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Arquitectos honoríficos, “irregular” herencia anterior a la burbuja inmobiliaria

Una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la región  reconoce que esta figura es una “clarísima y grave” transgresión del desarrollo de la función pública en los ayuntamientos

El Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha apuesta por la creación de un Cuerpo de Funcionarios similar al de los secretarios para "terminar" con un problema "histórico"

La Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas estudia el caso en el que se declara “sin competencias” aunque no descarta una modificación de la LOTAU

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Arquitectos honoríficos. Es una polémica figura habitual en los ayuntamientos de toda España. Son profesionales que asesoran, sin cobrar, al ayuntamiento, que informan de determinados proyectos urbanísticos del consistorio (también gratis) y a cambio tienen derecho a firmar e informar sus propios proyectos sin ninguna pega por parte del municipio de turno.

El propio Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha ya realizó un informe al respecto en 1996 y once años más tarde, en una circular remitida a sus colegiados advertía del incremento de “situaciones irregulares” a causa de esta figura. La burbuja inmobiliaria disparó el número de ‘honoríficos’.

El Colegio decía en esa circular en 2007 que esta figura era una  solución “posible y económica” para “organizar y frenar el caos que la construcción imponía a los pequeños municipios: licencias sin proyecto, actuaciones urbanísticas sin licencia, proyectos redactados por técnicos no competentes…”

Añadía que era también un “mal menor” frente a las desventajas de la otra opción, es decir, privar a los ayuntamientos del asesoramiento técnico necesario, cuando no disponían de fondos municipales suficientes para costear la contratación de técnicos en plantilla. Pero ese mal menor terminó enquistándose, a pesar de la intención de los colegios profesionales de buscar la “regularización” de los arquitectos honoríficos mediante su integración laboral y  la correspondiente sujeción al régimen de incompatibilidades establecido en la ley.

Una sentencia del TSJCLM cuestiona a los 'honoríficos'

No hubo ni dinero, ni voluntad política y llegó el derrumbe de la burbuja inmobiliaria que dejó un reguero de obras faraónicas y viviendas a medio terminar con millonarias inversiones económicas, incluso en minúsculos municipios. Fernando Jabonero, vecino de Pastrana (Guadalajara),  hoy concejal del PSOE en ese ayuntamiento, lleva años denunciado la situación, a raíz de un problema personal con uno de estos ‘honoríficos'.

Una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM), que aún no es firme, reconoce que “la figura del arquitecto honorario no existe en nuestro ordenamiento y supone una clarísima -y grave - transgresión de la reserva de legal del desarrollo de funciones públicas, como es la de informar previamente las licencias (no sólo las urbanísticas, también las de actividad, funcionamiento o ambientales) a cargo, necesariamente, no ya de empleados públicos, sino de funcionarios”.

Con estos mimbres, Fernando Jabonero se ha dirigido a la Junta de Castilla-La Mancha, sentencia en mano, para criticar la situación “de costumbre insana” en al menos 600 ayuntamientos de la región por contar con los que denomina “okupas funcionariales” designados “a dedo”. En su opinión, la sentencia viene a decir que todas las licencias municipales otorgadas por los honoríficos “son nulas, con todo lo que eso representa”.

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Profesionales  “independientes” para evitar amiguismos y “chapuzas”

Eusebio García Coronado, decano del Colegio de Arquitectos  de Castilla-La Mancha preside una Comisión de Asuntos Profesionales que se encuentra en plena negociación con la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas. Entre los asuntos más importantes está “buscar soluciones” y “terminar” con los ‘arquitectos honoríficos’ en los ayuntamientos, dice el decano, porque se trata de una figura “que no tiene amparo legal”.

El decano va mucho más allá a la hora de zanjar un problema “histórico” cuando dice que hay que eliminar “a asesores o amigos de políticos de turno porque eso no es deseable. Nosotros somos los primeros interesados.  Queremos que (el de los arquitectos) sea un cuerpo más independiente para que no se puedan hacer todas las chapuzas que se han hecho”.

“Los ayuntamientos tienen que tener arquitectos funcionarios en condiciones pero hay que ver cómo resolverlo porque afecta a cientos de municipios”, sostiene. Una condición, la de funcionario que, a su juicio, evitaría situaciones que se han venido produciendo. “Si te pueden despedir al día siguiente, todo el mundo tiene que comer y entras por donde sea. Eso no es. La Administración Pública tiene que resguardar al profesional”.

Pero no se trata “solo”, dice, de los arquitectos, ya que también aparejadores y otros técnicos ‘trabajan’ de esta forma para los ayuntamientos “y teóricamente no tienen capacidad para informar licencias porque solo la tienen los funcionarios”, mantiene García Coronado.

Crear una figura funcionarial similar a los secretarios

Actualmente se estudia con administraciones como la Junta de Comunidades y las diputaciones, la manera de que los ayuntamientos dispongan de asesoramiento técnico relacionado con el Urbanismo pero “dentro de la legalidad” que pasa, en opinión del Colegio, por la creación de una figura de arquitecto municipal “similar a la de los secretarios”.

García Coronado cree que hay “receptividad” por parte de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.  Se trataría de poner en marcha un nuevo Cuerpo de Funcionarios “a medio o largo plazo”. Una cuestión que corresponde por ley al Estado y no a las comunidades autónomas.

¿Quién paga al arquitecto municipal?

Desde la Junta, el viceconsejero de Administraciones Públicas, Fernando Mora, reconoce que es un tema que “preocupa” pero en el que la Junta “no tiene ninguna competencia”. No obstante, y a largo plazo, se plantea la posibilidad de estudiar una modificación en la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (LOTAU).

Mora reconoce que los arquitectos honoríficos “no tienen base legal” pero la realidad es que  los ayuntamientos “no tienen dinero” para contratar un arquitecto y ahora menos porque la actividad urbanística se ha reducido. La solución, apunta, es que los servicios de Urbanismo de las diputaciones o las mancomunidades “les presten apoyo en algunas cuestiones”. En este sentido, el viceconsejero explica que su departamento ya ha remitido la sentencia del TSJCLM a las diputaciones y a la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) a título informativo.

García Coronado discrepa porque considera que “el arquitecto funcionario al servicio de un ayuntamiento se rentabiliza. Ahora mismo los ayuntamientos están perdiendo mucho dinero por no tener a este funcionario: obras que no se hacen, que no se controlan o que son pequeñas y se hacen más grandes, IBI’s que no se actualizan…”. En su opinión, “no sería un coste añadido para la administración porque su trabajo redundaría en beneficio de las arcas municipales. Un dinero que ahora no se está ingresando”.

Y no se trata de un problema regional, sino que afecta a todo el país. En Castilla-La Mancha, Guadalajara y Cuenca son las dos provincias con mayor número de ‘arquitectos honoríficos’. Algo que tiene que ver con sus características demográficas: ayuntamientos muy pequeños que no convocan una plaza municipal para este tipo de profesionales porque no se lo pueden permitir.  La creación de un 'Cuerpo de arquitectos funcionarios' en la administración local generaría empleo pero plantea la duda de si es o no compatible con el ‘adelgazamiento’ de la administración local que se exige desde instancias europeas.  

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