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Alaya empieza a llamar a exalcaldes y empresarios de la Sierra Norte de Sevilla por el caso ERE

La jueza citado a declarar entre el lunes y el jueves a 25 de los 35 imputados por ayudas concedidas supuestamente de forma irregular, entre los que destacan exregidores socialistas e incluso una monja de clausura que fue presidenta de una cooperativa textil.

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La juez Mercedes Alaya, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha citado a declarar este lunes a siete de los imputados por las ayudas concedidas a empresas de la Sierra Norte de Sevilla, entre ellos el exalcalde socialista de Guadalcanal Carmelo Montero Cabezas, han informado a Europa Press fuentes del caso.

Entre este lunes y el jueves, la magistrada ha citado a declarar en total a 25 de los 35 imputados por las ayudas a la Sierra Norte de Sevilla, entre los que destacan dos exalcaldes --el ya citado de Guadalcanal y el que fuera alcalde socialista de El Real de la Jara entre 1985 y 2007 José Antonio Méndez Sánchez-- e incluso una monja de clausura, identificada como Carmen Muñoz Rivas, que fue presidenta de una cooperativa textil que recibió una subvención de 44.000 euros de la Junta de Andalucía.

Alaya considera que Carmelo Montero, que fue también presidente de la cooperativa Almazara de Guadalcanal Carmelo Montero Cabezas, "obtendría, dadas sus importantes relaciones de amistad con los responsables de la Consejería de Empleo e IFA, una subvención de un millón de euros sin efectuar siquiera la mera solicitud ante la Administración y sin presentar la documentación acreditativa del proyecto u obra".

La juez imputó además al exprimer edil de Guadalcanal por su "activa participación" en la concesión de 2,1 millones en ayudas a Refractarios Sevilla/Refractarios Guadalcanal/Refractarios Andalucía. Según Alaya, Carmelo Montero "asistiría a diversas reuniones con los empresarios, asistiendo también" el exconsejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico José Antonio Viera, "del que era muy amigo", y el exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas.

El exalcalde "influiría decididamente para la concesión de las ayudas referidas a cada una de las empresas, pese a que debía conocer que no existían bases reguladoras para el otorgamiento de las mismas, no solo por razón de su cargo, sino porque a la cooperativa que presidía, a finales de 2003, le fue también concedida una subvención de un millón carente como las de las empresas de Refractarios del más mínimo trámite procedimental".

De igual modo, la juez ha citado este lunes a Luis Martínez Perea, presidente de Atarazanas de Constantina, empresa cooperativa cuyo objeto social era el aserrado y cepillado de madera, Manuel Fuentevilla Valverde, representante de 'Maderas Manuel Fuentevilla', y a José Montesinos Cabrera, representante de 'Maderas Montesinos'.

EL PAPEL DE GUERRERO

Alaya considera que, "a través de la influencia ejercida" por todos ellos en la dirección de la Consejería de Empleo, "habrían conseguido para la creación de la cooperativa y construcción de un aserradero de madera de castaño en Constantina, cooperativa en la que se integrarían las tres empresas anteriores", una subvención de 600.012,12 euros.

Los pagos se realizaron el 26 de junio de 2003 y el 27 de noviembre de 2003, "sin que mediara solicitud, ni documentación acreditativa de estar al corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social, no existiendo tampoco resolución de concesión".

También están citados este lunes ante Alaya, en relación a la empresa Grueso y García S.L. dedicada al transporte por carretera de mercancías, Alfonso Manuel García Delgado y su socio José Grueso García, quienes según declaró el primero fueron a ver al entonces director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero para solicitarle una ayuda.

De este modo, y tras entregarle facturas pro-forma que justificasen la inversión, "pues querían montar una empresa", en octubre de 2006 Guerrero les firmó una resolución de ayuda por 100.000 euros, aunque transcurrió un tiempo sin que la misma le fuera abonada, por lo que la reclamaron por escrito el 14 de mayo de 2008.

"MAL DADA"

Poco tiempo después, se entrevistaron con el sucesor de Guerrero, Juan Márquez, quien les dijo indiciariamente que la ayuda no cumplía los requisitos para pagarse "porque estaba mal dada", momento en el que uno de los imputados le advirtió que, "como tenía una resolución firmada por Guerrero, acudiría a juicio si era necesario".

"Ante la insistencia" de uno de los imputados, Márquez le ofreció el pago de la mitad, 50.000 euros, lo que los dos socios de la empresa aceptaron. Finalmente, esa ayuda fue abonada el 17 de septiembre de 2008, "sin solicitud, sin memoria justificativa del proyecto y sin aportar documentación justificativa de estar al corriente en el pago de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social".

Además, la ayuda fue otorgada "conociendo sus beneficiarios y quien finalmente ordena su pago, Juan Márquez, la ilicitud de la concesión, a pesar de que en su declaración judicial manifestó que su actuación se limitó a materializar el pago de la ayuda concedida por Guerrero".

Por último, la juez ha citado este lunes a Manuel Grueso Vázquez, quien fue administrador único de Dehesa Navera, empresa dedicada a la fabricación de productos cárnicos en Las Navas de la Concepción, y "en connivencia con otros empresarios de la zona" y el exgerente del IFA en Sevilla Manuel Enrique Rodríguez Contreras, "vecino" de la zona, "ejercerían influencia" sobre el entonces director de Trabajo Francisco Javier Guerrero para que concediera a sus empresas ayudas públicas.

De esta forma, "y en virtud del compromiso" de Rodríguez Contreras, se le concedió a Dehesa Navera el 3 de marzo de 2004 una subvención, "sin mediar solicitud ni documentación justificativa alguna", por importe de 182.629,34 euros.

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