Un Ayuntamiento franquista

El día 6 de abril, Santander Sí Puede, por medio de su concejal Antonio Mantecón, presentó una moción que pedía el apoyo del pleno a la querella argentina. De igual forma, se solicitaba del Consistorio la interposición de una demanda judicial para que se investiguen los delitos cometidos durante la dictadura en nuestra ciudad. Hasta aquí nada que pueda sorprender en el funcionamiento democrático de una institución que se vanagloria de serlo. Iniciativas como esta se han impulsado en numerosos ayuntamientos y parlamentos de la geografía española sin que nadie se despeine por ello. Con independencia del grado de apoyo a las mismas en los diferentes municipios, nada interrumpió el normal funcionamiento de sus sesiones plenarias. Hasta esta semana.

Al finalizar Antonio Mantecón la lectura de la moción, desde el público asistente bramó  un slogan clásico de épocas pretéritas: “Arriba España, Viva Franco”.

Desde la plataforma en nombre de quien presentamos la iniciativa, CeAQUA (Coordinadora estatal de apoyo a la querella argentina, que aglutina a todas las asociaciones memorialista y familiares presentes en la demanda) se sorprendieron del hecho y nos confirmaron que nunca había sucedido algo similar durante el pleno de un ayuntamiento. A nosotros no nos sorprende en exceso. El PP de Santander convocó a sus simpatizantes y afiliados para arropar a su regidora con motivo de la petición de dimisión por la mayoría de la oposición. Es lo que tiene llamar a los tuyos: que alguno no se pueda contener y exprese con tal virulencia la verdadera esencia de su partido. Aunque esperamos que este no sea el perfil medio del votante del Partido Popular de Santander.   

Lanzar loas a un dictador no solo lleva implícita la ideología fascista del protagonista del berrido, sino que al hacerlo con la aquiescencia de los suyos, estaríamos ante personas que hacen gala de una gran falta de formación en valores básicos y una cobardía sin parangón. Es cobarde quien apoya a los que ostentan el poder sin ningún tipo de cuestionamiento moral, antes y ahora. Intentar humillar a las víctimas que presentan la querella argentina amparado en la protección de la mayoría de los asistentes al pleno y del propio equipo de gobierno no es más que un ejercicio de matonismo. Un equipo de gobierno que demostró su ‘sensibilidad democrática’ al negarse a expulsar al gritón del pleno, pese a la insistencia del concejal socialista Antonio Antolín.

Y es que en este país de pandereta aplaudir el fascismo sale gratis. El delito de enaltecimiento y apología del fascismo aparece tipificado como tal en el Código Penal en el articulo 510.1, apartados a y c, y en el artículo 607.2. Pero la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha impuesto ciertos límites para la aplicación de los mismos: el primero es que la difusión de ideas tiene que ir referida directamente a actos de genocidio reales, y la segunda que tiene que suponer una incitación indirecta a realizar actos de genocidio. Es decir, no basta con que alguien exhiba simbología franquista o fascista, no es suficiente con que se griten loas a Franco, contra las minorías étnicas o religiosas, o contra personas por razón de su ideología, no es suficiente con el intento de humillar a las víctimas de la dictadura. A diferencia de países como Alemania, Italia o Francia, aquí parece que hay que facilitar el teléfono de un sicario para que cometa una barbaridad.

Sin embargo, esos mismos límites no son aplicables si hablamos de la apología del terrorismo. Sentencias como la de Cassandra nos recuerdan que un genocida como Carrero Blanco está amparado por el estatus de víctima del terrorismo, mientras que ensalzar un régimen dictatorial en la figura de su máximo exponente como sucedió en el ayuntamiento de Santander sale gratis. Sinceramente, no sé qué se puede esperar de un ayuntamiento que en una de las vitrinas del Salón Azul del consistorio mantiene una bandera española de la dictadura franquista. Nos gustaría saber qué habría pasado si en lugar del “Viva Franco” se hubiera gritado “Gora Eta”. Está claro que es una pregunta retórica. Y por si a alguno le surge la duda, eso no significa que apoyemos los crímenes de la banda terrorista, que repudiamos del mismo modo que los de la dictadura criminal franquista. Alabar al mayor genocida que ha tenido este país, con miles de muertos a su espalda, es enaltecimiento del terrorismo de Estado. Se pongan como se pongan los tribunales y los miembros del Partido Popular. La sombra de Franco es alargada, impregna aún nuestra judicatura y planea sobre algunos municipios como se pudo comprobar. Y es que el caudillo estuvo en Santander más vivo que nunca.

Durante el tenso debate de la moción presentada, escuchamos a los grupos popular y Ciudadanos acogerse a la Ley de Amnistía promulgada en 1977. Como hemos señalado en numerosos ocasiones, no se exige ninguna formación específica para acceder al cargo de concejal en ningún ayuntamiento. Pero si se presupone el deber de informarse de aquellos aspectos que se desconocen en cada momento. Los concejales de Ciudadanos en boca de su portavoz, David González, no han querido enterarse de que la Ley de Amnistía es jurídicamente insostenible. Y que por ello nuestros tribunales han rehusado ampararse en ella para juzgar los crímenes del franquismo. Los varapalos judiciales que han sufrido en Europa las leyes de amnistía de otros países miembros (caso Margus contra Croacia, por poner un ejemplo) han hecho que acogerse a Ley de Amnistía en nuestro país se haya convertido en algo jurídicamente imposible. Por no hablar de las reiteradas instancias de organismos como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, el Grupo de Trabajo contra las Desapariciones Forzadas y el Relator Especial –sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición – de la misma institución, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Amnistía Internacional o Human Rights Watch. Es digno de resaltar que el enero de 2009, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas amonestó al Estado español por “mantener en vigor la Ley de Amnistía de 1977” e invocó que “los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles”.

