Emprenden búsqueda de miles inmigrantes deportados que pueden regresar a EE.UU.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) inició hoy la búsqueda de cientos o inclusive miles de inmigrantes que fueron deportados tras firmar su “salida voluntaria” del país y que ahora podrían regresar gracias a un acuerdo aprobado por un juez federal.

El acuerdo vino tras la resolución de una demanda interpuesta por el organismo en junio de 2013 en contra de la Patrulla Fronteriza y la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), al considerar que agentes federales hostigaban y proveían información errónea a inmigrantes para forzarlos a firmar su salida del país sin darles oportunidad de tener una audiencia frente a un juez.

Isidora López Venegas, fue una de esas personas ya que fue detenida en agosto de 2011, mientras caminaba en las calles de San Diego junto a sus dos hijas, y trasladada a un centro de detención.

Una vez en el lugar, asegura que fue intimidada y se le dio información errónea, por lo que firmó su salida voluntaria del país tras ser amenazada de que podía pasar meses en un centro de detención y su hijo de entonces diez años, quien había sido diagnosticado con autismo sería mandado a una familia de crianza.

“Me decían que si no firmaba iba a estar detenida por mucho tiempo, me quitaron mi bolsa, celular y no me dieron oportunidad de hacer una llamada (telefónica)”, narró a Efe la mujer cuyo nombre encabeza la demanda colectiva López-Venegas vs Johnson.

Los agentes federales le hicieron creer que al aceptar su salida, podría hacer los trámites para regresar a Estados Unidos desde México, pero nunca le informaron sobre las consecuencias, como el no poder ingresar al país en diez años.

“Me sentí engañada”, comentó López Venegas, quien fue enviada a México y su hijo, quien es ciudadano estadounidense fue forzado a vivir con ella fuera de su país, donde no podría recibir el tratamiento necesario para su autismo.

Isidora López Venegas no pudo regresar con su familia hasta tres años después, gracias a la demanda interpuesta por ACLU.

“Me siento muy orgullosa de encabezar esa demanda, y ojalá las familias pueden reunirse otra vez porque es muy feo estar separados”, aseguró.

Para calificar como miembro de esta demanda colectiva, los inmigrantes deben reunir diferentes requisitos, como el haber firmado su salida voluntaria en el sur de California (procesados por la Patrulla Fronteriza o ICE en los sectores de San Diego o Los Ángeles) entre el 1 de junio de 2009 y el 28 de agosto de 2014, y haber sido deportados a México.

También, se requiere que la persona tuviera ciertas opciones legales para permanecer en Estados Unidos cuando firmó su salida del país, además debe de estar físicamente en México al momento de someter su aplicación para ser miembro de la demanda colectiva.

Sobre esta demanda, ICE indicó a Efe mediante una declaración emitida por su portavoz Lauren Mack, que la dependencia utiliza la salida voluntaria “como una opción para individuos que soliciten regresar a casa en lugar de un proceso de deportación, pero en ningún caso la coacción o el engaño es tolerado”.

Por eso, como parte del acuerdo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) está obligadas a cambiar sus prácticas y proporcionar información detallada a inmigrantes sobre las consecuencias de firmar una salida voluntaria, además de permitirles hacer una llamada y consultar con un abogado.

“En un esfuerzo por abordar las cuestiones planteadas en este litigio, ambos organismos (ICE y CBP) han acordado complementar los procedimientos en vigor y asegurar que los extranjeros comprenden plenamente las consecuencias potenciales de regresar voluntariamente a México”, señala el escrito.

Autoridades de ICE estiman que durante el periodo establecido en la demanda (del 1 de junio de 2009 al 28 de agosto de 2014), alrededor de 30 mil indocumentados firmaron su salida voluntaria.

La dependencia federal dijo desconocer cuántos de esos casos califican para esta demanda colectiva, aunque creen “será una pequeña fracción del número total”.

Anna Castro, portavoz de ACLU en San Diego consideró que este acuerdo da esperanza en medio del debate en relación a los derechos de los inmigrantes en el país.

“Tenemos que reconocer que todas las personas que están en Estados Unidos tienen derechos bajo la Constitución y que nadie debería ser forzado a tomar decisiones que les pueden cambiar la vida tanto a ellos como a su familia”, declaró a Efe.

Subrayó además que con este acuerdo calificado como histórico, no se ganó un estatus migratorio para quienes fueron deportados, sino únicamente el derecho a regresar al país y tener la oportunidad de llevar su caso ante un juez de inmigración.