naturalmente hay quien pierde. Los precios de los alquileres en zonas comerciales de primer nivel -mejoradas- siempre suben y algunos de los actuales habitantes tendrán que marcharse. Habrá muy escasas excepciones -zonas exclusivas como el Paseo de Gracia o Serrano- en las que los alquileres no se resentirán si se convierten en BID, pero en general se producirá un trasvase de población hacia zonas más "baratas" de la ciudad. Su lugar, tras actualizar las prestaciones de los edificios rehabilitándolos, será ocupado por personas de mayor poder adquisitivo, que a su vez demandarán más servicios y un comercio más elitista. Es el característico proceso de gentrificación, anglicismo que viene a significar "ennoblecimiento del barrio" y que debe ser estudiado con mucha profesionalidad y con mucha menos demagogia de la que venimos observando recientemente en los medios de comunicación. De él hablaremos en el siguiente artículo.

El Ministerio de Economía y Competitividad ha tenido muy loablemente en cuenta las necesidades de los comerciantes de las áreas urbanas más representativas y turísticas, y está legislando en su beneficio. Pero dando otra vuelta de tuerca veríamos que muchos de los comerciantes están alquilados, por lo que el IBI en realidad lo dejarían de pagar los arrendadores. Ellos son los que presionarían al ayuntamiento para que apruebe por pleno dejar de cobrarles el porcentaje de IBI. Si conociéramos quienes son los dueños de los locales tal vez nos sorprendiéramos.

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