Cuando el Gobierno duerme, legisla la ciudadanía
En política se suele decir que el sitio que alguien deja libre enseguida lo ocupa su adversario. Y casi siempre sucede así. Los nuevos tiempos no solo exigen transparencia a los servidores de lo público. La ciudadanía, al menos parte de ella, sobre todo desde el 15-M, ha tomado cierta conciencia de que la política es una cosa demasiado importante como para dejarla exclusivamente en manos de una clase política vapuleada por la corrupción y el nepotismo. Y hay herramientas políticas, que no son nuevas, pero que en los últimos años han sido activadas por las asociaciones y grupos que defienden sus postulados y los quieren ver negro sobre blanco en el Boletín Oficial, que como le gustaba recordar al que fuera presidente del PSOE Ramón Rubial era la mejor herramienta revolucionaria porque “es infinitamente mejor y más fácil hacer la revolución desde el Boletín Oficial del Estado que a través de la violencia”. ¡Qué mejor kalashnikov que el BOE!, debió pensar el viejo luchador antifranquista.
Es el caso de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), recogida en el Estatuto de Gernika y desarrollada por el gobierno del lehendakari José Antonio Ardanza en una ley que se aprobó el 26 de junio de 1986 y que fija en 30.000 el mínimo de firmas para poner en marcha una herramienta que ya entonces era considerada por el legislador como una respuesta al “ansia expansiva de participación”. La ciudadanía llamaba a la puerta de la mayoría de edad democrática y quería participar de verdad, en primera persona. Algo a caballo entre la democracia directa y la representativa. “Este fenómeno que se dirige no sólo a ampliar las bases de legitimación del sistema, sino fundamentalmente, a lograr una mayor estabilidad política mediante la correspondencia entre las normas y la realidad social, enlaza al tiempo con la vieja tensión, presente desde los orígenes del Estado liberal, entre el ideal de la democracia directa y la solución representativa adoptada finalmente”, como recordaba la exposición de motivos de esa ley.
Y esas iniciativas ciudadanas de participación política al final tienen sus resultados legislativos. Aunque al partido que sustenta al Gobierno no le parezca la mejor producción legislativa e incluso se abstenga. Es lo que acaba de pasar esta semana en el Parlamento vasco, que en su último pleno del actual periodo de sesiones ha aprobadado la ley que impide el fracking en Euskadi y la ley de custodia compartida.
La custodia compartida llegó a la Cámara vasca hace casi cuatro años de la mano de las 85.000 firmas cosechadas por la Asociación de Padres y Madres Kidetza a través de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP). La tramitación de la ley comenzó en la legislatura anterior y ha sido ahora, con una mayoría diferente en la Cámara, cuando ha salido adelante la que algunos consideran “la mejor ley de custodia compartida de España”, como ha señalado en una entrevista en este periódico el presidente de Kidetza, Justo Sáenz.
Probablemente las aristas de una situación que no tiene un fácil abordaje como es la separación de una pareja y las implicaciones legales que tienen las rupturas matrimoniales en los hijos e hijas y en su relación con los progenitores en esa nueva etapa han retrasado su aprobación. De hecho, desde Kidetza han valorado que el texto finalmente aprobado es una ley de “atención integral a las personas con hijos que se separan y se divorcian”. Una ley -apoyada por PNV, PP y UPyD, la abstención de los socialistas y el voto en contra de EH Bildu- que según sus cálculos afectará a 50.000 familias al año.
En el caso de la ley que prohíbe de facto el fracking en Euskadi, la plataforma Fracking Ez Araba, que pretendía alcanzar las 60.000 firmas, vio ampliamente superadas sus expectativas al reunir 103.589, la mayor movilización en una ILP en los últimos tiempos en Euskadi. En este caso, todo ha ido mucho más rápido y desde que entregaron las firmas, el pasado mes de septiembre, hasta que la ley ha visto la luz han pasado solo nueve meses con el apoyo de EH Bildu, PSE y PP, y la abstención de UPyD y PNV.
Este gobierno, que ha entrado en su recta final y al que le queda poco más de un año de vida antes de que en 2016 se abran de nuevo las urnas autonómicas, va muy retrasado con su calendario legislativo. El pasado mes de febrero, el Ejecutivo de Urkullu admitía, a preguntas de su socio preferente (PSE-EE), que de los 29 proyectos de ley comprometidos solo había aprobado 10. Y en estos cinco meses la cosa no ha mejorado sustancialmente. Y a estas dos últimas leyes producto de sendas ILPs, encima la oposición -con los votos de PSE-EE, EH Bildu y UPyD-, le ha aprobado la Ley de Vivienda. A este Gobierno la ciudadanía o la oposición le llevan del ronzal para aprobar leyes. Y a la vuelta de vacaciones, los socialistas vascos llevarán a la Cámara una proposición de ley para reformar la Ley de Territorios Históricos (LTH) ante la “desidia” del Ejecutivo. en una reforma pactada entre PNV y PSE en el acuerdo de septiembre de 2013, pero que Urkullu no parece tener prisa en cumplir.
