Varias familias sin hogar ocupan un edificio nuevo y deshabitado en Castellón

Entre cinco y seis familias permanecen en varias viviendas de un edificio de nueva construcción en la Gran Vía de Castellón desde que ocuparon el inmueble el pasado 31 de diciembre. La PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) apoya la ocupación y comenzará a negociar con los propietarios de la construcción a partir del martes, 5 de enero. Los nuevos vecinos dieron aviso ayer al colectivo antidesahucios después de que, aseguran, la Policía Nacional intentó desalojarlos en la tarde del lunes. 

Según el relato de los moradores “ocupas”, una furgoneta de la Policía Nacional aparcó en la puerta del inmueble y un grupo de unos cinco agentes accedieron al interior. Hubo “golpes y ruidos” en la escalera, y todos los vecinos se agruparon en un piso de la sexta planta. Explican que la Policía reventó las puertas de varias viviendas y arrancaron los papeles que la PAH había pegado en ellas, en las que se explicaba que la vivienda estaba ocupada y que se procedería a negociar con los propietarios.

Siempre según el relato de los vecinos, los agentes intentaron también forzar la puerta del piso en el que se encontraban todos reunidos. La Policía desistió de forzar la puerta cuando desde el interior les informaron de que había personas dentro y que estaban viviendo allí. Los vecinos explican que los agentes afirmaron tener una orden judicial y también estar en compañía del propietario, pero los ocupantes de la vivienda les denegaron el paso igualmente. 

Colchones y precariedad en los suministros

En la noche de ayer, los vecinos seguían agrupados en la sexta planta. El piso tenía los marcos de la puerta despegados, en parte porque la puerta era blindada y fue necesario desmontarla para poder entrar, y en parte -dijeron-  porque la Policía intentó entrar antes de oír las voces desde el interior. Disponen de luz eléctrica pero no hay agua corriente. En las estancias hay colchones en los que los vecinos descansaban. El objetivo era llegar hasta el 8 de enero, cuando la PAH tenía previsto hacer pública la ocupación y empezar oficialmente a negociar con los propietarios y el Ayuntamiento para buscar una solución definitiva para estas personas.

Entre ellos hay familias con niños. Es el caso de los dos miembros de una pareja -que prefirieron permanecer en el anonimato- con un bebé de diez meses y otro de dos años que todavía no estaban con ellos porque querían “esperar a que haya luz y agua, y que la situación se haya calmado”. Narraron que el único ingreso de la familia son la pensión de orfandad de ella y los trabajos ocasionales y “en negro” de él, que “dan para comer pero no para un alquiler”, explicaron. Su última vivienda también fue fruto de una ocupación, y en esa ocasión fueron desalojados por la Policía. 

Otra de las “ocupas” explicó que se ha visto obligada a tomar la decisión de entrar en un piso vacío después de perder su casa por un desahucio: “La letra subió mucho, y me sobrevino una minusvalía por la que me pagan 300 euros de pensión”. Su marido está desempleado. Tienen dos hijas. Según la psicóloga de la PAH de Castellón, la historia de esta mujer es la más común entre los “ocupas”: familias abocadas a la marginación después de perder el trabajo y, por tanto, convertirse en morosos y desahuciados de su vivienda habitual. La psicóloga añadió que la situación está provocando una “ansiedad extrema y problemas psicológicos y físicos” en estas personas. 

Vigilancia por turnos

Varios miembros de la PAH vigilaban en la noche del lunes la entrada del inmueble para evitar una actuación policial. Desplegaron una pancarta en la fachada en la que se podía leer “obra social PAH”. Una de las portavoces del colectivo, María Jesús Garrido, explicó que el edificio estaba deshabitado desde hace al menos cuatro años, y que fue elegido por sus características favorables para la ocupación: su situación a las afueras de la ciudad y sin ningún otro inmueble delante. En cuanto a la propiedad, Garrido afirmó que una inmobiliaria gestiona el edificio, aunque todavía no saben con seguridad quién es el propietario. 

Iñaki Vallejo, abogado de la PAH y concejal de Castelló en Moviment, explicó que al colectivo antidesahucios no defiende las ocupaciones, pero las apoya una vez que se producen porque son “un gesto de presión” hacia el equipo de gobierno municipal y las entidades financieras. “Según los bancos, hay ya 300 viviendas para alquiler social a disposición del Ayuntamiento, pero todavía no hemos visto las llaves ni los pisos”, se quejó. Otros dos concejales de Castelló en Moviment, Paz Beltrán y Xavier del Señor, estuvieron también apoyando a los vecinos en la noche del lunes. 

Negociación para una solución definitiva 

Vallejo explicó que, desde el punto de vista legal, las personas que desde el 31 de diciembre habitan los pisos no son “ocupas”. Narró que es otra persona la que se encarga de localizar el edificio vacío, de abrir las puertas, conectar los suministros y cambiar las cerraduras. Después, proporciona la llave a familias sin hogar, muchas veces a cambio de dinero. Una vez que los nuevos habitantes están dentro de la casa, ni la Policía ni los propietarios pueden forzar la entrada si no demuestran en un juzgado que esas personas no están allí de forma legítima. 

Ahora la PAH confirmará quiénes son los propietarios del inmueble y comenzarán una negociación. Ofrecen la salida de estas personas de los pisos ocupados, siempre que tengan garantizado el acceso a otra vivienda con un alquiler asequible. El martes al mediodía el colectivo antidesahucios dará una rueda de prensa para ampliar información.