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El Consell fomenta la creación de empleo con otros presupuestos de toque social

La vicepresidenta Mónica Oltra, junto al conseller Vicent Soler, en rueda de prensa.

Voro Maroto

La Generalitat manejará un presupuesto de 17.724 millones de euros en 2017, un 17% del PIB o la riqueza de la Comunidad Valenciana y un 2.8 % más que el año anterior. Como en 2016, la mayor parte del gasto se invertirá en Sanidad (5.900 millones); Educación (4.300),  y Bienestar Social (casi mil). El pago de la deuda absorberá un monstruoso 22 % de las cuentas (4000 millones).

En la presentación de las cuentas, la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, y el conseller de Hacienda, Vicent Soler, han puesto el acento dos aspectos: El primero, el toque social de los presupuestos, en línea con uno de los esloganes más difundidos por el Consell del Botánic: “Rescatem persones”.

El otro, que una vez parcialmente paliada la “emergencia social” que abordó este gobierno en su primer ejercicio (2016), 2017 será el año de apostar por la creación de empleo, el cambio de modelo productivo y la reindustrialización de la Comunidad Valenciana.

Según Soler, la Generalitat dedica 32.8 millones diarios a gasto social. Por ejemplo, 16 millones en sanidad o 12 en educación. Hasta el 85% de los gastos no financieros de la administración valenciana se dedican a este apartado, al que se dedican la mayor parte de los funcionarios (5.400 millones de coste anual) autonómicos: El 90% trabaja en educación o sanidad. Ellos, y el resto de empleados públicos, tendrán un aumento salarial del 1% en 2017.

Mejora económica, empleo e inversión productiva

El aumento del presupuesto de la Generalitat -ahogada por la mayor deuda autonómica de España en términos relativos- se basa en el crecimiento de la Comunidad Valenciana, a la cabeza en dinamismo económico del país. Esa coyuntura permitirá -cree Soler- ingresar más dinero vía impuestos. Además, el Consell cuadrará sus cuentas por segundo año consecutivo exigiendo al estado el dinero que no recibe por la “injusta infrafinanciación”, 1.300 millones de euros.

Con esas partidas sobre el papel, la Generalitat también tendrá dinero para iniciar el prometido cambio de modelo productivo. En primer lugar, se destinarán 30 millones a la Agencia Valenciana de la Innovación, la entidad cuyo objetivo es el de modernizar el modelo productivo, aumentar la competitividad de las empresas y sectores y la creación de más empleo y de mayor calidad. 

La agencia dependerá del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y no de la Conselleria de Economía Sostenible. El departamento dirigido por Rafael Climent tendrá un 9% más de dinero, 340 millones. Para fortalecer la creación de empleo la agencia valenciana de empleo -el Servef, que tradicionalmente apenas conecta a demandantes de trabajo y empresas- tendrá un 6.5% más de fondos.

La inversión en política industrial sube un 42% hasta hasta los 113 millones. Un aumento significativo a pesar de que supone solo el 0,6% del presupuesto. Pese a las dificultades presupuestarias por la infrafinanción, Soler apuesta por intentar reindustrializar la Comunidad Valenciana. Oltra ha ido más lejos: cree que estos presupuestos son un primer paso para “crear empleo estable, bien remunerado y no deslocalizable” a otras partes del mundo.

Sin facturas en los cajones y un plan de choque contra los barracones

El presupuesto en Sanidad sube un 3% aunque el aumento del gasto no será significativo. Como se hizo en 2016, el Consell que forman PSPV-PSOE y Compromís quiere que, a diferencia de la etapa del PP, cuando se escondían facturas en los cajones, las cuentas de la conselleria con mayor gasto reflejen con la mayor fidelidad posible los ingresos y gastos reales.

En Educación, el presupuesto sube un 5% con un objetivo primordial: un plan de choque para construir infraestructuras o, como ha dicho Soler, “acabar con la lacra de los barracones”. La Conselleria de Vivienda también tendrá más dinero. Singularmente, seis millones de euros extra para facilitar viviendas a los més desfavorecidos en aplicación de la La Ley por la Función Social del Vivienda, actualmente en trámite.

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