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El juez amenaza con multas a la Generalitat por su opacidad con la oposición

Lluís Torró, diputado de EU.

El Tribunal Superior de Justicia ha dictado una providencia por la cual exige al Consell que con la mayor brevedad le comunique el nombre y cargo del funcionario o autoridad encargado de entregar la documentación que le

reclama Esquerra Unida, en concreto el memorándum de la VIU.

“Según la providencia, se le anuncia a la Generalitat una multa de 1.000 euros cada 20 días, si se continúa incumpliendo el requerimiento que el mismo TSJ dictó hace casi dos meses, y por el cual, de manera pionera, se obligaba a la Conselleria de Educación a ejecutar provisionalmente una sentencia ganada por Esquerra Unida, la de entregar la documentación de la VIU. Esta sentencia tenía que aplicarse sí o sí, al margen de los recursos que

pudiera presentar Català“, explica el portavoz adjunto de EUPV, Lluís Torró, quien añade: ”casi dos meses después, seguimos sin tener la documentación y el TSJ de nuevo hace patente la negativa de Catalá a entregárnosla. Si el PP está siempre diciendo que acatan las sentencias, no sé a qué esperan ahora para no hacerlo“.

Torró acusa a la consellera de ser el “paradigma de la opacidad. Hoy, además, lo es de la insumisión, porque está incumpliendo lo que le marcan los tribunales, retrasando los plazos, impidiendo en definitiva la transparencia y que la oposición hagamos nuestra tarea de control”.

El diputado de EUPV muestra su satisfacción, en un comunicado, “porque sea la Justicia la que empiece a poner las cosas en su lugar, porque Catalá en todo este tiempo en el que no nos ha dado la documentación de la VIU, lo ha hecho con un claro intento de estrategia dilatoria y así apurar la legislatura sin darnos la información. Nos preguntamos qué es lo que pretende esconder la consellera para no entregarnos el memorándum, si es que hay algo que tiene que ver con la dimisión del rector”, apunta Torró.

13 condenas contra la opacidad

Hasta el momento, Esquerra Unida ha ganado ya 13 sentencias en las que el TSJ obliga al Consell a entregar documentación diversa. En el caso de la Conselleria de Educación, esta documentación es la referida al memorándum de la VIU, el plan de revisión de centros educativos del País Valenciano, el informe técnico sobre la caída del suelo en el colegio la Hispanidad de Santa Pola, un contrato menor con una empresa relacionada con Taroncher, el informe de inspección técnica del CEIP Rafael Altamira del Campello, y la relación de centros educativos que tengan instalaciones con fibrocemento parecidos a las del CEIP Ciutat de Bolonia de Valencia“.

recuerda.

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