El Consell encargará una auditoría sobre la adjudicación y la gestión de las ITV
El nuevo gobierno de izquierdas de la Generalitat Valenciana está decidido a poner la lupa sobre el negocio de las empresas que gestionan la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en la Comunitat tras el proceso de privatización y adjudicación que ejecutó el expresidente Eduardo Zaplana (PP) en 1997. Un proceso no exento de polémica al recaer las concesiones en empresarios afines al PP.
De esta forma, el diputado de Compromís, Fran Ferri, presentará la semana que viene una proposición no de ley en la que solicitará a la Sindicatura de Cuentas una auditoría sobre la gestión de la ITV con criterios de eficiencia, eficacia y economia desde su privatización.
Además, el informe deberá incorporar una comparativa con la prestación del servicio de forma pública antes de 1997 y con los modelos presentes en el resto de comunidades autónomas.
Y es que, según Ferri, cuestiones como “el aumento del parque de vehículos, la actualización de las tarifas conforme al índice de Precios de Consumo (IPC) y la inclusión de nuevas pruebas” que dieron lugar a tasas adicionales han generado “unos ingresos extraordinarios no previstos inicialmente” que no han ido acompañados de un “aumento del canon a pagar a la Generalitat”.
El diputado autonómico ha añadido que posiblemente, fruto de estas condiciones ventajosas, han sido diversas las empresas que originariamente fueron concesionarias y que después transfirieron esa concesión logrando “importantes plusvalías”.
Todas estas circunstancias han hecho que los valencianos hayan tenido que soportar durante una década “las tarifas de la ITV más altas de España”.
Por este motivo, la proposición no de ley presentada por Ferri incluye una rebaja de las tarifas para adecuarlas a la media española.
Además, solicita que la tasa de la prueba sonora se incluya en el precio global de la ITV y que se negocie con las concesionarias para que la segunda revisión sea gratuita o tenga un precio simbólico.
Por último, insta a Les Corts a estudiar un modelo de prestación público del servicio una vez finalice el plazo de las concesiones, en 2022.