Por ello, es inconcebible para cualquier país democrático que nuestro Tribunal Supremo no se haya pronunciado en ese sentido. La Ley de Amnistía del 77 es una normativa PRECONSTITUCIONAL y, por tanto, inaplicable en base a derecho. Por ello, es sorprendente para cualquier jurista que el propio alto tribunal se haya inhibido a este respecto, a diferencia de otros casos, porque de ser declarada así por dicho órgano judicial sería inmediatamente anulada de facto. Un tribunal que no tiene reparo en seguir manteniendo vigente una norma que vulnera cuantos acuerdos internacionales se han firmado en este sentido, habiendo incluso sido suscritos por España. Como decíamos antes, de aquellos polvos, estos lodos. Heredamos el entramado jurídico de la dictadura y aun hoy no hemos sido capaces de desprendernos de ese tufo a naftalina franquista.

Un tribunal que, empero, no ha obstaculizado la competencia de la Audiencia Nacional para juzgar los crímenes de las dictaduras argentina y chilena, despreciando como es lógico las leyes de impunidad de ambos Estados. Concretamente, el procedimiento penal iniciado por la Audiencia Nacional en 1996 contra los crímenes perpetrados por la dictadura militar argentina se llevó a cabo mucho antes de la derogación en los años 2003 y 2005 de la Ley de Punto Final de 1985 del gobierno de Alfonsín. Por su parte, el enjuiciamiento de Pinochet en 1998 se realizó a pesar de la vigencia de la Ley de Amnistía chilena de 1978, aun hoy sin derogar en la teoría. Todos los procesamientos tomaron como base la existencia de víctimas de nacionalidad española. Curiosamente, el juez responsable de esas iniciativas penales fue Baltasar Garzón, el cual fue denunciado y juzgado por el alto tribunal cuando quiso hacer lo propio con los crímenes del franquismo en 2007. Aunque fue absuelto en 2012, ya había sido sancionado y destituido por el mismo Tribunal Supremo, en un proceso oscuro sobre irregularidades formales en varios procedimientos por delitos de corrupción contra cargos del Partido Popular.

Por último, una reflexión aparte merece la intervención de Miriam Díaz, concejal del grupo popular responsable del área de cultura y turismo en el ayuntamiento. Entendemos que su alcaldesa destacase como “magnífica” la exposición de su compañera. Otra cosa no se podía esperar de quien se negó a expulsar del pleno al sujeto que vociferó “Viva Franco”. Pero para nosotros sus palabras no pueden sino causarnos un verdadero sonrojo político. A pesar de que presentamos la moción en nombre de CeaquA, como ya hemos explicado anteriormente, a pesar de que organizamos un foro-debate sobre la misma en el que participaron miembros destacados de esta coordinadora como el represaliado y torturado Chato Galante o Jacinto Lara (abogado de la Querella Argentina), a pesar de los meses de trabajo con este y otros colectivos, nos acusó de no representar la voz de las víctimas de la dictadura. Porque, según la concejal, ella y su familia lo son.

No vamos a entrar en las dudas que éticamente nos suscita que alguien que habla de la forma como ella lo hizo enarbole la bandera de víctima del franquismo, ni vamos a entrar en disquisiciones morales sobre el apoyo que cualquier víctima de la represión del régimen debería dar a iniciativas como esta. Lo que sí queremos hacer es recordarle a la concejal que en otros ayuntamientos, miembros de su partido han apoyado o se han abstenido en iniciativas similares, favoreciendo que salieran adelante. Le podemos recordar como parlamentos de comunidades autónomas han reprobado la dictadura y los crímenes de la misma con los votos a favor de compañeros suyos. Y también le vamos a recordar que nosotros presentamos hace meses una iniciativa para que se abriesen las fosas del Cementerio de Ciriego, donde al parecer está enterrado uno de sus familiares. Vamos a decirla que la hipocresía es mala consejera en política: ustedes, todos, votaron en contra de la misma. Y en el pleno se permitió afear al gobierno regional que no actuase en ese sentido, actuando en las fosas comunes y dando la digna sepultura que merecen los que allí fueron sepultados como si de animales se tratase. El uso partidista de las víctimas de actos criminales ha sido una constante en su partido, señora concejal, pero utilizar la historia personal de su familia para justificar la negación a la justa reparación que desde los colectivos memorialistas y asociaciones de víctimas de la represión se pide, es cuanto menos repugnante.

El jueves vivimos un episodio más de la escasa madurez democrática que se vive en el pleno de Santander. Quien pensase que la nueva alcaldesa no le iba a hacer justicia a su predecesor se equivocaba. Se censuró la respuesta de Antonio Mantecón, al que no se le permitió intervenir por alusiones al final del debate. Se permitió que se le insultase de forma repetida desde la bancada popular. Se toleró el clima de amedrentamiento y las alabanzas a un dictador. En definitiva: “VIVA FRANCO, FRANCO NO HA MUERTO, LARGA VIDA AL CAUDILLO”. Escribimos esto último porque sabemos que lo que realmente pensamos, probablemente, sí que tendría consecuencias.