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Junta y Policía coinciden: el cártel del fuego ha cometido “irregularidades graves” con las subvenciones a desempleados

El interventor provincial de Córdoba concluye que Faasa no ha cumplido con "importantes normas especiales", no justifica 300.000 euros y no queda acreditada "la mejora de la empleabilidad de los alumnos desempleados"

La Policía Judicial afirma que la empresa "ha burlado el control de la Administración autonómica en materia de subvenciones"

Faasa, por su parte, "se ratifica en la legalidad de sus acciones y la buena praxis en los expedientes de las subvenciones"

El caso instruido en Sevilla ya le ha costado la imputación a dos directivos de Faasa y a un alto cargo y seis funcionarios de la Consejería de Medio Ambiente

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Un helicóptero georgiano que extinguía un incendio forestal se estrella en un río

Aeronave durante una maniobra de extinción de un incendio forestal EFE

No solo sobre las mesas de contratación de helicópteros. También en las carpetas de las subvenciones a cursos de formación. Faasa, el núcleo de la trama andaluza del cártel del fuego, ha cometido "irregularidades graves" con las ayudas de formación para pilotos y técnicos desempleados, según la Intervención de la Junta de Andalucía y la Policía Judicial. 

En unas diligencias previas a la que ha tenido acceso eldiario.es/andalucía, el interventor provincial en Córdoba concluye que "existía otra realidad" detrás de la apariencia de una entidad que supuestamente "gozaba de un alto nivel de calidad y con grandes resultados de empleabilidad". Esa otra realidad era que en Faasa "el interés público se ha supeditado al interés particular".

Tras analizar la documentación de más de una veintena de subvenciones concedidas entre 2002 y 2014, no se han cumplido "importantes normas especiales", la justificación de los gastos subvencionados “ha sido relativa” y, por último, “la finalidad última de la formación, que es la mejora de la empleabilidad de los alumnos desempleados que han realizado los cursos no ha quedado acreditada". Para la Unidad Adscrita de la Policía Judicial del Juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla, "el resultado ha sido positivo, ya que se han detectado algunas irregularidades mencionadas en anteriores informes policiales".

Los investigadores analizan el informe de Intervención General y afirman que "la justificación de las subvenciones ha sido insuficiente", asegurando que Faasa ha pasado de ser un motor económico importante para la zona a una “empresa que ha supeditado el interés público a su afán de enriquecimiento, que ha incumplido importantes normas, ha llevado a cabo todo tipo de irregularidades (gastos injustificados cargados al erario público, facturación fraudulenta en cadena, engrosamiento de directivos, etc.) sin que la finalidad de empleabilidad haya quedado acreditada”.

Hay al menos tres subvenciones concedidas irregularmente desde 2005. El interventor general de la Junta constata que no existen documentos que acrediten que dichas subvenciones se otorgaron de manera transparente. "No consta la documentación que acredite la aplicación de los criterios de valoración de los proyectos, ni los resultados de la comparativa de distintos proyectos “no han competido con nadie, en definitiva".

Más de 300.000 euros sin justificar

¿Se fiscalizaron las subvenciones concedidas a la empresa afincada en Palma del Río (Córdoba)? A día de hoy, aún quedan dos partidas sin justificar: una de 2009 (68.860,12 €) y otra de 2011 (236.225,35 €), que ascienden a 305.085,47 euros. Otra "grave" irregularidad registrada es que “no consta que los beneficiarios tengan la condición de centro homologado” para los cursos de formación de pilotos y personal técnico. Según la policía, la aplicación informática impide que ninguna entidad “pueda solicitar ayudas para la formación si previamente no está acreditada”. La policía sostiene que alguien arregló "este obstáculo exclusivamente" para Faasa.

En la justificación de los gastos de las subvenciones, el interventor encuentra tres tipo de irregularidades. En primer lugar, que los cursos no deberían haber empezado nunca antes de la fecha prevista: sin la subvención concedida y sin que la Junta de Andalucía pudiera elegir los participantes. A juicio del interventor provincial de Córdoba, “las acciones formativas debían iniciarse con posterioridad a la concesión de las subvenciones”.

