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El PP presenta la ley para cerrar Canal 9 en tres semanas

Las Cortes Valencianas debatirán y votarán la propuesta el 27 de noviembre y la televisión podria cerrarse inmediatamente después

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Informativo de Canal Nou en el que se informa del cierre de RTVV

Informativo de Canal Nou en el que se informa del cierre de RTVV

El gobierno valenciano presidido por Alberto Fabra está trabajando contrarreloj para frenar con la mayor urgencia la virulenta reacción social, mediática y política que ha provocado el anuncio del primer cierre de una televisión pública autonómica en España.

Así, el grupo popular en el parlamento valenciano ya ha presentado este viernes, poco después de las 14 horas,  una proposición de ley que se debatirá en el pleno del 27 de noviembre, la primera fecha disponible. "Se suprime la prestación del servicio público de radio y televisión de ámbito autonómico prestado por cualquier medio o canal de difusión, por la Generalitat al amparo de los establecido en el artículo 56 del Estatut", dice la ley.

La proposición, de apenas 6 puntos, va al grano e incide en los argumentos que ha venido dando el gobierno valenciano desde que anunció el cierre: "La Generalitat no puede asumir -los costes- en unos momentos de crisis económica y en los que la escasez de recursos económicos le obliga a priorizar los servicios que se consideran básicos".

Tras ser aprobada, lo que sucederá sin rebelión de los diputados del PP que se antoja improbable, el cierre podría ser inminente,  ya que únicamente requeriría de su publicación en el BOE valenciano, el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. El 28 o 29 de noviembre, Canal 9 puede dejar de existir. Todos sus empleados serían despedidos en ese mismo momento.

Procedimiento urgente y excepcional

Fabra ya ha eludido a las Cortes Valencianas para retomar el control de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV). Concretamente, tiró de decreto ley, una norma de rango excepcional y carácter de urgente que permite al ejecutivo obviar el control del parlamento. Esta maniobra le ha valido acusaciones de dar un “golpe de estado” por parte de Compromís o Esquerra Unida.

Para cortar las emisiones de Canal 9 con la máxima urgencia, el gobierno valenciano hará algo parecido. Recurre a una proposición de ley de lectura simple, que evita las enmiendas de la oposición. El texto, presentado este viernes en el Parlamento, se redactó el jueves y apenas cuenta con cuatro artículos.

El más relevante, el nombramiento de una comisión de tres personas que será la encargada de liquidar RTVV con la mayor urgencia y en colaboración con la nueva dirección general y consejo de administración de la empresa. Según los planes del Consell, Canal 9 podría ir a negro en cuestión de horas y dejaría de emitir a finales de noviembre.

El PP retoma el control

Tras dos días en los que los trabajadores, autogestionados,  han convertido Canal 9 en un altavoz hipercrítico contra el PP, Fabra está intentado parar la rebelión con el nombramiento de un nuevo director general y consejo de administración, los encargados de liquidar a la sociedad.

Estos cinco hombres – Ernesto Moreno, Vicente Burgos, Lluís Bertomeu, José Serralde y Bartolomé Orozco- son profesionales vinculados al PP o directamente afiliados al partido. Por lo general, carecen de experiencia empresarial o audiovisual relevante, lo que podría ir en contra de la ley que rige el funcionamiento de Canal 9.

Su mandato, en cualquier caso, será breve, y tiene sólo dos objetivos. Escribir el epitafio de la cadena y sofocar el incendio mediático provocado por el levantamiento de los trabajadores. Los informativos de Canal 9, sin embargo, siguen, el viernes por la mañana, presididos por la leyenda #RTVVnoestanca, RTVV no se cierra.

Los presentadores, apoyados en declaraciones de gente anónima o representantes del tejido social valenciano, continúan reivindicando incesantemente la necesidad de que la Comunidad Valenciana cuente con un medio de comunicación en su lengua propia.

Sin embargo, su suerte está echada. El gobierno valenciano ya está buscando en su empobrecida tesorería los 70 millones de euros que, según el portavoz del Consell, costarán sus despidos.

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