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La Generalitat gastará al menos 70 millones en el cierre de Canal 9

El gobierno valenciano justifica los registros al personal por el vacío de poder generado por la dimisión de la dirección

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José Císcar.

El cierre de Canal 9 es irreversible. Así lo ha ratificado el vicepresidente del Consell, José Císcar, en su comparecencia tras el pleno semanal del gobierno autonómico. Císcar, que ha pedido perdón por los posibles errores cometidos en la gestión de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), ha cifrado el coste del ERE de extinción con el que se despedirá a 1700 trabajadores y se cerrará la televisión pública valenciana: 70 millones de euros únicamente en gastos de personal.

30 millones serán para los casi 1000 trabajadores ya despedidos que deberán ser readmitidos tras la sentencia que anulo el ERE. En vez de 21 días por año trabajado, su indemnización, en principio, será de 45 días por año. Además, se les deben pagar los salarios de tramitación, los sueldos dejados de percibir desde su despido hasta su fecha de readmisión. En total, otros 10 millones.

Los cerca de 700 trabajadores que aún están en la casa, que se habían salvado del primer ERE, también serán despedidos con indemnizaciones por un total de otros 30 millones de euros. El comité de empresa de RTVV sigue insistiendo en que “ negociar la viabilidad de los trabajadores con la empresa es más barato” que cerrar la televisión. En cualquier caso, que Canal 9 deje de emitir en pocas semanas no implica que los trabajadores sean despedidos en esos mismos plazos.

El vicepresidente no ha querido concretar el calendario para el cierre de la empresa, pero la intención de la Generalitat es que la emisión de la televisión cese en pocas semanas, incluso durante este mes de noviembre. Canal 9, otrora un altavoz del PP valenciano, denuncia ahora sistemáticamente los excesos de los gobiernos de este partido en la Comunitat Valenciana.

Registros en la televisión

En ese escenario, Canal 9 registraba los bolsos y mochilas de los trabajadores de la cadena para evitar, según algunos trabajadores, la fuga de información sensible, concretamente varios contratos ocultados a la oposición y la opinión pública. Císcar intentó justificar esa decisión, tomada por los liquidadores de la sociedad, en el vacío de poder que dejó la dimisión de la anterior dirección.

No habrá una televisión privada

Ciscar también descartó de plano que, tras el cierre de Canal 9, el Consell participe directa o indirectamente, en cualquier proyecto relacionado con una televisión privada.

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