Los rostros excluidos de la reforma migratoria de Obama, según Human Rights Watch

Una imagen vale más que mil palabras. Human Rights Watch ha hecho suya esta máxima para presentar una serie de conclusiones sobre la reforma migratoria anunciada hace mes y medio por el presidente norteamericano Barack Obama. Se ha servido de varias fotos para ilustrar los avances que trae consigo la ansiada medida, pero, sobre todo, para enumerar los puntos negros que deja sin abordar. Lo que olvida: los malos tratos en la frontera, las detenciones incensarías y las sanciones penales “injustas” que separan a las familias.

En la instantánea que abre esta noticia se observa a una mujer abrazándose a sus hijos mientras los tres sostienen un cuadro donde aparece un hombre. Se trata de Anastasio Hernández Rojas. Murió tres días después de sufrir una paliza propinada por los guardias fronterizos cerca de San Diego, California. La autopsia reveló lo que desde un primer momento temió su familia: fue víctima de un homicidio. Rojas había sido deportado unos meses antes y detenido cuando trato de reunirse con su familia que vivía en Estados Unidos.

Un caso que no es excepcional. Human Rights Watch calcula que cerca de 50.000 padres con niños nacidos en Estados Unidos son detenidos y deportados cada año de forma sumaria. Algo que, en parte, tiene los días contados según el contenido de la reforma. Sin embargo, hay un fleco que a la organización le preocupa especialmente. El de las personas que cruzaron la frontera para volver temporalmente a su lugar de origen, y al intentar entrar otra vez en Estados Unidos son sorprendidos y detenidos. A pesar de que ya han residido varios años en EEUU “se les está agrupando dentro de aquellos que pasan la frontera por primera vez”.

La reforma no tiene en cuenta, protesta la organización, que ya han vivido anteriormente en Estados Unidos, donde tienen su trabajo, su casa, y sobre todo, a su familia. Cónyuges e hijos a los que probablemente no podrán volver a ver porque el intento es motivo de rápida extradición ya que está tipificado como delito grave. Este tipo de procedimientos judiciales, resalta el informe, son muy comunes -el primer intento se castiga como infracción menor- y acaban “quitando a miles de personas los profundos lazos que tienen en el país”.

Que se lo digan a Kathleen Velázquez. Su pareja fue deportada tras un arresto en 2012 por trabajar con documentos falsos. Aunque, según su versión, los cargos no prosperaron, acabó fuera del país, privándole de ver nacer a su primer hijo. Un episodio que se puede volver a repetir, dice Human Rights Watch, tal y como está redactada la nueva reforma, que apenas mejora lo anterior en lo que respecta a este último caso. Así, los funcionarios de inmigración y los tribunales tienen vía libre para decretar la deportación de personas que han cometido delitos “sin ser capaces de tener en cuenta las circunstancias de cada caso individual”. Incluso aquellos que han cumplido su pena en prisión puede que, al salir, acaben al otro lado de la frontera norteamericana.

Un dato significativo. Según los cálculos de Human Rights Watch, el 72% de los ciudadanos en situación irregular deportados por condenas penales entre 1997 y 2007 lo fueron por cometer delitos no violentos.

Alina Díaz, que aparece en la foto junto con varias amigas, ha corrido mejor suerte. Su estancia irregular tiene las horas contadas gracias a la reforma de la administración Obama. Miles de campesinos, como ella, van a recibir la residencia definitiva o temporal. Sin embargo, otros tantos, permanecerán en el limbo legal. Y lo que es más alarmante: sin denunciar los abusos laborales ante el temor de que acaben siendo deportados.

“No está claro si el programa va a ayudar o perjudicar la confianza entre los inmigrantes y la policía local”, asegura en su informe la organización norteamericana. En concreto, las acciones ejecutivas van a reemplazar un programa de control de la inmigración conocido como 'Comunidades Seguras', que el Gobierno de Obama ha reconocido “socava la confianza de los inmigrantes en las fuerzas del orden”. “Nos preocupa que sea insuficiente para revertir el miedo”, sentencia.

Hay un capítulo que escuece especialmente a Human Rights Watch. Y es el de la ausencia de medidas que pongan coto a los tratos vejatorios que dispensan las patrullas fronterizas cuando sorprenden a una persona intentando entrar en Estados Unidos. La organización, asegura, ha documentado “continuos abusos, incluyendo el uso de excesiva, a veces innecesario y letal; las condiciones de detención inaceptables; detenciones por motivos raciales; tácticas de interrogación coercitivas; y la negativa a permitir que los detenidos que tienen solicitudes de asilo accedan a los procesos que les corresponden”.

La foto superior está tomada cerca del lugar donde ocurren los hechos que relata la organización. Destaca la figura de Mike Wilson, que porta unas cantimploras de agua que coloca en mitad del desierto con la esperanza de evitar que el terreno en el que se asienta su hogar continúe como el cementerio de aquellos que buscan el sueño americano. Pero no es lo único que hace. También organiza, con el rechazo de sus más allegados, misiones para que las familias de los desaparecidos puedan buscar a sus seres queridos y los objetos que traían consigo.

Marta García salió de México a Estados Unidos hace más de 20 años. Se estableció en California con su esposo y sus tres hijos, todos ciudadanos estadounidenses. Pensando que su estatus legal estaba al caer, se fue a su país de procedencia a cuidar de su madre. Pero, cuando quiso volver, fue arrestada. Lleva tiempo en un refugio en Tijuana sin apenas esperanza de “ver a mis hijos triunfar”.

Como Marta, mucha gente se queda a las puertas de Estados Unidos. Aunque la flamante ley ha suavizado las instrucciones para meter en la cárcel a los que intentan entrar de forma irregular, Human Rights Watch sigue detectando la detención de niños, atención médica inadecuada, abuso físico y sexual, malas condiciones de vida, y un acceso muy limitado a la representación legal.

La reforma migratoria no solo tiene lagunas, también bebe de aciertos. Y de uno de ellos se beneficia Evie Li. Llegó a Estados Unidos cuando solo contaba con 18 años de edad: fue víctima de la trata de personas. La acción ejecutiva de Obama incluye cambios que harán más fácil para las víctimas de la trata como Evie Para presentar una queja y solicitar visados. Pero los avances no se quedan solo ahí. La reforma migratoria tiene luces como que cinco millones de indocumentados podrán acceder a los papeles de residencia o que aquellos que trabajan de forma irregular podrán pedir ahora que se mejoren sus condiciones laborales sin el pánico que les atenazaba por si eran despedidos.