La RGI llega ya a unas 66.000 personas y el fraude es de solo un 0,3%
El director general de Lanbide, Adolfo Alustiza, ha señalado que el índice de fraude de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) es solo del 0,3%. En este sentido se ha mostrado partidario de establecer la huella electrónica, o cualquier “otro sistema de identificación que evite el fraude”, pero “no admitimos que sea solo para la RGI y controlar a cierto tipo de personas”.
En declaraciones a Radio Euskadi, Alustiza ha cifrado en 66.000 el número de beneficiarios de la RGI en Euskadi, un número que se ha duplicado en los últimos años a consecuencia de la crisis económica.
Tras defender que el sistema de Renta de Garantía de Ingresos ofrece unos “beneficios, no solo en cuanto a dignidad como sociedad, sino económicos”, ha reconocido que es un sistema “a mejorar porque ha sufrido una transformación muy fuerte en el paso de la gestión de las Diputaciones al Gobierno vasco”. “Ese paso se hizo de manera un tanto abrupta, lo que ha generado problemas”, ha añadido.
Respecto al número de beneficiarios de la RGI, Alustiza ha indicado que en este momento hay 66.000 beneficiarios, “pero afecta a 130.000 personas porque lo que se paga es a unidades familiares”.
“La RGI lo que ha hecho es amortiguar el efecto de la crisis, hemos aguantado muy bien manteniendo el nivel de pobreza sobre un 5%de la población hasta el pasado año, cuando hemos perdido un poco de pie y estamos actualmente en el 7%”, ha indicado, para añadir que el número de beneficiarios se ha visto doblado en los últimos ocho años de crisis.
Según ha defendido, el sistema está concebido para “estimular el empleo” y penar a aquellas personas que no buscan una incorporación al mundo laboral. “Lo que sucede es que no todas las personas tienen la capacidad de poder trabajar”, ha justificado.
Asimismo, ha defendido que, al igual que sucede con el fraude fiscal, “siempre hay que mejorar, perseguirlo y no dejar un resquicio a la picaresca”.
En esta línea, ha subrayado que “cuando se habla de fraude hablamos de una mínima parte del sistema”, y ha defendido que fruto del convenio firmado con la Ertzainza se han llevado a cabo investigaciones que han permitido aflorar la existencia de “redes de fraude”.
“En este momento ciframos el fraude en el 0,3% del total del dinero que se gestiona”, ha indicado, para añadir que desde Lanbide llevan “meses” analizando la posible aplicación de la huella digital.
Asimismo, se ha mostrado partidario de la posibilidad de establecer este sistema o cualquier otro de identificación que evite el fraude, pero “no admitimos que sea solo para la RGI y solo para controlar a cierto tipos de personas porque eso es discriminatorio”.
“Eso es lo que no vamos a aceptar. Si todos estamos de acuerdo en que ponemos nuestro dedo para transacciones electrónicas, pero todos, perfecto”, ha aclarado.
Por último, Alustiza ha remarcado que, tras más de 25 años de gestión de un sistema de inserción, en el País Vasco se había llegado a “un nivel de consenso” que ha hecho posible que el sistema funcione y nos haga ser una sociedad competitiva. “Sin embargo, ese consenso se ha roto y se ha establecido un debate muy cerca de fechas electorales que nos está distorsionando un poco”, ha lamentado.
La falta de “denuncias concretas” sobre fraude
Asimismo, y sin citar al alcalde de Vitoria, Javier Maroto, ha advertido de que el hecho de que haya quien afirma que existe fraude, pero no presenta “denuncias concretas”, hace pensar que “se usa el fraude para poner en cuestión todo un sistema de protección”.
“Si nosotros dedicamos 2.270 euros para personas con carencia al año y Castilla-La Mancha dedica, por ejemplo, 7 euros al año por persona, quizá lo que estamos ocultando con esta discusión sobre el fraude son ciertas políticas que llevan a desigualdades profundas en la sociedad”, ha indicado en referencia al Partido Popular.