En segundo lugar, Faasa creó una empresa (Caena) a la que le subcontrataba hangares. Es decir, Faasa inventó una empresa para justificar gastos. Un fraude claro, según la Policía. Por último, el auditor revela que “los gastos de amortización no están identificados, son abusivos, se utilizan bienes amortizables que a su vez han sido adquiridos a costa de otra subvención, sin restar el porcentaje correspondiente”.

Eso sí, en al menos un par de ocasiones la Policía da un tirón de orejas al Servicio de Intervención: cuando la Junta reconoce que el seguimiento de las acciones formativas “ha sido escaso”, afirmando la Udef que “de haberlo realizado, podrían haber detectado algunas de las irregularidades”. Asimismo, los policías lamentan que el interventor de la Junta no haya profundizado en aspectos donde sus investigaciones han encontrado algunas irregularidades: selección de alumnos, control de asistencia, verificación de los gastos de monitores, estudio de los gastos justificables. “Este hecho no es positivo, porque policialmente se ha profundizado en dichas materias, y se han realizado hallazgos constitutivos de irregularidades claras”.

Por su parte, Faasa, que ha sido consultada por este diario, se ratifica en la legalidad de sus acciones y la buena praxis en los expedientes de las subvenciones.

Devolución de 4,5 millones en subvenciones

El interventor general de la Junta, Vicente Fernández Guerrero, ya concluyó hace más de un año que Faasa debía devolver al erario público   4.459.282 euros en subvenciones, con los que compraron dos helicópteros Kamov, una  aeronave rusa muy empleada en la extinción de incendios.  El interventor incidía en que las operaciones de compraventa se llevaron a cabo antes de que se recibiera la ayuda y que, por tanto, se habría incumplido así con la normativa de subvenciones y con el "efecto incentivador" que éstas han de tener.

El funcionario acudía a la normativa europea para recordar que las ayudas concedidas a una PYME como Faasa "tienen un efecto incentivador si, antes de comenzar a trabajar en el proyecto o actividad, el beneficiario ha presentado una solicitud de ayuda al Estado miembro de que se trate". En cuanto a la normativa nacional,  el artículo 7 del Decreto 24/2001 dejaba claro que "los proyectos no podrán estar iniciados antes de la fecha de presentación de la solicitud de ayuda". 

Nueve imputaciones en Andalucía

Mientras la Audiencia Nacional se ha hecho cargo de la trama nacional y de la manipulación de concursos públicos de lucha aérea contra el fuego orquestadas por una veintena de empresas aeronáuticas, el juzgado de Sevilla sigue ahondando en el supuesto fraude con las subvenciones.

El caso se ha cobrado ya nueve imputaciones tanto en Faasa, como en la Consejería de Medio Ambiente Junta de Andalucía, donde el malestar con la situación es más que palpable. De Faasa, se ha imputado a su presidente, Miguel Ángel Tamarit, y al vicepresidente, Gustavo Almagro, mientras que de la Junta se investiga ya a un alto cargo, el director general de Medio Natural, Javier Madrid y a seis funcionarios: el jefe de contratación, Antonio Martínez, el subdirector del Infoca, Manuel Delgado, el interventor delegado de Medio Ambiente, Ángel Francisco Pérez, una asesora del Infoca, Dolores López, y el exdirector del Infoca, Ernesto Esteso, que se vio obligado a dimitar de su cargo hace un año tras un duro informe policial. 

El caso instruido en Sevilla comenzó con la adjudicación de un lote para la lucha aérea contra incendios valorado en 70 millones de euros, que fue denunciado por un funcionario presente. La denuncia terminó vinculando a las empresas aeronáuticas andaluzas que supuestamente habían manipulado el concurso con el caso nacional instruido desde Sagunto (Valencia). 

Una "organización criminal" 

En el auto de inhibición a favor de la Audiencia Nacional, el juez definió como "organización criminal" a las 14 empresas implicadas y dedujo, por los documentos que obraban en su poder, que el cártel había ganado al menos 277 millones de euros manipulando concursos públicos. El germen de dicha "organización criminal" se había plantado en Palma del Río (Córdoba), sede de Faasa, por el Grupo 6: A vialsa y   las andaluzas Faasa, Trabajos Aéreos Espejo y Trabajos Aéreos Martínez Ridao , a las que se unirían posteriormente Cegisa y Trabajos Aéreos Extremeños (Taex). El juez valenciano imputó a más de 20 personas, entre empresarios y políticos.

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