El plan B de la Junta de Andalucía con las 35 horas: tres preguntas sin respuesta clara
El Consejo de Gobierno tiene previsto ratificar este martes el acuerdo entre la Junta de Andalucía y los sindicatos CSIF, CCOO y UGT para cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que obliga a volver a la jornada laboral de las 37,5 horas semanales de los empleados públicos, y de las que dos y media serán para formación o trabajo desde casa, con el fin de mantener la dinámica que se había implantado este año de las 35 presenciales, pero sin esquivar el fallo.
La cuestión ha planteado un auténtico problema en el Gobierno de Susana Díaz, que con la implantación de las 35 horas propició la creación de más de 7.000 nuevos empleos que se comprometió a mantener pese a que pudiera haber una sentencia en contra. Sin embargo, el plan B de las dos horas y media no presenciales propició que se diera una imagen de que el Gobierno de Andalucía intentaba “sortear” o “burlar”, que han sido los términos más usados por la prensa, la sentencia del TC. Especialmente porque en un principio la consejera de Hacienda y Administración Local, María Jesús Montero, dijo que no se activarían mecanismos para controlar esas tareas fuera del centro de trabajo.
La propia presidenta ordenó neutralizar ese mensaje, de manera que en el pasado Consejo de Gobierno, cuando estaba previsto que se ratificara el acuerdo, no se hizo, y en cambio, se acordó enviarlo al TC como garantía, exigiéndose en paralelo que la Consejería de Hacienda y Administración Local propusiera mecanismos de control.
No todo está todavía claro. El PP ha reclamado “una normativa seria”, pactada con los sindicatos y que sea llevada al Parlamento de Andalucía para su debate. Si no se hace, tras las vacaciones navideñas, exigirán “responsabilidades”, en palabras del portavoz de Función Pública del PP en el Parlamento de Andalucía, Pablo Venzal.
Todo esto plantea por lo menos tres preguntas. Empezando por lo último: ¿por qué se ha titubeado en la ejecución de la sentencia?
Versión oficial: “Ha sido una cautela para que no haya ninguna duda de que acatamos la sentencia”, dice María Jesús Montero, quien no obstante no espera ninguna respuesta del TC. La realidad es que en el Gobierno de Andalucía reconocen que el contexto de Catalunya es el que ha forzado esta consulta y la descoordinación en la respuesta tras el varapalo del TC.
Un ejecutivo que ha hecho gala de estar con la Constitución Española y con una Susana Díaz que ha sido de las primeras y más contundentes en alinearse con la aplicación del 155 en Catalunya no puede permitirse que se interprete que busca resquicios para no cumplir la sentencia del TC y tampoco dejar puertas abierta para un nuevo recurso del Gobierno de España.
Susana Díaz insistía en el último pleno en acusar a los populares: “Las 35 horas serán una realidad en Andalucía en el marco de las 37,5 que marca el TC. Nos han querido situar fuera de la ley y no lo van a conseguir”. En su opinión, la estrategia del PP ha sido boicotearlas “para no tener que instaurarlas en el resto de España” y se ha vuelto a burlar de la falta de relevancia de su presidente en Andalucía, Juan Manuel Moreno, a la hora de exigir esto a su partido. Le recuerda que prometió que todo estaba arreglado, por lo que “ha hecho el ridículo” cuando ha llegado la sentencia por el recurso del Gobierno de España. El PP en cambio, matiza que su compromiso era no exigir la aplicación de las medidas cautelares y “se ha cumplido todos estos meses hasta que ha habido sentencia”.
Versión de la oposición: se trata de una situación que responde a la improvisación. “Ha sido una chapuza y una fullería”, ha sentenciado Juan Manuel Moreno. Cree que el Gobierno de Andalucía “ha engañado” a los empleados públicos, “y lo hizo en vísperas de unas elecciones”. De hecho, ha recordado que ni había informe de los servicios jurídicos ni del Consejo Consultivo de Andalucía cuando se aprobó el decreto de las 35 horas en octubre de 2016. En esta línea, el líder de IU, Antonio Maíllo, también habla de salida “improvisada”.
Pero ya en la misma solución que propone la Junta de Andalucía surge otra pregunta: ¿por qué se aprobó el decreto para las 35 horas si existían mecanismos para aplicarlas como el que ahora se propone?
