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Desigualdades en el campus

El conflicto sobre la estructura de los estudios universitarios ha desviado en los últimos meses  la atención que debería centrarse en otras desigualdades mucho más acuciantes. 

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Acto en el Aula Magna de la Universidad de Zaragoza. Imagen de Unizar.

Acto en el Aula Magna de la Universidad de Zaragoza. Imagen de Unizar.

Uno de los debates de los últimos tiempos en el ámbito universitario se refiere al llamado 'modelo 3+2'. Los estudios de tres años de grado y dos de máster son tradicionales en universidades de excelencia y, de hecho, los campos del saber se organizan en estructuras de estudios y duración distintas. La perspectiva enciclopédica llevada al límite defendería una duración creciente de los grados a medida que aumentara el conocimiento acumulado, absurdo que no resolvería la diferencia de un curso más o menos. Porque lo importante es que la formación universitaria proporcione una base sólida en una disciplina o área y unas herramientas útiles para seguir ampliando esta base a través de la especialización científica y profesional. En cualquier caso, las decisiones sobre la conveniencia y el sentido de una reforma educativa deben derivarse del debate académico y social.

Sin embargo, la elitización de la universidad ya se ha producido. Los estudiantes de clase trabajadora están siendo expulsados de la universidad desde hace tiempo. Lo sabíamos y  diversos estudios lo confirman. En el curso 2012-2013 se elevó un 67% el precio del curso, se recortaron ayudas complementarias y se endurecieron las condiciones de acceso y mantenimiento de las becas del Ministerio de Educación, al subir la nota media requerida a 6.5. Huelga decir que este requisito no se exige a quien no necesita beca. Esto sucedía en un período de intensa destrucción de empleo y empobrecimiento de muchas familias, agravado por el hecho de que la valoración de las concesiones se basa en la declaración de la renta del curso anterior y no en la situación económica del momento en que se solicitan las becas.  

En Catalunya, al aumento de los precios se suma la existencia de diferencias substanciales en las tasas según el grado de experimentalidad de los estudios, generándose oportunidades e itinerarios formativos diferenciados entre estudiantes según su origen social y no según sus preferencias o aptitudes. Por ejemplo, según el decreto de precios de 2015, estudiar Medicina cuesta casi el doble que estudiar Filosofía (28,58€/crédito frente a 19,67€/crédito). Estas diferencias suelen justificarse con el argumento del coste material y del coste de oportunidad, es decir, el precio de los estudios se encarece en los campos en los que supuestamente la profesión estará bien remunerada. Como si en lugar de proporcionar formación avanzada y crear conocimiento para la mejora de la sociedad, la universidad vendiera productos de distinto valor según sus prestaciones. Las becas de la Generalitat cubren como máximo el 50% del precio de la matrícula, de manera que un estudiante con esta beca todavía debe pagar por un grado con alto índice de experimentalidad una cantidad equivalente a la totalidad de una matrícula en un grado no experimental. Otro silencio incomprensible ante tamaño despropósito.

Por último, se ha perdido flexibilidad. Las ocupaciones -frecuentemente precarias- que pueden encontrar los estudiantes que trabajan son poco compatibles con la dedicación a las asignaturas matriculadas. Esto comporta un alto riesgo de abandono por frustración: las aspiraciones universitarias se ven comprometidas al no poder mantener la permanencia o costear los recargos de las asignaturas no superadas. En otros tiempos, el bachillerato, la formación profesional y los cursos universitarios en turnos nocturnos, así como el estudio a tiempo parcial real, contribuyeron a facilitar el acceso a la educación superior a jóvenes trabajadores. También cumplieron esta función las antiguas diplomaturas y las pasarelas posteriores a otros estudios. Estos mecanismos de segundas oportunidades tenían un impacto directo que permitía corregir desigualdades. Y sin embargo, cuando se desmantelaron sólo algunas voces protestamos en solitario y las reivindicaciones actuales parecen haber renunciado a recuperarlos.

Es sabido que los estudiantes universitarios habrán recibido más transferencias indirectas del estado que aquellos que abandonen antes su formación y por ello sería injusto defender la gratuidad de la educación superior en las condiciones actuales. Porque para lograr un acceso verdaderamente equitativo a la universidad (o para garantizar un acceso en condiciones de mayor igualdad a los jóvenes de clase trabajadora), hay que corregir el implacable filtro social en el acceso a los estudios postobligatorios y superiores -el abandono escolar prematuro afecta a uno de cada cuatro jóvenes en España- pero existen otras medidas para promover la equidad. Si la moratoria del Parlament sobre la aplicación del 3+2, que aplaza la reforma, no se usa para diseñar mejores propuestas que tengan en cuenta los problemas reales de desigualdad en la universidad, no irá más allá de una política de gestos. Necesitamos recuperar la lucha contra la desigualdad en el centro de los diseños de las políticas educativas. De verdad.

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