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Más de 38.000 vascos sufrieron un corte de luz o calefacción por no poder pagar

El fenómeno conocido como pobreza energética empieza ser una cruda realidad en Euskadi, donde cada vez más ciudadanos tienen problemas para mantener una temperatura adecuada en su domicilio en invierno.

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Acción contra la pobreza energética. Imagen cedida por Elise Fitte-Duval

Acción contra la pobreza energética. Foto / Elise Fitte-Duval

Los rigores de la crisis han hecho emerger con el paso de los años fenómenos completamente desconocidos en Euskadi. Es el caso de lo que se conoce como pobreza energética, es decir, las dificultades de algunos ciudadanos para mantener su hogar a la temperatura adecuada en los meses de invierno. Más de 38.000 vascos aseguran que han sufridos cortes en los servicios de luz, calefacción y agua por parte de las compañías suministradoras debido a que no podía pagar por los apuros económicos que sufren. La encuesta de Necesidades Sociales 2014 sobre pobreza, elaborada por el Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno vasco refleja este dato y también cifra en 237.526 las personas que tienen frío en sus casas debido a que no pueden permitirse encender la

La pobreza energética se incluye como un indicador dentro de la pobreza en general para evaluar el riesgo de exclusión social que sufre una familia. El Ararteko ha reclamado un debate y un análisis integral sobre esta cuestión para paliar y prevenir sus efectos. Este análisis debe integrar “las actuales políticas de protección de los consumidores, como el bono social; las políticas sociales, en especial la renta de garantía de ingresos y las ayudas de emergencia social; y de vivienda, como la eficiencia y ahorro energético de las viviendas”.

Mientras en Euskadi y el resto de España, la pobreza energética ha sido hasta hace poco una desconocida, en Europa forma parte desde hace décadas de la agenda política de países como el Reino Unido, Irlanda o Bélgica.

Durante la negociación de los presupuestos para 2015, el PSE logró introducir una partida para paliar la pobreza energética. Pero esa partida, que se eleva a 200.000 euros, sigue en el cajón. Los socialistas han exigido al Gobierno que firme ya un convenio de colaboración con las organizaciones del tercer sector para hacer llegar a los afectados esas ayudas. Y mientras tanto, reclama al Ejecutivo que medie con las empresas energéticas para en “en ningún caso” suspendan el suministro “si existen razones económicas sobrevenidas”.

 

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