Versión oficial: la Junta de Andalucía dice que porque quería que fuera un derecho. El caso es que computar ahora dos horas y media no presenciales para completar las 37,5 ya se aplica en Castilla la Mancha, pionera en la exigencia de las 35. El Gobierno de Susana Díaz garantiza ahora que se controlará “sin caer en lo absurdo”. De hecho, igual que muchos empleados públicos se llevan trabajo a casa, que uno esté en su centro de trabajo no significa que necesariamente esté siendo productivo.
Versión de la oposición: hay cierta coincidencia entre el PP, Podemos e IU en que lo que ha hecho Susana Díaz es “jugar con los empleados públicos” y “usarlos para su batalla”. Ni siquiera todos los sindicatos lo ven claro, específicamente los no incluidos en la firma del acuerdo.
El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAS) interpreta que “se podía haber hecho antes y con más garantías, desde el momento en que se estableció la jornada de 37,5 horas hace más de cuatro años”. El Sindicato Médico habla directamente de “montaje” con el tema. “Si ese acuerdo con los sindicatos UGT, CCOO y CSIF en el que se van a contabilizar dos horas y media no presenciales es posible ahora, también lo era en 2012 y se hubiera evitado el despido de miles de trabajadores en la enseñanza”, apostilla por su parte CGT. Mientras, desde Satse creen que un acuerdo entre administraciones conllevaría “más seguridad jurídica”.
Pero incluso antes de todo esto ya había otra pregunta más obvia: ¿por qué se aprobó el decreto de las 35 horas si había precedentes en contra?
Versión oficial: “Cuando se implantan las 35 horas no había ninguna sentencia que lo pudiera invalidar, sino un escenario en el que la Junta de Andalucía tenía la posibilidad de hacer lo que hizo”, decía esta semana el portavoz del Gobierno de Andalucía, Juan Carlos Blanco, parafraseando a María Jesús Montero. No es cierto, la sentencia de Castilla la Mancha es de septiembre de 2016.
En el otro caso, el del País Vasco, fue su tribunal superior de justicia el que la anuló un par de meses después. Pero meses antes de la sentencia de Castilla la Mancha la Junta de Andalucía ya había escenificado en julio de 2016 este compromiso con una foto con los sindicatos y no quiso renunciar. María Jesús Montero insiste en que no se consideró esa sentencia que auguraba el mismo fin para el decreto de la Junta de Andalucía “porque invocaba a artículos distintos”.
Versión de la oposición: habla de estrategia para la confrontación y con fines “electoralistas” por parte de Susana Díaz, que entonces pugnaba con Pedro Sánchez por el control del PSOE. Desde el PP han criticado las contradicciones entre lo ocurrido el pasado lunes, cuando “arbitran una medida a toda prisa que desprestigia a los funcionarios y que es algo improvisado y bochornoso”, y el martes, cuando el Consejo de Gobierno opta por matizar la misma.
En esta guerra, el Gobierno de España no ha dudado en jugar con los plazos para el recurso contra la Junta de Andalucía. Esperó hasta el último día para presentarlo en el TC y luego engaño con una supuesta comisión bilateral para buscar una solución que nunca llegó a reunirse.
Por eso, el PSOE ha intentado colocar a los populares en contra de los empleados públicos por no convencer a Mariano Rajoy para que respetara la propuesta de Andalucía y extendiera la medida a toda España. Pero a su vez el Gobierno de Mariano Rajoy quiere marcar el ritmo y que no sea Susana Diáz la que lo haga. Pretende aprobar la medida en el marco de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), en caso de que los cierre, y no para todos los sectores, sino educación y sanidad. Dependerá también que los ministros Cristóbal Montoro y Luis de Guindos se pongan de acuerdo porque cada uno tira para un lado en este tema.
En este contexto, surge una duda sobre si el truco de las dos horas y media no presenciales se aplica en otras administraciones, incluso en la propia Consejería de Justicia e Interior que por su “régimen especial” se quedó fuera de la luego frustrada medida de la Junta de Andalucía. Si no, ¿por qué no se han levantado en masa los empleados municipales exigiendo lo mismo que para los de la Junta de Andalucía? Sólo en el Ayuntamiento de Madrid se intentó e igualmente terminó tumbada su propuesta. Es más, tras el acuerdo entre Junta de Andalucía y sindicatos, ya hay otros que han insinuado que usarán el sistema. El primero, el Ayuntamiento de Córdoba.
