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El Gobierno cumple un año sin tomar medidas tras la crisis de los motores trucados de Volkswagen

El Ministerio de Industria no se ha planteado sancionar a Volkswagen por el trucaje que afecta a miles de clientes en España

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dilata el momento de pronunciarse

Andalucía, Galicia y Castilla y León son las únicas administraciones que han abierto expedientes sancionadores a la compañía alemana por el escándalo de emisiones

Cronología: Así fueron los ocho años de fraudes, mentiras y motores trucados en Volkswagen

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El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, junto al vicepresidente mundial de compras del Grupo Volkswagen, Francisco Javier García Sanz (a la izquierda). EFE

Ha pasado un año desde que la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos hiciera público el trucaje de motores que había realizado Volkswagen en miles de sus vehículos diésel. Un año después, y tras numerosas investigaciones y sanciones por parte de gobiernos en todo el mundo, en España las instituciones nacionales continúan mirando hacia otro lado frente a las exigencias de justicia de los clientes afectados.

Desde entonces poco más se ha conocido del papel del Gobierno en el escándalo de Volkswagen. Desde Facua, la asociación que actualmente representa a más afectados por el trucaje de motores, tienen clara la alineación de las autoridades con la compañía. Su portavoz Rubén Sánchez asegura que "e n España los consumidores están solos porque no tienen el amparo de la administración, al contrario de lo que ocurre en otros países". Añade que no comprenden porque "los ministerios no han actuado contra Volkswagen, sobre todo porque la compañía no nos facilita la información necesaria y el Gobierno tampoco. Nos tratan de mantener al margen de todo lo que hablan entre ellos".

Tanto el ministerio de Industria como la  Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia son los que tienen un mayor foco por este asunto. La cartera que ahora dirige Luis de Guindos pero que ocupaba José Manuel Soria cuando saltó el escándalo de Volkswagen es la que se encarga de seguir los pasos de la compañía en España.

En 2015, los dirigentes de Volkswagen en España anunciaron  “la mayor inversión industrial de la historia en el país”: 4.200 millones de euros para las plantas de Martorell y Landaben entre 2015 y 2019. Esta fuerza fue usada proporcionada por la fuerte inversión en suelo español ha servido a la automovilística alemana para amenazar al Gobierno. 

Tras conocerse el escándalo y la posterior sanción del Gobierno a Volkswagen que le impedía vender vehículos afectados, Francisco García Sanz, vicepresidente mundial de Volkswagen, remitió una carta al por aquel entonces ministro de Industria, José Manuel Soria. En ella el directivo supeditaba las inversiones previstas por la compañía en España a que el Gobierno levantara la suspensión impuesta a Volkswagen. Poco tiempo después , en una solución intermedia, el Ministerio de Industria levantó la sanción. 

A pesar del escándalo y los perjuicios causados a los clientes, la compañía no considera que su vinculación con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo haya cambiado tras el escándalo. Fuentes de Seat en Martorell, lugar donde se asienta la mayor fábrica de Volkswagen en España, aseguran que tienen "la relación habitual que tiene que ser con el Ministerio, hemos respondido a las solicitudes de información habituales. Asimismo creen que "n o ha habido un empeoramiento de las relaciones ni más tensión. Conocemos la situación, sabemos como va y la vamos a resolver con las soluciones técnicas propuestas". 

Competencia se desentiende

En España, y pese a las presiones de los afectados, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sigue sin posicionarse sobre el escándalo de motores trucados de Volkswagen. Desde el organismo aducen que para poder abrir una expediente a la compañía tienen que ver "si hay vulneración de la competencia tenemos que ver si podemos actuar de oficio". 

Asimismo, consideran que ellos no pueden seguir ejemplos como el de Australia ya que sus homólogos "por ley tienen competencias en materia de usuarios que nosotros aquí no tenemos". Además añaden que el caso Volkswagen en España "se está llevando por la vía penal, y nosotros ahí no podemos actuar". 

No ocurre lo mismo fuera de las fronteras españolas. El ejemplo más sonado es el de Australia, donde la Comisión Australiana de Competencia y Consumo (ACCC) ha demandado a la automovilística alemana. Según su máximo representante, "Volkswagen incurrió en múltiples violaciones de la Ley Australiana de Consumo al ocultar un programa informático en sus vehículos para manipular las pruebas de emisiones y engañar a los consumidores".

La institución encargada de regular la competencia en Italia también decidió actuar e impuso una multa de cinco millones de euros a la automivilística, alegando que la firma alemana había desarrollado una  "práctica comercial incorrecta".

Las CCAA toman sus propias medidas

La actuación de determinadas comunidades autónomas contrasta con la senda llevada a cabo por los organismos nacionales. Hasta la fecha Andalucía, Galicia, Castilla-La Mancha han abierto expedientes sancionadores a Volkswagen por los motores trucados. 

Andalucía fue la primera en tomar medidas contra la compañía a través de la Dirección General de Consumo, desde la cual se están investigando más de 800 denuncias tramitadas por Facua. 

La misma línea ha seguido el Instituto gallego de Consumo y de la Competencia, que abrió treinta expedientes a Volkswagen por los motores trucados y que pide una multa de hasta 1,2 millones de euros. Desde la institución aseguran que esta cantidad sale de doblar el valor de los vehículos afectados y expedientados. 

En Castilla y León ha sido la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales quien ha decidido abrir un expediente sancionador a la firma de coches alemana. Desde la institución se abrirá uno por cada afectado por el escándalo y las multas por este hecho ascenderán a un máximo de 5.000 euros por vehículo. La consejería imputa a la marca "la alteración, adulteración o fraude en bienes o servicios susceptibles de consumo por adición o sustracción de cualquier elemento, alteración de composición o calidad, induciendo a engaño o confusión al consumidor".

Los clientes, a la espera de soluciones

Montse compró su coche en Vigo hace cuatro años, un Volkswagen Tiguan que encajaba entre los afectados y que desde un primer momento decidió llevar ante la justicia su caso. Ahora, su caso es uno de los que la Xunta de Galicia ha incluido en el expediente sancionador que ha abierto a la compañía. "A nosotros nos han dicho que la multa para Volkswagen será de 3.000 euros por cliente, pero tenemos que esperar todavía". Ella insiste en que "tenemos que ir hasta el final con esto, no puede ser que nos engañen y no pase nada".  

En el lado contrario se encuentra Ezequiel, cliente de Seat y al que la compañía alemana aplicó la solución técnica propuesta desde la KBA alemana. Pasó la revisión de su Seat Exeo en el taller que le indicaron desde la compañía. "No tardaron casi nada, lo llevé por la tarde y al día siguiente ya lo tenía otra vez". 

El cambio técnico consistía en una actualización del software para que volviera a marcar los niveles reales y la instalación de un pequeño avance en el hardware. Ezequiel cree que las soluciones aportadas por Volkswagen son más que suficientes: "Nunca tuve ningún problema con el coche, lo llevé para asegurarme de que estaba todo correcto y porque me lo pidieron así, pero nunca he tenido problemas".

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