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El Gobierno de Castilla-La Mancha ofrecerá un servicio de mediación para cláusulas suelo

Los afectados podrán gestionar su caso a través de las oficinas de Intermediación Hipotecaria que existen en todas las provincias

Se abre así la posibilidad de una vía de reclamación "voluntaria" para evitar acudir a la judicial, pero que no es excluyente de otras

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Protesta contra las cláusulas suelo de las hipotecas. ©EFE

EFE

El Ejecutivo castellano-manchego ha añadido a los convenios de colaboración ya suscritos con los Colegios de Notarios y Registradores de la Propiedad de Castilla-La Mancha un apéndice para ayudar a las familias a reclamar el dinero cobrado demás en las cláusulas suelo de sus hipotecas. Se abre así una nueva línea en el Programa de Intermediación del Ejecutivo Autonómico, que incluye tanto mediación como asesoramiento a los afectados por estas condiciones anuladas por el Tribunal Europeo.

Con esta medida, la Junta de Comunidades pretende integrar la figura de la conciliación hipotecaria y registral que introdujo a finales de 2015 la nueva Ley de la Jurisdicción Voluntaria. Todo el proceso será además gratuito para los reclamantes, quienes deberán pagar, eso sí, los gastos derivados de escrituración pública o gastos arancelarios a que pudiera dar lugar la conciliación, caso de resultar satisfactoria. Para recibir el servicio, se debe acudir a la red de Oficinas de Intermediación que se encuentran en las cinco capitales de provincia y en Talavera de la Reina.

La ampliación de los convenios se ha firmado por Emiliano García-Page, presidente de la Junta de Comunidades, y los decanos del colegio de Notarios, Luis Fernández-Bravo, y Registradores, Fernando Acedo-Rico. De este modo, ambos Colegios adquieren el compromiso de asesorar a los consumidores afectados y de abrir procesos de conciliación con las entidades bancarias. Con estas medidas se intentará evitar a la vía judicial para reclamar las cantidades pendientes de abono, con lo que se podrá retrasar el proceso de cobro y así evitar saturar los órganos judiciales de Castilla-La Mancha.

Según informa la Junta, las organizaciones de defensa de los consumidores calculan en alrededor de 100.000 el número de familias afectadas en la región. Recuerdan igualmente que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 21 de diciembre de 2016 se ha basado en una Directiva europea de 1993 para señalar que las entidades bancarias deben restituir las cláusulas abusivas contenidas en los contratos hipotecarios desde el momento de su firma, como son las cláusulas suelo, circunstancia que está concentrando miles de reclamaciones por diferentes vías.

Elena de la Cruz, consejera de Fomento, ha señalado que la "complejidad técnica y jurídica" de las cláusulas suelo hacen que los afectados se queden en una situación e "debilidad" frente a los bancos en el momento en que quieran hacer sus reclamaciones. Por eso, se ha considerado "oportuno" ofrecer los recursos de Vivienda y Consumo al servicio de los afectados, como un mecanismo complementario al Real Decreto-Ley 1/2017.

Los Colegios de Notarios y Registradores funcionarán como conciliadores en caso de discrepancia entre la entidad financiera y el ciudadano consumidor, pero la vivienda objeto de la hipoteca sobre la cual se reclame deberá estar, en cualquier caso, situada en territorio castellano-manchego. En Castilla-La Mancha son 61 los Registradores de la propiedad y 130 los despachos notariales existentes.

A través de la adenda suscrita hoy por el Gobierno regional, quienes cuenten con cláusulas de esta naturaleza en sus contratos hipotecarios podrán elegir esta vía de reclamación de sus derechos. La Junta de Comunidades, tanto a través de la red de oficinas de Consumo (OMIC) como de las oficinas OIH se ha comprometido a dar información sobre los requisitos y efectos, así como a evaluar cada caso concreto mediante el examen del contrato de préstamo suscrito y reclamar funciones de asesoramiento y conciliación con la entidad bancaria a los Colegios de Notarios y registradores cuando se confirme la existencia de estipulaciones abusivas o limitativas en el contrato.

Los profesionales de los colegios se propondrán en cada caso alcanzar una conciliación "tendente" a alcanzar un acuerdo que evite a los ciudadanos interponer una demanda judicial para reclamar las cantidades indebidamente cobradas. Luis Fernández-Bravo ha destacado que esta nueva vía de reclamación es "voluntaria" pero no excluyente de otras. Por otro lado, Fernando Acedo-Rico ha señalado que se trata de un acuerdo "trascendente" que servirá como un "plus" para ambos colectivos profesionales.

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