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Los usuarios de las tarjetas 'black' declaran que los gastos personales llegaron con Blesa

La mayoría coincide en que en tiempos de Terceiro solo se cubrían gastos de representación y que se les pedía moderación

Moral Santín se queda solo en su defensa de las extracciones de dinero en metálico de los cajeros

Uno de los exconsejeros asegura que en tiempos de Blesa le incitaron a utilizar más la 'black'

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El exvicepresidente de Caja Madrid José Antonio Moral Santín.

La mayoría de los exconsejeros de Caja Madrid que declararon este lunes por las tarjetas ‘black’ coincidieron ante el juez en afirmar que el concepto de uso del plástico cambió con la llegada de Miguel Blesa a la presidencia de Caja Madrid. Si con Jaime Terceiro al frente de la Caja su uso se limitaba a gastos de representación, en la época de Blesa se extendió a gastos personales como parte de su retribución, aseguraron los exconsejeros, según fuentes presentes en los interrogatorios.

Esa extensión en el concepto del uso de las ‘black’ hizo que los imputados no terminaran de aclarar si gastaban, en la época de Blesa y Rato, en concepto de gastos de representación, retributivo, o por los dos. Antes de Miguel Blesa, a los consejeros se les pedía moderación. Con Blesa, se fijó un límite mensual y anual. Dentro de él, cabía todo, vinieron a declarar.

Nueve imputados contestaron al juez, al fiscal y a sus abogados negándose a responder a las acusaciones. Todos, a excepción de Gerardo Díaz Ferrán, quien llegó esposado en un furgón de la Guardia Civil desde la prisión de Soto del Real. El expresidente de la CEOE se acogió a su derecho a no declarar.

El fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón solicitó una fianza civil para seis de los diez imputados que declararon. Solo Rodolfo Benito, Juan José Azcona, Guillermo Marcos Guerrero y Gonzalo Martín Pascual no deberán enfrentarse a la petición de pago que resolverá el juez Fernando Andreu. Los cuatro dieron explicaciones que convencieron, por el momento, al fiscal Luzón de que habían gastado en concepto de representación. Esto implicaría que aun así deban responder por un posible delito de administración desleal para el que el fiscal evitó este lunes solicitar fianza civil, una posibilidad que Luzón no descartó para el futuro.

La ronda se abrió con el exvicepresidente de la entidad José Antonio Moral Santín, quien se quedó solo en su defensa del gasto en el cajero automático. El antiguo miembro de Izquierda Unida gastó un total de 456.522 euros, la cifra más alta de cuantas se analizaron este lunes en la Audiencia Nacional. De ella, 360.000 euros corresponden a retiradas en efectivo de los cajeros.

Moral Santín defendió que tenía el pin y que estaba autorizado a retirar dinero. Por el contrario, la versión del resto de los imputados se repartió entre que no tenían autorización para sacar dinero del cajero, que no podían porque no tenían pin, o que ni siquiera lo intentaron.

El exresponsable de IU –fue expulsado de la formación– dijo que el reparto de las tarjetas correspondía al presidente de Caja Madrid y que se realizaba en función del cargo y la dedicación. La suya, aseguró Moral Santín, consistía en una gran dedicación. Por tanto, era normal que gastara, incluso, en reparar en el taller su vehículo. Al mismo tiempo, Moral Santín manifestó que el plástico entraba dentro del “paquete retributivo”, compuesto por la tarjeta, el seguro médico, las dietas y una línea de crédito especial.

El juez Fernando Andreu le preguntó a él y a otros exconsejeros cómo era posible que la tarjeta fuera parte de sus retribuciones y hubiera ocasiones en las que él y el resto de los consejeros no alcanzaran el límite. Según las citadas fuentes, Moral Santín no acertó a dar una explicación clara. En cualquier caso, admitió que se pasó del límite en dos ocasiones.

Moral Santín fue uno de los consejeros que señaló a Ángel Montero como la persona encargada de entregarle la tarjeta y darle instrucciones sobre su uso. Se trata del secretario del Consejo de Administración en los tiempos de Terceiro, sustituido por Enrique de la Torre al poco de llegar Blesa a la presidencia.

"Black a efectos fiscales"

Otro de los imputados, Pedro Bedia, aseguró que había recibido llamadas advirtiéndole que estaba usando poco la tarjeta. Bedia afirmó en todo momento que su contacto para las tarjetas era Enrique de la Torre, el secretario del Consejo que escribió a Blesa el correo electrónico que publicó eldiario.es en diciembre de 2013 gracias a una fuente anónima derivada por el Partido X y que permitió aflorar la trama de las tarjetas , “black a efectos fiscales”, según aseguraba el propio De la Torre.

Otra de las cuestiones que se repitió durante los interrogatorios fue el uso de la tarjeta después de abandonar el cargo de consejeros. José María Arteta, propuesto para el cargo por el PSOE, aseguró que fue Manuel Fernández Norniella, mano derecha de Rato, quien le dijo que podía utilizar el plástico hasta tres meses después del cese. Algunos de los consejeros aseguraron que habían intentado enviar justificantes de los gastos a Caja Madrid y que se los habían rechazado.

Los diez exconsejeros que declararon hoy son parte de los 27 que el juez ha citado esta semana en calidad de imputados. Otros 52 están igualmente imputados pero no han sido de momento llamados a declarar. El juez Fernando Andreu se centra, por el momento, en los miembros del Consejo de Administración de Caja Madrid y Bankia. El fiscal detecta en todos ellos un posible delito de administración desleal, pero Andreu sopesa imputarles otro de apropiación indebida, castigado con hasta seis años de prisión en el Código Penal.

En total, todos gastaron al menos 15,2 millones de euros con las tarjetas 'black', sin que la entidad ni los consejeros y directivos declararan a Hacienda los correspondientes importes. Rodrigo Rato, Miguel Blesa e Ildefonso Sánchez Barcoj están imputados por administración desleal y apropiación indebida, como responsables del reparto y uso de todas las tarjetas. Rato ha hecho frente a una fianza de 3 millones de euros, mientras que Blesa ha sido embargado al no poder hacer frente a la impuesta, de 16 millones.

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