De Waterloo a Lledoners
Con la perspectiva que proporciona el paso del tiempo parece claro que Carles Puigdemont acertó en su estrategia de fijar su residencia en Bélgica y defenderse desde allí frente a la querella por rebelión activada por el Fiscal General del Estado José Manuel Maza. No solamente ha conseguido no ser extraditado a España para poder ser juzgado por tal delito o por el de sedición, sino que ha dejado en evidencia a la Fiscalía General, a la Audiencia Nacional y al Tribunal Supremo, que, tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Schleswig-Holstein, ante la que se han allanado no recurriéndola ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, han venido a reconocer que no pueden argumentar persuasivamente ante ninguna instancia judicial europea su calificación como delito de rebelión de la conducta de Carles Puigdemont. Jurídicamente, la victoria de Carles Puigdemont sobre la Fiscalía, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo ha sido una victoria por goleada.
Pero no solo jurídicamente ha sido una estrategia acertada. También políticamente lo ha sido. Su audacia le permitió ganar contra pronóstico las elecciones del 21-D, superando a ERC y convirtiendo, en consecuencia, a su partido en el único que podía ocupar la presidencia de la Generalitat.
Sin la moción de censura y la sustitución de Mariano Rajoy por Pedro Sánchez en la presidencia del Gobierno, dicha estrategia es probable que continuara reportando dividendos políticos a Carles Puigdemont. Con Mariano Rajoy en La Moncloa, la posición hegemónica de Puigdemont en el nacionalismo catalán era prácticamente inexpugnable.
Pero ahora ya no es así. Con Mariano Rajoy no se podía hacer política. Con Pedro Sánchez sí se puede. Se está haciendo. Hay reuniones bilaterales. Hay discusión sobre la eventual Ley de Presupuestos Generales del Estado que el Gobierno pueda remitir a las Cortes Generales. Y desde Waterloo y sin aceptar siquiera la posibilidad de delegar su voto en el Parlamento, con lo cual el nacionalismo deja de tener la mayoría, convirtiendo de paso en irrelevantes los cuatro escaños de la CUP al tiempo que revaloriza extraordinariamente los nueve escaños de En Comú Podem, su posición política no es que se debilite, sino que genera un vacío que tiene que ser llenado.
Es lo que está ocurriendo. La desventaja que ha tenido en este último año Oriol Junqueras por carecer de libertad de movimiento como sí tenía Carles Puigdemont, se ha corregido a la inversa. Desde la cárcel de Lladoners Oriol Jonqueras puede tener un protagonismo, que Carles Puigdemont no puede tener desde Waterloo.
Dado el calendario electoral que se avecina y que, tras las elecciones andaluzas del 2 de diciembre, obligará a todos los partidos a tomar decisiones a una velocidad de vértigo y reaccionar con esa misma velocidad a las que tomen los demás, Carles Puigdemont puede dejar de ser un activo para el espacio convergente y convertirse en una suerte de hipoteca. Oriol Junqueras ya ha podido tomar la decisión de quien va a encabezar la lista de la candidatura para el Ayuntamiento de Barcelona y para las elecciones al Parlamento Europeo, desbaratando con esa iniciativa la posibilidad de que el nacionalismo pudiera concurrir con candidaturas unitarias en todas las elecciones del mes de mayo. Carles Puigdemont no sabe siquiera si tiene autoridad suficientemente reconocida como para tomar esa decisión.
El tiempo corre muy deprisa y la dirección en la que apuntan los acontecimientos está poniendo ya y va a poner todavía más en el futuro inmediato en una posición muy difícil a Carles Puigdemont. Sin su presencia en el espacio convergente va a tener mucha dificultad en ocupar con la eficacia exigible para una fuerza política que ha significado lo que ha significado y que continúa significando lo que significa en Catalunya el lugar que tiene que ocupar. En el espacio convergente está semimaniatado en un momento en el que va a necesitar reaccionar permanentemente a mucha velocidad.
Lo que ocurre es que un problema de esta naturaleza para el espacio convergente es un problema para toda Catalunya y, por conexión o consecuencia, como se dice en las sentencias del Tribunal Constitucional, para todo el Estado. La democracia española no puede operar con normalidad con una Catalunya políticamente mutilada, lo sea de la forma que sea.
